Argentina: cuatro ambientalistas a juicio

El 4 de abril la Asamblea El Algarrobo informa desde Andalgalá, Catamarca, que cuatro de sus miembros fueron notificados de la elevación a juicio oral de las causas que se les iniciaran por el entorpecimiento del normal funcionamiento del transporte por tierra tras realizar un bloqueo en una huella minera. Entrevista a Aldo Flores (63), profesor universitario, referente de El Algarrobo y uno de los activistas procesados por la Justicia.

P: En su opinión, ¿por qué cree que va a ser enjuiciado?

R: Es una cuestión más política que por los delitos que uno cometió... No son delitos: lo que ellos catalogan como delitos no son tales. Nosotros estamos defendiendo el agua, la vida y el derecho a vivir en un ambiente sano. Creo que la ley nos ampara en todo esto. No cometemos ninguna otra clase de desmanes.

P: ¿Cuáles son los delitos que se le imputan?

R: Corte de ruta, agresiones que nunca se comprobaron y daño a la propiedad privada. Nunca hicimos corte general; nosotros hacemos cortes parciales. Tenemos testimonios de la policía misma. Estábamos a orillas del camino. Nunca tuvieron testigos de las agresiones que nos imputan. Alguna vez anduvimos por los cerros verificando los daños que están haciendo. Ellos se apropiaron de todo nuestro cerro, de nuestros pasos que eran libres para todo el mundo.

P: ¿Está preparado para enfrentar un sistema jurídico que puede no darle la razón?

R: Yo no me preparo para esto. Creemos en la voz del pueblo. Nos pueden enjuiciar o meter presos, pero no van a acallar la voz de todo un pueblo. ¿Cómo temerle a este sistema jurídico que está al servicio de este sistema económico?

P: ¿Cuenta la Asamblea El Algarrobo con algún asesor legal? Durante el último encuentro de la UAC (Unión de Asambleas Ciudadanas) se debatió la importancia de crear una comisión específica que asesore a los asambleístas en las diferentes situaciones que atraviesan durante las acciones de lucha.

R: Pero no se concretó. Tenemos una abogada que se prendió en la causa. No es una abogada que mira desde el exterior, desde una cuestión de trabajo, sino de compromiso. Ella se la rebusca, ve la forma de contactarse con algunos otros abogados y está llevando más o menos bien al tema.

P: Y en lo inmediato, ¿piensa que el número de militantes procesados irá en aumento? ¿O es posible esperar algún cambio radical en la forma en que se abordan estos conflictos?

R: Sí, es posible que se sigan sumando casos. Nosotros queríamos un cambio en el Gobierno de nuestra provincia... Se hizo el cambio pero está en sintonía con el Gobierno nacional. Para el Gobierno nacional la minería es política de Estado: seguramente la gobernadora va a intentar seguir ese camino. Le mandamos una nota pidiéndole que venga y se entreviste con nosotros para que vea con sus ojos, no desde una oficina, dónde están ubicados los proyectos mineros, que están cerca. Solamente con ver el nevado que tenemos en la cabecera de nuestro departamento se debería horrorizar por el proyecto que va a destruir esos glaciares que hay ahí. No creo que con este nuevo Gobierno las causas disminuyan.

P: ¿Cómo sigue su causa?

R: Todas las causas están apeladas. Yo tengo como quince causas. Realmente no le presto atención a todo esto... Lo maneja la abogada. Estoy por fuera de la cuestión jurídica y no creo en eso. A veces me llaman para que me presente y ni voy; no asisto a las citaciones de la policía. Ya me pintaron los dedos un par de veces... ¿Para qué?

Esta entrevista fue realizada por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

moc.liamg@aldoibaicnega

Temas: Criminalización de la protesta social / Derechos humanos

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