El conflicto con las empresas forestales en territorio mapuche

Andrés Cuyul es un profesional mapuche de Gulumapu (Chile). Se hizo presente en el Serpaj, en Buenos Aires, para informar acerca de los conflictos que sufre su pueblo. La actividad formó parte de una serie que viene organizando la Comisión por el refugio político en Argentina de Pascual Pichun Collonao desde 2006.

En la intervención abordó principalmente el conflicto con las empresas forestales, cuya expansión en territorio mapuche provoca migraciones, pobreza, contaminación y persecución judicial a quienes se les oponen. Antes de llegar al presente, hace un necesario anclaje en el recorrido histórico del despojo que habilitó la implementación de las reglas hoy vigentes. El objetivo de rescatar la ponencia es reponer una mirada general, de proceso, sobre la problemática del territorio y su contradicción con el actual modelo productivo de extracción forestal y sus basamentos políticos.

El estado chileno tiene un conflicto con el pueblo mapuche, un conflicto de intereses y de asimetrías de poder. Un pueblo que existe hace miles de años ha ido configurando su desarrollo territorial a partir de lo que hoy en día es el sur de Chile y Argentina. En la parte de Chile al sur del Bio Bio, Octava, Novena y Décima Región, y en Argentina principalmente hacia el sur de lo que hoy es Río Negro y Neuquén (aunque también podemos incluir la provincia de Buenos Aires).

El conflicto de intereses que tiene el Estado de Chile con el pueblo mapuche se complejiza a partir de la incorporación de un nuevo actor que aparece con la aplicación del modelo neoliberal. Este nuevo actor son las empresas forestales, e irrumpen en el territorio mapuche, porque hay que entender que el territorio es la base de la sustentabilidad natural, económica, cultural y simbólica de nuestro pueblo, sin el cual no puede existir. Esta irrupción de las empresas forestales se traduce en la implantación del monocultivo, específicamente pino y eucalipto.

Confinamiento y arrinconamiento

Las comunidades mapuche fueron confinadas y erradicadas por el estado chileno naciente a partir de un proceso que se inició en la segunda mitad de 1860 y culminó con el último título de merced en el año 1931. El título de merced era el instrumento que el estado utilizaba para reducir a las comunidades. Y se le entregaba a cada jefe de familia según la cantidad de integrantes, sin prever si la comunidad iba a crecer o a reproducirse. Por supuesto que hubo grandes partes de territorio que el estado entregó a los inmigrantes, porque al igual que en Argentina se incentivó la inmigración para mejorar la raza, aumentar el desarrollo y la producción, y en definitiva hacer soberanía sobre un territorio que hasta 1880 no tenía consolidado al Estado.

Se habla que el pueblo mapuche en ese momento quedó con un 28% del territorio que tenía originalmente, como espacio de autonomía y de autogobierno. Esas tierras se les dieron, además de a inmigrantes, a los chilenos del norte y a los militares, en todo un ánimo de explotación de cereales y de lo agrícola-ganadero en general. Hasta 1880 el pueblo mapuche era por excelencia ganadero, y de ahí la relación que existía con el pueblo mapuche de este lado de la cordillera [hoy Argentina], los puelches, con respecto al intercambio de sal, cueros y animales. Una vez confinadas, las comunidades tuvieron que cambiar su modo de vida a una agricultura de subsistencia. Y así se sucedieron una serie de “leyes indígenas” de ese tenor.

Recién cambia la tendencia con el gobierno de la Unidad Popular de los años 70. Hubo ensayos de expropiación de tierras a latifundistas extranjeros y a corporaciones. Y esos ensayos de recuperación no eran sólo para los mapuche, sino para todo el campesinado en la época de Salvador Allende, en el marco de la reforma agraria. Pero al llegar la Dictadura Militar se volvió al mismo estado de “confinamiento territorial” y ahí se quedó.

Territorio de Libre Mercado

Precisamente hubo un desencanto con respecto a la Araucanía, porque se esperaba que fuera el granero de Chile. Eso provocó que muchos empresarios e inmigrantes vendieran sus tierras a muy bajo costo a empresarios forestales. Estas empresas concentran entre la Octava, Novena y Décima Región, hoy, tres millones de hectáreas. Y la población mapuche, en su conjunto, ocupa actualmente 800 mil hectáreas.

La dictadura militar implementa un modelo neoliberal, de libre mercado en Chile. Durante los 80 se incentiva la inversión forestal. De hecho hoy se mantiene el Decreto-Ley 701 que subsidia hasta el 75% de las plantaciones forestales, y que llevado a una economía de escala llega a subsidiar hasta el 100% de la inversión forestal hoy por hoy.

Todo este escenario se está viviendo dramáticamente alrededor de las comunidades mapuche, porque se las confinó a vivir en los sectores más improductivos y más aislados. Los planificadores sociales de ese tiempo lo que buscaban era eficiencia y contacto entre los sectores productivos empresariales. Entonces las comunidades están aisladas, dispersas y con las tierras económicamente menos productivas.

Se genera así con el tiempo una presión impulsada por la extrema pobreza de ese confinamiento. Y esta fue una olla que se destapó en la segunda mitad de los 90, por los factores específicos de la extrema pobreza. Hay una ecuación y se pueden ver los datos oficiales del PNUD [Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo], que en la Novena Región, precisamente en San Juan de la Costa, se concentra el índice más bajo de desarrollo humano en Chile. Este poblado precisamente está rodeado de forestales.

Territorio ancestral y agresión “desde arriba”

Hablar de población mapuche y de comunidades es hablar de extrema pobreza. Hablar de comunidades indígenas es hablar de medio ambiente degradado. El modelo forestal provoca napas subterráneas cada vez más “secas”. El pino consume 60 litros de agua al día y el eucalipto puede llegar a 120 litros. Las napas subterráneas se secan y la tierra se degrada. A este factor se suma la falta de tierra. Si desde 1931 la población fue creciendo entonces son inevitables los fenómenos de migración campo-ciudad, así como también una presión demográfica dentro de las comunidades.

Entonces es un antecedente que permite entender por qué se producen conflictos de tierra hoy en día en las comunidades mapuche, el por qué de la “reivindicación territorial”, y asumir los trastornos culturales que de ello devienen. Para el pueblo mapuche, la base cultural, su parte simbólica, el cultivo de la tierra, el convivir con la naturaleza, la biodiversidad (que en Mapuzungun -lengua mapuche- se dice itrofill mongen) se han visto intervenidos por estos factores nuevos que presentan las empresas forestales. A esto se suma la indefensión jurídica y de derecho en Chile para los mapuche, donde hay una protección del interés privado por sobre el colectivo.

En el año 2003, el relator especial de Naciones Unidas para asuntos indígenas, elevó un informe al gobierno chileno que tenía recomendaciones precisas de acuerdo a las visitas que él llevó a cabo a las comunidades. El informe declaraba: “Las tierras en propiedad de los mapuche son extremadamente escasas y están sobreexplotadas. Como un efecto del desarrollo de las plantaciones forestales, el suelo en que se encuentran las tierras mapuche han perdido sus fuentes de agua para consumo y para riego. Ha disminuido la fauna silvestre y la vegetación del sotobosque (que impacta en lo que es, principalmente, plantas medicinales). Y el uso de herbicidas y plaguicidas para la adaptación y crecimiento de las empresas forestales de monocultivo han afectado la salud de la población, mediante la fumigación aérea y otras prácticas fitosanitarias, que afectan de varias maneras la salud de los cultivos. La actividad de extracción forestal de bosques maduros provoca la contaminación de los lagos, ríos y cursos de agua, con la pérdida del potencial ictiológico”.

Por ejemplo en la comuna de Collipulli está el río Mininco, flanqueado por forestales. La práctica que se hace ahí es la “tala rasa”, despues de que la plantación está madura (20-25 años). Hay convenios y certificaciones internacionales que dicen que la tala rasa no se puede hacer, y ellos la hacen. Antes de talar se fumiga, y todos los residuos van por decantación a las aguas. La flora y fauna que está en el río Mininco simplemente se muere. [ver por ejemplo www.elbosquechileno.cl].

Y para qué vamos a hablar de la aplicación de plaguicidas por vía aérea. Si la comunidad mapuche está en un lugar, la forestal está a paso continuo, y en ningún momento uno va a ver que el avión se va a detener para saltear esa comunidad para aplicar el plaguicida. Desde el punto de vista ambiental esos son los impactos atribuibles a las empresas forestales, que hacen presión junto a los factores socioeconómicos y de demanda política de la población mapuche. Es ahí donde se imprime el nuevo enemigo al cual se enfrenta el pueblo mapuche.

El negocio de exportar

Este mismo conflicto con las empresas forestales, que han ocupado el territorio histórico mapuche, lleva en los hechos también a un conflicto por la recuperación territorial con el Estado chileno, con los gobiernos de la Concertación. Ellos han aplicado la ley Antiterrorista, que es un instrumento legal del año 1984, del gobierno de Pinochet, (acordémonos que en ese tiempo no había Congreso). La dictó Pinochet para perseguir a los enemigos del régimen de ese entonces. El gobierno de Ricardo Lagos fue el que más utilizó la ley Antiterrorista sobre las comunidades mapuche en franca defensa de los intereses de las empresas forestales. Inclusive hay un organismo del Estado, el INFOR (Instituto Forestal) que es el encargado del estudio, investigación y transferencia tecnológica para el mejoramiento de la producción forestal.

En Chile el 34% de las exportaciones lo aporta el negocio forestal. Sólo lo supera el cobre, así que en cuanto a poderío económico-político las empresas forestales ocupan un lugar central. Los Carabineros [policía] se han vuelto “guardias forestales”, defendiendo sus intereses y enfrentando al pueblo mapuche.

A qué se enfrenta el pueblo mapuche y cuáles son los nuevos actores. Hay mucha semejanza con los actores que están ocupando y explotando el territorio argentino. Está la familia de Anacleto Angelini [empresario chileno de origen italiano]. Angelini es dueño del Grupo Forestal Arauco, el mismo grupo que en el año 1996 compró la empresa forestal Alto Paraná de Misiones, que ocupa el 30% de la superficie forestal de esta provincia. De hecho hay ahí una pastera contaminando territorio argentino. Y el caso de las plantas de celulosa también se repite en Chile, como el caso de CELCO en Valdivia. [ver OLCAy también Biodiversidadla.org]

Recordemos que hubo una resolución judicial que obligó a cerrar la planta de CELCO, que era de esta misma empresa Arauco, que produjo la muerte de cisnes de cuello negro, una especie nativa hermosa, a partir de la evacuación de desechos de su producción. Pero a la semana siguiente del cierre, esta misma familia se estaba reuniendo con el presidente Lagos en La Moneda, en un claro gesto político de que son los dueños de Chile. También está la familia Mate, con su principal empresa, la Forestal Mininco, con 500 mil hectáreas. Recordemos que todo el pueblo mapuche tiene 800 mil de posesión efectiva.

Criminalización de la protesta social

Las empresas forestales también toman parte en los conflictos sociales del país. Es el caso de Víctor Ancalaf, recluido en la cárcel de Traiguén, un claro ejemplo de ello. Por una protesta en Collipulli tanto el Estado (a través de la ley Antiterrorista) como la empresa Forestal Mininco fueron sus querellantes. Así, siempre donde hay procesados mapuche se hacen parte las empresas forestales también, como un modo de intimidación a la protesta social mapuche.

Precisamente el día 7 de noviembre de 2002 un fuerte contingente policial ingresó a un predio de la Forestal Mininco que estaba siendo ocupado y reivindicado por una comunidad. Uno de los carabineros que ingresó allí, el mayor Marcos Treuer, disparó con su escopeta calibre 12 al joven Alex Lemún, que falleció a los pocos días después. Esto sucedió en un predio forestal defendido por un agente del Estado.

Esto por supuesto provoca temor en la protesta social mapuche así como en las comunidades que tienen una necesidad territorial y de demanda de derechos. Y es por eso que no es casualidad que tengamos un hermano mapuche pidiendo refugio político en Argentina [se refiere a Pascual Pichún]. En su caso cabe recordar que su padre y sus hermanos están cumpliendo prisión efectiva en Chile. Estamos acá en el terreno de lo que se conoce como la judicialización y criminalización de la protesta social.

Durante la misma charla el abogado Jaime Madariaga, miembro del Observatorio de Derechos Indígenas de Temuco, Chile, desarrolló más este concepto:

Es una burla sostener que los actos de recuperación que hacen las comunidades mapuche en contra de las empresas forestales constituyen actos terroristas. No existe ningún mapuche, ni uno solo, acusado de cometer delitos contra la vida o en contra de la integridad física o la libertad de las personas en el contexto de la recuperación. Todos los delitos guardan relación con atentados a la propiedad. Pero en Chile lesionar la propiedad ajena puede ser más grave que lesionar la vida. Y tiene penas más graves por aplicación, por ejemplo, de la ley antiterrorista. Entonces el gobierno de Chile tiene una máscara que se pone a nivel internacional, y quiere aparecer como un gobierno respetuoso de los derechos humanos, en el que le asegura al mundo que en Chile no existe el terrorismo. Pero hacia el interior invoca la aplicación de la ley antiterrorista, y digo que lo hace el gobierno y no el ministerio público, no la fiscalía solamente, porque en todos los juicios contra personas mapuche se ha aplicado la ley antiterrorista también por petición del ministerio del Interior, es decir del presidente de turno.

Marcelo Maggio
Para moc.liamg@aldoibaicnega