Argentina: Taller para detener la nueva ola de transgénicos. Las semillas “Terminator”

En el marco de la campaña internacional “Terminar Terminator” se realizó en Buenos Aires un Taller de Estrategias con el objetivo de “socializar información y articular entre movimientos sociales y grupos para definir acciones concretas”. Las semillas transgénicas “terminator”, impulsadas por corporaciones como Monsanto, impedirán el acopio para la resiembra por parte de los productores, ya que en las cosechas sólo se obtendrá semillas “estériles”.

El taller fue organizado por GRAIN, CEPPAS (Centro de Políticas Públicas para el Socialismo) y el Grupo de Reflexión Rural y se llevó a cabo el pasado 13 de diciembre en el Hotel Bauen, al día siguiente de realizada la segunda Marcha Nacional Ambiental en Buenos Aires.

El impacto que tiene sobre la economía rural este paquete tecnológico es el de “esclavizar cada vez más a los productores en relación a las corporaciones”, explicó Carlos Vicente de GRAIN. En ese sentido, la abogada kolla Viviana Figueroa señalóque “el derecho del agricultor de volver a sembrar su semilla se ve afectado si esa semilla es modificada y se ve sujeta al derecho de propiedad intelectual. Al no poder resembrar vamos a tener que pagar por lo que en realidad nos pertenecía”. Esta dependencia de los agricultores y productores respecto de las semilleras-químicas es una relación que se viene incrementando desde los inicios de la década del sesenta en la denominada “Revolución Verde”, con la introducción de los “híbridos”. Con el objetivo de incrementar la productividad del campo, se empezaron a utilizar “muchos químicos tanto para las plagas como fertilizantes para que [las plantas] crezcan más rápido”. Luego de algunos años, las empresas químicas compran a estas semilleras y el corolario de este proceso son los “transgénicos”, porque las empresas ven que les sale más barato desarrollar semillas resistentes a los químicos que fabrican. Este conjunto, semillas y químicos, va configurando un “paquete tecnológico” que esclaviza a los productores de campo [1]. El pretendido próximo escalón de esta historia son las semillas terminator.

Según Carlos Vicente, “estas semillas implican un cambio en el sistema de producción de semillas: luego de ser cosechadas se obtienen semillas estériles”. “Si uno las quiere volver a sembrar no germinan, están absolutamente muertas. Esta tecnología tiene un nombre técnico que es 'Tecnologías de Restricción en el Uso Genético', conocida bajo la sigla TRUGs a nivel internacional. Cuando el Grupo ETC las descubrió las bautizó como “Terminator”, ese es el nombre que utilizamos nosotros para combatirlas”, aseveró.

La implementación de estas tecnologías al campo, además de provocar la pérdida de la diversidad agraria, base para la vida de los campesinos y de un equilibrio ambiental, genera dependencia y endeudamiento económico de los productores en relación a las corporaciones. Acompañando esta idea central también estuvieron integrantes del MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), del Movimiento Semillero de Misiones y del Centro de Acción Popular Olga Aredes, entre otros.

En el área legal, que implica lo concerniente a los derechos de propiedad intelectual, se complejiza aun más la situación. Según Tamara Perelmuter, investigadora, “la posibilidad de 'patentar' cualquier cosa está transformando el sentido mismo del término 'semilla', ya que durante miles de años significó cultura, vida, alimento”. Por lo tanto, se genera un cambio que rompe con la práctica histórica de la agricultura: “la industria semillera cuestiona la libre utilización de semillas por parte de los agricultores”, de modo que las corporaciones pretenden generar negocios tanto por el “paquete tecnológico” -semillas y agroquímicos- como por las regalías en términos de patente.

La Campaña Terminar Terminator [2] cobra renovado interés al acercarse la Novena Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, ONU (COP9), que se realizará en la ciudad de Bonn, Alemania, durante el mes de mayo de 2008. Particularmente el Convenio de Diversidad Biológica ha establecido, en el año 2000, una suerte de prohibición a la comercialización y experimentación en campo abierto de estas semillas “terminator” (estériles). Las empresas semilleras -tales como Monsanto, DuPont, Syngenta y Groupe Limagrain- pretenden desbloquear ese “impedimento legal” que rige sobre este tipo de transgénicos en los países que adhieren al Convenio.

Otra preocupación de los movimientos sociales, ONGs e investigadores es que las corporaciones pretenden introducir una variante aun más perversa de transgénico, el “proyecto transcontainer”, que el Grupo ETC bautizó con el gráfico nombre de “zombie”. Se trata de semillas que tienen la posibilidad de ser revividas, como si se tratara de “muertos vivos”. Mediante el correspondiente pago a las corporaciones y el tratamiento químico adecuado, estas semillas estériles podrán volver a la vida fértil. Aquí los impactos sobre la naturaleza no son siquiera imaginables dado el alto grado de manipulación genética que implican.

Los asistentes al taller también dedicaron parte del tiempo para debatir acerca de los marcos legales y las posibles reformas a realizarse en Argentina. El detonante de la preocupación es que el gobierno nacional pretende modificar la ley de semillas actualmente vigente. Tamara Perelmuter explicó que “la industria semillera cuestiona la existencia y circulación de lo que se conoce como 'bolsa blanca', que no está regulada. Los argumentos que exponen las empresas tienen que ver con el momento histórico. Como la ley actual es de 1973 y tenía que ver con la Revolución Verde y los híbridos, hoy esgrimen que hay que actualizar la legislación y adecuarla a la biotecnología”.

Lo que sigue son las principales intervenciones del taller, en un intento de sistematizar los aspectos de esta problemática.

En primer lugar está el testimonio de Viviana Figueroa, abogada kolla y consultora permanente de las Naciones Unidas, quien marca la importancia que tiene lo relacionado con el Convenio Sobre Diversidad Biológica a partir de un ejemplo concreto basado en la realidad del norte argentino. En segundo término Tamara Perelmuter, investigadora, hace un importante desarrollo histórico sobre cómo se ha expandido la legislación sobre propiedad intelectual hasta llegar a los seres vivos. Por último, la explicación de Carlos Vicente, GRAIN, que explica con detalle las características del proyecto de semillas “terminator”; también cuenta cómo se encaró la resistencia dentro de los foros internacionales.

Viviana Figueroa, abogada kolla, consultora permanente de las Naciones Unidas.

Voy a explicar lo que sucede con el Convenio Sobre Diversidad Biológica a partir de un caso concreto: la papa andina, una variedad de papa esterilizada por Syngenta. La diversidad de semillas es la diversidad agrícola, es biodiversidad. Los pueblos a lo largo de la historia la hemos ido mejorando, como por ejemplo con la selección de semillas, el llamado fitomejoramiento. Tenemos tres mil variedades de papa en toda la zona andina, y esta papa hoy ha cambiado luego de todo el proceso de comercialización y supuesto “mejoramiento” realizado por las empresas.

¿Y cómo llegamos a esto? Llega un científico con supuestas buenas intenciones a una comunidad de, por ejemplo, la Quebrada de Humahuaca, y nos dice “vengo a ayudarlos”. Empieza a pedir las variedades de las semillas y luego dice, “sabes qué, tu papa está enferma, le afecta el gusano, y yo la puedo curar”. Entonces los hermanos dicen, “pero cómo enferma si nosotros siempre nos hemos alimentado con la papa; el científico que fue a la universidad debe tener razón, tome todas las variedades”. Esas variedades son la materia prima que utiliza el científico para su “mejoramiento”.

¿Y por qué se metieron con la papa? Porque es el tercer producto mundial más consumido. Syngenta, que es el que tiene la patente sobre esta variedad, es la que se asegura un negocio.

Como nosotros tenemos fuerza, ellos largan “el discurso del pobre”. En ese sentido podemos leer lo que salió sobre la mandioca en la revista El Federal. Dice, “la cultivaron las civilizaciones aborígenes”, o sea ya no la cultivan, le dicen a la sociedad. Es más, siguen, “la están recuperando los grandes chef”, y nos están haciendo un favor a todos, cuando en realidad es un robo de conocimiento. Esto no es casual, una vez más nos están robando lo nuestro. Nos dicen, “ustedes son pobres, lo de ustedes no sirve”.

Pero nosotros, como pueblos indígenas, tenemos nuestros recursos genéticos y nuestros conocimientos tradicionales garantizados por el artículo 8J del Convenio Sobre Diversidad Biológica y queremos que se respete nuestro derecho. Y les decimos a estos científicos y empresas que lo que están haciendo es un robo.

Frente a esto, lo primero que planteamos en las comunidades es que guarden las semillas, que los pequeños agricultores que hoy tienen sus variedades no las contaminen con las semillas que les regalan. Y si ellos quieren utilizar esas semillas, que las separen muy bien, para que no se entreveren las variedades, ya que esa es la idea de los laboratorios.

Seamos claros: el derecho del agricultor de volver a sembrar su semilla se ve afectado si esa semilla es modificada y se ve sujeta al derecho de propiedad intelectual. Al no poder resembrar vamos a tener que pagar por lo que en realidad nos pertenecía.

Tamara Perelmuter, investigadora

En la época de la denominada “Revolución Verde” aparecen los híbridos, junto a un paquete tecnológico [de químicos y maquinaria] y a las “leyes de semillas”. Es en este momento en que aparece la primera reglamentación internacional donde se institucionaliza el intercambio de semillas. Se trata de la Unión para la Protección de Variedades Vegetales, UPOV, de 1961. Hubo varias formulaciones y la reforma de 1968 introduce el “privilegio” del agricultor, que implica que “los agricultores, a excepción de su venta comercial, conservan el privilegio a producir libremente sus semillas pudiendo utilizar el producto de la cosecha que hayan obtenido por el cultivo de su propia finca”. Esto es importante porque, primero, “reconoce el aporte de los agricultores al conocimiento, conservación y mejoramiento de los recursos genéticos”, y segundo, “les garantiza el derecho al acceso y utilización de las semillas para el uso propio y el intercambio”.

Ahora, ¿qué es la propiedad intelectual? Básicamente la compensación monetaria al conocimiento generado por inventores. Las patentes son consideradas como el “derecho exclusivo otorgado por el Estado a una invención, es decir, a un producto o procedimiento que aporta una nueva manera de hacer algo que excluye a otras personas de la posibilidad de hacer uso del mismo sin pagar regalías. Y no es lo mismo que un descubrimiento, ya que éstos No son patentables”. [3] Por ello, algo que existe en la naturaleza no debería poder ser patentado, porque es algo que existe, que se descubre, por lo tanto no es inventado.

En 1980 se da un hito, el fallo “Diamond - Chakrabarty”, donde la Corte de EE.UU. admitió una patente sobre una bacteria modificada capaz de separar componentes del petróleo crudo. Este hecho es una bisagra que delimita lo que es patentable y lo que no. Allí se comienza a desdibujar la distinción entre invención y descubrimiento, y se abre la puerta a que se puedan patentar las manipulaciones genéticas.

¿Cuáles son las tendencias en la actualidad? En primer lugar a que se estandaricen los derechos de propiedad intelectual con lo que va sucediendo en los EE.UU. A partir del fallo mencionado, en EE.UU. se dictaron durante seis años una serie de decretos y reglamentaciones que avanzaron abruptamente en lo que implica el patentamiento de biotecnología. Ahora quieren convertir esa legislación en estándar internacional que implica, por ejemplo, que se reduzcan las excepciones a la patentabilidad, es decir que se pueda patentar cualquier cosa.

Las patentes son nacionales y las empresas las tienen que pedir en cada país. Sin embargo desde mediados del siglo XIX hay una tendencia a estandarizar los niveles de propiedad intelectual. [4] De este modo, los tratados internacionales avanzan cada vez más sobre las reglamentaciones nacionales. En 1970 se crea la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual). En 1974 se convirtió en agencia de la ONU y lo que tenía como característica de funcionamiento era que los países podían adherir a sus diversos “tratados” de manera independiente y no obligatoria.

Otro de los hechos importantes sucede en 1991. Recuerden UPOV creado durante la Revolución Verde. En el 91 se modifica este tratado y se recortan los derechos de los agricultores a partir de asimilar “los derechos del obtentor por propiedad intelectual” con el “derecho de propiedad de una patente”. De este modo la semilla puede ser directamente patentada como invento.

En 1995 se crea la Organización Mundial del Comercio, OMC. Uno de los acuerdos que tiene es el de propiedad intelectual. [5] La diferencia que implica la OMC [respecto de como funciona OMPI] es que si se entra hay que aceptar todos los acuerdos, no hay posibilidad de optar por uno u otro. Monsanto y Cargill participaron activamente en su configuración. La novedad que introducen son los mecanismos coactivos: la OMC tiene un mecanismo de solución de controversias, es decir que las empresas pueden denunciar a los Estados allí. Además establece “el piso” sobre el cual deben legislar los Estados. [6] Por sobre este piso todo, por debajo nada.

¿Qué sucede con este tema en Argentina? Actualmente se encuentra bajo la reglamentación de UPOV 78, según la cual “no lesiona el derecho de propiedad sobre un cultivo quien reserva y siembra semilla para su propio uso”. [7]

La industria semillera cuestiona la libre utilización de semillas por parte de los agricultores, una práctica realizada a partir de la conocida 'bolsa blanca', que no está regulada. Por ello las empresas pretenden que Argentina adhiera a UPOV 91 y que modifique la Ley de Semillas, que se adapte al nuevo marco internacional. Recientemente se hizo público que el cambio de esta ley va en camino y que el secretario de Agricultura estaba particularmente interesado en ello.

La intención de la nueva ley de semillas sería cuestionar la libre circulación de semillas, por lo tanto pretenden recortar esa práctica. Los argumentos que exponen las empresas tienen que ver con el momento histórico. Como la ley actual es de 1973 y tenía que ver con la Revolución Verde y los híbridos, hoy esgrimen que hay actualizar la legislación y adecuarla a la biotecnología. También que la ley de semillas les tendría que brindar certidumbre y protección en términos de propiedad intelectual debido a la “gran inversión” que realizan en investigación y desarrollo. Recuperararían esa inversión cobrándoles regalías a los productores.

Algunos saldos de todo este proceso. Uno, los derechos de propiedad intelectual han sido reforzados en todos los acuerdos y tratados internacionales. Dos, la discusión acerca del patentamiento de las semillas en la Argentina impacta directamente en los derechos de los agricultores a guardar, conservar, intercambiar y reproducir sus propias semillas. Y tres, ante la posibilidad de patentarla, se está transformando el sentido mismo del término “semilla”, ya que durante miles de años significó cultura, vida, alimento. Y qué significa hoy para estas empresas, tratados, estados, que permiten que las semillas puedan ser apropiadas, modificadas y comercializadas.

Carlos Vicente, Grain

Veamos qué es esto de las semillas Terminator. La historia empieza en 1998 cuando un grupo (que en aquel momento se llamaba RAFI y ahora se llama Grupo ETC) descubrió que existían en EE.UU. pedidos de patentes de semillas por parte de una empresa llamada Delta & Pine Land, que es la mayor algodonera del mundo (el año pasado fue comprada por Monsanto [8]). Estas semillas implicaban un cambio en el sistema de producción de semillas: luego de ser cosechadas se obtenían semillas estériles. Uno siembra, crece la planta, produce nuevas semillas que si uno las quiere volver a sembrar no germinan, están absolutamente muertas. Esta tecnología tiene un nombre técnico que es “Tecnologías de Restricción en el Uso Genético”, y que utilizan la sigla TRUGs a nivel internacional.

Cuando el Grupo ETC las descubrió las bautizó “Terminator”, que fue el nombre que quedó adoptado a nivel internacional por los movimientos sociales. No es el nombre que se utiliza en las leyes o en el Convenio Sobre la Diversidad Biológica. Es el nombre que utilizamos nosotros para combatirlas.

Las semillas terminator son todas transgénicas. Poseen modificaciones que hacen que en algún estado de la evolución de la planta se produzca una toxina que mate a la semilla. ¿Cómo hacen para que crezca la primera vez y luego [en siguientes generaciones] ya no? Para que esta semilla terminator crezca hacen una “trampita”: una proteína actúa como puente y evita que se produzca la toxina letal. Entonces venden una semilla que crece normalmente. Cuando la planta crece, y está produciendo la nueva semilla, ahí actúa el “inductor químico”, que puede ser un antibiótico, calor, alcohol, un herbicida, distintas sustancias. Este “inductor” genera un proceso en el cual esa proteína que teníamos (ese puente que permitía el crecimiento) es destruido por una toxina y la semilla nace muerta. Mientras la semilla crece produce una sustancia tóxica que la mata. Luego de cosechada ya no tiene la capacidad de reproducirse.

Cuando en aquel momento el Grupo ETC lo denunció se generó una movilización muy amplia en todo el mundo que incluyó al ámbito científico. Por eso en el año 2000 se logró que el Convenio Sobre la Diversidad Biológica estableciera lo que se denomina como “moratoria de facto”. No es una ley, ya que este convenio no tiene poder de policía sobre los Estados. Pero lo que se incorpora en esa fecha es una recomendación de que no se hagan “ensayos de campo” ni se “comercialice” la tecnología terminator hasta que no estuvieran suficientemente estudiados los impactos y riesgos.

Sin embargo, en el año 2005, el Grupo ETC descubre que nuevamente a pesar de estar establecida la moratoria, tanto Delta como Syngenta y Monsanto siguieron pidiendo patentes terminator. Con lo cual quedaba demostrado que la investigación seguía y que pretenden impulsar el comercio de este tipo de semillas. ETC observa lo que sucedía alrededor del Convenio Sobre la Diversidad Biológica y advierte que había una presión muy fuerte de las empresas para que se quitara esta prohibición a los terminator, principalmente a través de los gobiernos de Australia, Nueva Zelanda y Canadá.

Es así que las corporaciones logran que se lleve a la COP8 [Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica, ONU, realizada en Curitiba, Brasil, marzo de 2006] una propuesta de permitir la investigación de campo sobre estas semillas terminator y que se evalúe caso por caso su utilización. La consecuencia de esto sería levantar esa moratoria. [9]

Desde muchos sectores se hizo un buen trabajo de resistencia para mantener la moratoria: ONGs internacionales, talleres dentro y fuera de la COP que explicaban qué era terminator, un acuerdo con la Vía Campesina para hacer movilizaciones, y las mujeres que hicieron una acción directa adentro de la reunión. Todo esto sirvió, ya en los últimos días de la conferencia los delegados de los países ya nos reconocían y daban señales de que iban a votar por mantener la moratoria, hasta el punto en que directamente el tema se sacó de la votación.

Sabemos que siguen trabajando para avanzar con terminator. La preocupación por la que se ha vuelto a reactivar la campaña “Terminar Terminator” es porque en mayo del año que viene se hace en Bonn, Alemania, la COP9, donde sin duda estarán estos países, con EE.UU. y la industria semillera por detrás, para que se levante la moratoria. Hay una instancia intermedia, en febrero, que es una reunión en Roma donde se va a reunir el “cuerpo técnico asesor” del convenio, y es probable que de ahí salgan los lineamientos principales.

Para completar el panorama hay que mencionar que en marzo del año pasado la Unión Europea lanza un proyecto llamado “transcontainer”, que es un programa de investigación con trece centros financiados por fondos públicos. Uno de los componentes que tiene (ya que impulsan diversas investigaciones en biotecnología) es el desarrollo de una semilla terminator con un aditamento particular: se la puede revivir. Son semillas que al cosecharlas son estériles, pero que si se les aplica un nuevo inductor químico “reviven” y pueden volver a sembrarse. Parece ciencia ficción pero es cierto. La gente del Grupo ETC las denominó semillas “Zombie”, los muertos vivientes. [10] Es probable que también vayan a Bonn con la idea de convalidar esta tecnología.

Las semillas zombie tienen altas probabilidades de ser inestables (por el alto grado de complejidad en su manipulación genética, mayor aun que las terminator) y puede suceder que en algún momento del crecimiento de las plantas haya mutaciones con consecuencias que hoy no podemos imaginar. Es por esto que incluso los científicos europeos piden que directamente se termine con esta investigación.

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Notas:

[1] Ver este tema en la explicación que brinda Silvia Ribeiro
[2] banterminator.org
[3] Los entrecomillados son textuales del documento presentado mediante formato digital por Tamara Perelmuter.
[4] 1883: Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Primer paso hacia la internacionalización del sistema de patentes.
[5] ADPIC (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual que afectan al Comercio) o TRIPPS.
[6] "Propiedad Intelectual en OMC. Patentes: Protección como mínimo de 20 años. Tanto para productos como para procedimientos en casi todos los campos de tecnología".
[7] Aunque hace la siguiente salvedad: "La ley de Patentes de invención y Modelos de Utilidad, modificada por Ley Nº 24572 en 1996, mantiene una clara diferencia entre invenciones y descubrimientos que posibilita el patentamiento de semillas transgénicas".
[8] Noticia en la web del Grupo ETC
[9] biodiversidadla.org
[10] Grupo ETC, también, Transcontainer.wur.nl

Por ra.moc.oohay@70oiggamrm
Para moc.liamg@aldoibaicnega

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