Lilia Cofré, comunicadora indígena: “En Ecuador, el paro fue realizado por las comunidades que estaban sufriendo en el campo”

Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA

Ayer se cumplieron cuatro meses del Paro Nacional en Ecuador. Una movilización popular, indígena y campesina que paralizó al país por 18 días para exigir la disminución del valor del petróleo, un precio justo para los alimentos, la regulación de la política petrolera y minera y el alivio económico a través de la creación de una moratoria de deudas, entre otras demandas. Como primera respuesta ante la denuncia masiva del movimiento indígena en las calles, el gobierno de Guillermo Lasso reprimió violentamente a centenares de personas y asesinó al menos a siete manifestantes a través del uso de las fuerzas represivas, además de dejar más de 200 heridos en todo el país.

El paro fue levantado tras la creación de una mesa de diálogo con el gobierno para abordar, punto por punto, cada una de las demandas sistematizadas en diez reclamos, elaborados por la Confederación de Nacionalidades de Pueblos Indígenas del Ecuador (CONAIE). Durante los últimos meses, las organizaciones indígenas conformaron una mesa de coordinación junto al gobierno y a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) para trabajar en cada uno de los ejes propuestos. 

Al momento, se cerraron seis mesas de diálogo y se espera, en las próximas horas, el cierre de las que aún se encuentran abiertas, como “Focalización de subsidios a los combustibles”; “Acceso a la salud”; “Educación superior”; y “Derechos laborales”. Las mismas se cerrarán aún con desacuerdos y puntos pendientes. Si bien desde el gobierno se espera llegar a hoy, 14 de octubre, con todos los puntos cerrados para dar por finalizado el proceso, desde el movimiento indígena no descartan el reinicio de las protestas para continuar denunciando las políticas de muerte de la gestión de Lasso y la falta de acuerdos en el diálogo.

A lo largo de las diferentes instancias de diálogo, el movimiento indígena, en alianza con diferentes sectores y organizaciones sociales, disputaron el modelo de país y pugnaron por la vida digna para el pueblo ecuatoriano. Mientras, el gobierno de Guillermo Lasso acentúo la implementación de políticas neoliberales, a través de la privatización de los servicios y recursos naturales, mantuvo las medidas económicas que benefician a las trasnacionales y a los especuladores de precios y  consolidó, durante los últimos meses, una estructura de violencia policial y una crisis carcelaria sin precedentes. 

Por su parte, el movimiento indígena llevó una propuesta unificada para cada una de las mesas. Sobre los precios justos de los alimentos propuso una tabla de control de 44 productos de la canasta básica para la población en situación de vulnerabilidad, pero no tuvo el apoyo del gobierno. A su vez, se presentaron cuatro propuestas diferentes en busca de la justicia económica y la protección para las y los campesinos, agricultorxs y pequeñxs productorxs, a través del establecimiento de precios para la sustentación y protección de la Soberanía Alimentaria. En ese marco, resaltaron que las políticas neoliberales y los Tratados de Libre Comercio no deberían poner en riesgo la producción nacional, exigiendo así la implementación de políticas agroecológicas, inversión en biofábricas para producción de fertilizantes orgánicos, bancos de semilla y un programa nacional para la agricultura familiar y campesina.

Finalmente, en lo que respecta a las políticas extractivistas y de saqueo de los bienes comunes, el movimiento indígena evidenció la falta de instancias informativas, consultivas y participativas sobre los proyectos mineros y petroleros en sus territorios. En ese marco, el gobierno aceptó establecer una moratoria por doce meses a 15 de los pozos petroleros ubicados en Pastaza, Morona Santiago y la Ronda Sur Oriente, a la espera de que la Asamblea Legislativa debata una normativa de la ley de consulta previa, libre e informada.

Lilia Mariana Cofré Chango es comunicadora comunitaria de TV MICC de la ciudad de Latacunga, ubicada en la provincia de Cotopaxi, en el centro del país. Junto a sus colegas acompañó a la comunidad que integra el movimiento indígena, con el objetivo de disputar la narrativa estigmatizante que las empresas de comunicación construyeron durante los 18 días del Paro Nacional. La agencia de noticias Acción por la Biodiversidad dialogó con ella, a cuatro meses del paro.

¿Cuál es la situación en su territorio?

Aquí las personas trabajan en la molienda de granos, de forma que la agricultura es la principal actividad laboral. Se da trabajo a la gente que tuesta el maíz y la cebada. Las personas que trabajan en los molinos llevan sus granos  en quintales a todo el país. A su vez, la gente se dedica a la producción del bloque y del cemento. Por ese motivo, la situación es muy compleja ya que se depende del petróleo para trasladar la producción y subsistir. Otra de las dificultades se relaciona con la falta de agua para esa producción, debido a los proyectos mineros.

¿Cómo fue la decisión de realizar el Paro Nacional en el mes de junio?

Aquí la gente se organiza y cualquier decisión que tome es de forma asamblearia, a través de la directiva que se cambia cada año. Siempre están unidos y realizan movilizaciones, son muy colaborativos cuando la gente necesita. Del mismo modo se definió hacer el paro, se salió a las marchas pero también se apoyó con productos y comida. El paro fue realizado por las comunidades que estaban sufriendo en el campo. Por eso, una gran cantidad de las personas que se movilizaron viven de realizar viajes de transporte pesado, como quienes se dedican a la elaboración del bloque. Como subió la gasolina nadie podía comercializar ni trabajar. Lo mismo pasó con el cultivo del maíz.

¿Esto se replicó en todos los territorios?

Si, con sus particularidades. Nosotros acompañamos los 18 días del paro. Si bien estuvimos los primeros días en Cotopaxi luego continuamos, también, por Mulalillo y Pantaleo. Básicamente, los precios para el agricultor y para la gente del campo se dispararon en todo el país. Por eso decimos que no estábamos en condiciones  dignas para vivir y es por eso que se salió al paro, a la resistencia.

Vimos que las mujeres campesinas e indígenas tuvieron un lugar protagónico en la resistencia…

Allí pude apreciar mucho la organización del movimiento indígena y, sobre todo, la fortaleza de las compañeras mujeres, porque la canasta familiar se disparó a más de 700 dólares y el sueldo básico actualmente en Ecuador es de 425 dólares. No alcanza entonces, las mamitas son las que salieron a las calles también porque sabían del tema de sustento económico en sus hogares. La leche, por ejemplo: el litro llega a costar a 25 centavos de dólar y el doble en algunos lugares.

¿Todos los precios se vieron afectados?

Por lo menos en la provincia de Cotopaxi, sí. La subida del precio de los productos como el arroz, los fideos y el azúcar se incrementaron bárbaramente, incluso el aceite dobló el precio y continúan, pese a que ya se llegó a algunos acuerdos.

¿Vieron cambios desde entonces?

Por el momento, hubo cambios muy pequeños, incluso volvieron a subir los precios. Se avanzó con la reducción del costo de la gasolina, se logró bajar quince centavos. En junio, el galón costaba 2,55 dólares. Actualmente cuesta 2,40. Entonces se pensó, también, que de esa forma disminuirían algunos gastos de traslado, que iba a mejorar un poco la situación pero no ha mejorado del todo.

Con la lucha queríamos que se baje más el precio de la gasolina. Entonces, ¿por qué de pronto el precio de la gasolina baja y se disparan todos los precios? Incluso los traslados mismos se elevan. Entonces le cobran más a la gente, sobre todo de las comunidades, porque tienen esa excusa, que suben los productos porque cuesta más trasladarlos. Las grandes empresas son las que ganan, porque comercializan los productos transnacionalizados; en el campo, unas hortalizas, el maíz fresco o la cebada no pueden subir tanto porque se pierde la producción.

¿Y no hay una legislación para controlar esa situación? 

No hay una lista que pueda controlar los precios. Por ejemplo, nosotros vamos a un mercado y, si bien el precio de las papas varía mucho, por lo general puede encontrar un quintal a 10 dólares aproximadamente, pero vamos a un supermercado y la libra de papas está a un dólar con cincuenta o dos dólares. Entonces no es algo justo, los grandes mercados, las grandes fábricas, pueden subir los precios en el campo.

¿Cómo impacta esto en el campo?

Hay bastante migración, la situación no ha cambiado. La gente antes migraba de las comunidades a las ciudades, ahora incluso migran a otros países como Estados Unidos o España. Endeudan su casa, venden sus terrenos y se van para trabajar por muy poco dinero, no pudiendo volver a recuperarlo. A su vez, ya no se puede cultivar como lo hacían anteriormente, existen nuevas plagas. Además la minería contamina y seca. Y, sobre todo, porque los insumos agrícolas están muy caros. Asimismo, implementar una cultura sostenible y orgánica es más difícil porque nuevamente hay que acudir a los mercados y no se obtiene un precio justo.

¿Por qué es importante que los propios movimientos indígenas comuniquen y tengan sus medios comunitarios frente a un contexto como este?

Es importante que las comunidades indígenas comuniquen desde adentro los procesos de resistencia porque hay más confianza. Por eso se tuvo una fluidez más directa con los presidentes y presidentas de las organizaciones que lideran estos procesos. Es importante conocer la participación directa de nuestros compañeros y compañeras, para que no se distorsione la comunicación y que no se vea como los califican en otros medios: vándalos, vagos indígenas, cochinos. Decían “vienen a las ciudades, vienen a ensuciar”. Entonces nosotros contábamos desde esta realidad que sufrimos acá en el campo y vamos a la ciudad porque es un territorio de todos y de todas. No somos enemigos, somos ecuatorianos y ecuatorianas e incluso irnos a la capital fue un logro.

Fue una lucha colectiva de sectores comunitarios indígenas y populares y es necesario saber comunicar desde nuestras organizaciones, porque así se pudo mantener informada a la gente. Incluso hasta ahora, porque existen también redes sociales de las comunidades desde donde podemos transmitir lo que está pasando y no engañar a la gente. Pudimos comunicar realmente lo que estaba sucediendo en esos momentos y dar a conocer los hechos con la debida protección de la gente. 

Esa violencia racista también fue muy explícita en el paro, ¿no?

Si, nos perseguían y estigmatizaban. Teníamos incluso que sacarnos los chalecos de prensa comunitaria y ocultar las trenzas para evitarlo. La represión de esos días fue brutal. Esto nos duele mucho porque hasta el momento ha habido siete muertos. Algunos fueron asesinados directamente en el paro, en el transcurso de los 18 días, pero al finalizar también se dieron más muertes, porque quedaron compañeros lastimados. Acá en Cotopaxi tenemos un compañero dirigente que tiene una secuela en sus labios y mandíbula. Durante los primeros días del paro se registraron treinta heridos de nuestra comunidad y, a nivel nacional, podríamos hablar más de 200 personas.

¿Cuál fue la estrategia para combatir la desinformación?

Los medios se referían a nosotros como violentos y nosotras respondíamos comunicando con los momentos de nuestras compañeras cocinando, con reflexiones sobre cómo se organizaban los jóvenes cuando estaban en primera línea, usando sus escudos con su pañuelo de la Guardia. Es necesario también convivir con las organizaciones para ver la situación y las circunstancias que llevaron a esta movilización, porque lo que se quiere es que se respeten los derechos, que sean iguales para todos y todas y no solamente para la clase alta. Porque la violencia y la discriminación hacia el campo, el movimiento indígena y los más pobres es muy fuerte.

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