Argentina: la protección nacional de las tierras rurales

Entrevista a Benigno López (36), referente del Movimiento Campesino de Formosa (MOCAFOR).

P: ¿Cómo recibieron la noticia de la remisión que hizo el Ejecutivo al Congreso de la Ley de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales?

R: Hay dos coincidencias. La necesidad de limitar la superficie nos parece algo positivo. La Presidenta también estuvo mencionando la necesidad de crear un catastro, un registro nacional del dominio y la tenencia de las tierras rurales en la Argentina. Nos parece un paso necesario e imprescindible.

P: ¿Tuvo el FNC alguna participación en la elaboración del proyecto?

R: No. Del proyecto presentado por la Presidenta, ninguna participación.

P: La ley establece el límite de toda titularidad extranjera sobre la propiedad de las tierras rurales. ¿Por qué se fija en el 20%?

R: Suponemos que son hipótesis que maneja el Ejecutivo, ya que datos precisos no existen. Lo del 20% de la superficie para los extranjeros, la verdad, hay que estudiarlo más porque nos parece demasiado cuando hay tantos campesinos que no tienen tierra, que no tienen reconocimiento. Es una injusticia muy seria, profunda, que un grupo de empresarios, de personas, tenga millones de hectáreas y otros miles de campesinos no tengan tierra.

P: De ser aprobada la norma, las tierras rurales de una misma persona extranjera no podrán superar las 1.000 ha. ¿Que sucederá con aquellos propietarios que denuncien titularidades por superficies mayores?

R: Lo que pasa es que dijeron que esta ley no se aplica para los que ya tienen propiedad, sino para los que van a comprar. No es retroactiva y esa es la parte que más nos preocupa, ya que existen millones de hectáreas en manos de extranjeros y de grupos nacionales que concentran gran parte de los recursos estratégicos de nuestro país.

P: ¿Y qué ocurre con la propiedad de la tierra entre los campesinos e indígenas? En las reuniones que mantuvieron durante los últimos días, pequeños productores del Chaco, por ejemplo, comentaron que la mayoría de ellos sólo cuenta con un permiso de ocupación expedido por el Instituto de Colonización.

R: Nosotros estamos con esta marcha del Frente Nacional Campesino solicitando formalmente a las autoridades del Ejecutivo nacional y también a las autoridades del Congreso, a los diputados y senadores, que se fijen un poco más en la situación de los pequeños productores agropecuarios y de los pueblos originarios, ya que en algunos casos no cuentan ni siquiera con una autorización de ocupación.

En otros casos, sí tienen esas autorizaciones, que son la precarización de la tenencia de tierras. Es urgente, en estos doscientos años de injusticia, avanzar hacia la propiedad social de la tierra de campesinos y pueblos originarios.

P: Por la información que se conoce de estos encuentros que tuvo el FNC con productores y campesinos del Chaco surge que detrás de la transferencia de tierras, las usurpaciones y los privilegios, hay corporaciones vinculadas al agronegocio que no distinguen las banderas nacionales.

R: Sí, por supuesto. Una parte muy importante de las corporaciones vinculadas a los agronegocios que se están apropiando de grandes extensiones de tierras son nacionales y otras son corporaciones extranjeras. Lo que sí hay es una connivencia, una complicidad del poder político local de las distintas provincias argentinas con estos grupos empresarios: hay dividendos muy importantes de por medio para que estas tierras queden en manos de estas corporaciones en perjuicio de los pueblos originarios y campesinos. De lo contrario esto no se puede dar. Esta complicidad es política, judicial y policial.

Esta entrevista fue realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

moc.liamg@aldoibaicnega