Argentina: ataque armado a terreno comunal en Santiago del Estero

El terreno comunal reúne a cerca de 100 familias en un terreno de unas 10.000 ha, con un sector en disputa que cubre un área de aproximadamente 5000 ha.

Diálogo con Roger Almaraz (40), portavoz del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).*

P: Dante y Domingo Paz, y Humberto E. Jaime fueron sorprendidos y golpeados con palos mientras se encontraban trabajando en el lote comunitario, y tuvieron que retirarse del lugar... ¿Podrías hacer una reseña de los acontecimientos del 24 de mayo?

R: Los compañeros, después de almorzar, habían ido al lote para seguir trabajando. Estaban más o menos a un kilómetro de las casas. Don Jaime andaba sacando postes, y ahí es donde se ve sorprendido por un grupo de doce personas que lo ataca. Lo amenazan, apuntándole con varias armas de fuego, y le tiran a los pies. Después, lo empiezan a golpear; él se defiende como puede. Le decían que se deje de joder, que lo van a matar, que no se meta. En otro sector del lote estaba Dante, a quien conocemos como Chucho. A él también lo atacan de la misma manera, amenazándolo con armas y repitiendo lo que le habían dicho a Don Jaime: que no jodan, que esto va en serio y que los van a matar. Las tres personas estaban trabajando en el mismo lote, pero no juntas. Primero atacaron a uno... Nadie sabía lo que le estaba pasando al otro.

P: ¿El ataque estuvo precedido por otras agresiones similares?, ¿un expolicía estaría al frente de los atacantes?

R: Siempre ha estado latente la amenaza de esta banda comandada por Líctor Padilla, un expolicía exonerado de la Policía por andar en cosas turbias. Nosotros lo habíamos denunciado por otros casos de violencia: anduvo por El Negrito y por la zona de Pozo del Castaño (dep. Figueroa), y también por la Overa (dep. Alberdi), donde vive Guido Corvalán, referente del movimiento. Está operando en la zona junto a Virino Garnica, un excomisionado del lugar. Son los que se encargan de amedrentar a las familias. Donde fueron se los sacó.

P: ¿Pudieron confirmar la sospecha de que estas personas fueron contratadas por la sociedad anónima Algarrobal Viejo? ¿Qué saben de la actividad que desarrolla la empresa?

R: Sabemos que crían ganado. No esconden la información, representan a Algarrobal Viejo. Otro de ellos está ahí como supuesto encargado del lote, y junto a Padilla acompaña a Virino. Este conflicto tiene una larga historia; ha habido compañeros que han caído detenidos cuando se inicia el conflicto. La empresa dice tener los títulos de propiedad; los campesinos son los dueños por haber vivido por generaciones en el lugar. Ahí está la disputa: uno tiene el título y los otros, la posesión.

P: Acciones repetidas como las registradas en Ahí Veremos fueron el detonante para que se le encomiende a una comisión la tarea de concurrir a los lugares con mayor potencial de conflicto en la provincia para verificar la presencia de personas armadas. ¿Qué resultados dio la intervención de esta comisión?

R: Instituciones del Gobierno fueron para constatar, a través de los testimonios de las familias, todos estos hechos de violencia. A todas estas personas de la comisión no las dejaron ingresar: pudieron hablar por medio de un portón. Eso fue el año pasado, los últimos días de diciembre. Ahí pudieron comprobar el grado de violencia, ese clima insostenible que había.

P: ¿Cuál fue el papel que desempeñó el MOCASE?

R: El MOCASE fue parte de este equipo que viajó en diciembre. Más que eso no se puede hacer; estaba todo el clima enardecido al ver los patrulleros de la policía. Ha sido imposible hacer un trabajo como uno se imagina. El movimiento está intentando fortalecer la organización con otras visitas al lugar, creando estrategias que, creemos, van a ser útiles para las familias, peleando desde lo legal.

P: A principios de año, infantes de la policía fueron destinados al campo y estuvieron allí instalados algunos días con la finalidad principal de garantizar la seguridad de las familias.

R: El primer grupo de policías que ha ido, no ha durado mucho; han estado muy poquitos días. Se retira la policía y después se retoma la agresividad. Los tipos salen a la comunidad, merodean, hacen tiros al aire, amenazan a la gente. Cuando volvió nuevamente la violencia al lugar, algunos pobladores se reunieron con el ministro de Seguridad para pedirle que hagan un operativo y permanezcan allá. Así lo hicieron, y enviaron la infantería con casillas a la zona; estuvieron no más de una semana y se retiraron. A través de esta golpiza que le dieron a los compañeros, estas amenazas vuelven a tomar calor.

P: ¿La operación de grupos irregulares revela el lado más oscuro de la disputa por tierras en Santiago del Estero?

R: Lamentablemente, este es uno de los problemas más graves que tiene Santiago del Estero. Todavía no se han desarticulado estas bandas; no hay un trabajo serio de parte de la Justicia, no hay decisión de ponerle freno a esta violencia. Hay dos posturas entre las familias: están quienes siguen apelando a la resistencia pacífica, dando pelea desde lo legal, tratando de politizar al máximo el conflicto para que tenga visibilidad; por otro lado, hay un sector que todavía no está del todo informado y no conoce sus derechos. Nos cuesta llegar a esos lugares lejanos, y ellos son desalojados silenciosamente; en el interior se dificulta la comunicación: no hay señal y los medios son escasos. No es lo que queremos y no es el estilo del movimiento. La ley dice que la resistencia debe ser proporcional a la fuerza con la que te atacan, pero aun así estos ataques son desiguales. Las familias ya no saben qué hacer, y la violencia va a generar más violencia.

* Por el Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales (OCRN) en alianza con moc.liamg@aldoibaicnega.