Argentina: Que el negocio no tape el bosque

Los agronegocios y los emprendimientos inmobiliarios fueron los principales sindicados de estas prácticas de especulación con la tierra.[1]

Las organizaciones aseguraron que mientras el proyecto de ley de ordenamiento territorial de los bosques nativos de Córdoba se encuentra «parado» en la secretaría de Ambiente por las «presiones» que ejercen grupos corporativos, los incendios se siguen sucediendo allí donde cada uno de estos empresarios tiene puesta su mirada; territorios que luego «milagrosamente aparecen sembrados de soja», o bien, convertidos en «countries» destinados a satisfacer a exclusivos sectores de «alto poder adquisitivo».

Asimismo, los campesinos y trabajadores de la APN remarcaron que el gobierno provincial solo «escucha a algunos sectores (...) que poco interés muestran por el ambiente», excepto el de seguir ahorrando costos y concretar sus negocios. «No es casual», para las organizaciones, la falta de un ordenamiento territorial y de decisión política para evitar mayores perjuicios a la biodiversidad, por lo que la elevación a la legislatura local del proyecto de ley de ordenamiento fue considerada «urgente» para que se establezcan las pautas adecuadas para el manejo del monte y los pastizales. Finalmente, como «organizaciones de la sociedad civil», reclamaron ser parte de una investigación que de con «el origen de los incendios» y con aquellos funcionarios de las secretarías de Agricultura y Ambiente que pudieran ser «responsables».

Pasada una semana de estas denuncias, la Agencia de Noticias Biodiversidadla mantuvo un diálogo paralelo con Horacio Britos, ingeniero agrónomo del MCC, y con Gustavo Peyroti, licenciado en trabajo social y delegado de ATE Parques Nacionales. Dos miradas para visualizar las relaciones de poder que se ciernen sobre los montes cordobeses, hacer una aproximación a la situación forestal en Argentina y reconocer algunos de los conflictos territoriales que surgen por la defensa del bosque herido.

―Sancionada la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (2007), ¿cuáles eran los pasos que se tenían que cumplir en una provincia como Córdoba?

Horacio.―De manera orgánica a la reglamentación que propuso el gobierno de la provincia, convocamos la comisión (Comisión de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de Córdoba - COTBN). La comisión nombró su presidente, sus autoridades; es una comisión multisectorial con participación del gobierno. Se elaboró el proyecto de ley con una metodología donde participamos las organizaciones sociales y todas las regiones afectadas. Lo más importante es que la provincia participó con sus delegados en conjunto con un montón de organizaciones sociales, ONG, organizaciones de la producción. Se hicieron 7 talleres en el interior de la provincia y se hizo una audiencia final de presentación. En la audiencia se recibieron todos los aportes finales, se hizo una marcha en la ciudad de Córdoba y hubo un informe en la comisión de Asuntos Ecológicos de la legislatura. Al final, se terminó el proyecto borrador y se lo presentó a la secretaría de Ambiente. Después, tuvimos una reunión para afinar algunas críticas que había hecho el secretario Costa (Raúl Costa, secretario de Ambiente). Estamos esperando que finalmente la secretaría y el gobernador pongan el OK a este proyecto, de manera que entre a trámite parlamentario.

―¿Todo este proceso está vinculado al ordenamiento territorial previsto por la nueva ley de bosques?

Horacio.―Exacto. Tiene que ver con como Córdoba se va acogiendo a la reglamentación nacional de la ley de presupuestos mínimos, que llegó un año tarde. La provincia incluso recibiría los recursos necesarios para implementar la ley. El proceso empezó en la comisión y la ley se presentó casi dos años más tarde. Hubo toda una presión, unas idas y vueltas de muchas provincias que no se acogieron a la ley, no elaboraron la reglamentación o hicieron como Córdoba, que la presentó tarde.

Gustavo.―A partir de la sanción de la ley nacional de bosque nativo, cada provincia está obligada a realizar su ordenamiento territorial. ¿Qué es el ordenamiento territorial? Es una metodología que con diferentes variables, trata de ubicar las actividades en función de la protección del bosque. Pasado junio de 2008, la secretaría de Ambiente de la provincia no llama a efectuar ese ordenamiento en forma participativa. A partir de julio, el movimiento campesino junto con Parques Nacionales y la Universidad Nacional de Córdoba realizan un foro. Con una participación de 200 personas se genera todo un movimiento acerca de la ley. La ley nacional prevé tres figuras de protección: las zonas rojas, las zonas amarillas y las zonas verdes. Las zonas rojas son zonas intocables, no se pueden desmontar al igual que las zonas amarillas; la diferencia es que en las amarillas se permiten actividades de uso ganadero y agricultura a pequeña escala, pero sin modificar la función esencial del bosque nativo; y las zonas verdes, son consideradas de escaso valor de conservación y se pueden desmontar previo un plan de manejo. Generalmente, las leyes nacen del gobierno hacia la ciudadanía; aquí fue al revés. Durante 8 meses de trabajo se redactó la ley, la que da el sustento jurídico a esos mapas que se realizaron de protección del bosque nativo. En la audiencia pública fueron alrededor de 900 personas, un hito en todas las provincias argentinas. Si me preguntás qué es lo que sucede hoy, lamentablemente, a cuatro meses de haber presentado esa ley la secretaría aún no la ha elevado a la legislatura.

―¿Es decir que hoy este proyecto está frenado en la secretaría de Ambiente?

Gustavo.―Sí, ese es el término concreto, está frenado. Frenado a pesar de que la secretaría formó parte de esta comisión y discutió el tema de los mapas con esta comisión. Siempre quisimos que esta secretaría tome parte en este proyecto, darle la mayor institucionalidad posible. Podríamos haber entregado este proyecto por mesa de entrada en la legislatura, pero no, quisimos siempre que esta ley entrara por secretaría. Lamentablemente hoy está frenado, no por una cuestión de que no hay voluntad, sino por los intereses corporativos que están dando vueltas, realmente, de la Mesa de Enlace (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentina, Federación Agraria Argentina y CONINAGRO), excepto la Federación Agraria.La CRA y la Sociedad Rural de Córdoba han siempre intentado deslegitimar este espacio, a tal punto que generaron toda una cuestión mediática durante estos meses de trabajo, considerándonos conservacionistas, antidesarrollistas y antiproductivistas, olvidando y negando que uno de los mayores motores de la economía regional son las familias campesinas.

―En este lapso de tiempo, ¿qué pasó con el monte nativo?

Horacio.―Lo que pasó aca, por ejemplo, sobre todo con una de las organizaciones vinculadas a la Mesa de Enlace, como la CRA, es que se manifestaron abiertamente en contra, deslegitimando todo el trabajo que se hizo, y operaron a través de sus contactos con el secretario y el ministro de Agricultura, frenando continuamente este proceso. De hecho, en todo lo que se hizo con la comisión, no se puso un peso de la provincia. Habrán habido dos mil o tres mil pesos de una actividad, pero muy poco dinero. Todo el gasto, el software con el que se hicieron los mapas, lo pusieron miembros de la comisión; todo el trabajo metodológico, las innumerables reuniones que hemos tenido han sido ad honórem. La provincia no ha hecho nada por facilitar este proceso. No ha hecho nada en absoluto; lo que ha hecho, lo ha hecho a regañadientes y con quejas.

Gustavo.―Córdoba es una de las provincias que tiene mayor índice de desmonte en toda la Argentina, uno de los más altos del mundo. Esto lo dice la Universidad Nacional de Córdoba en su figura máxima de rigor científico, más allá de los fundamentos sociales que son claves y evidentes. Córdoba ha deforestado en sus últimos 20 años el 60% del bosque nativo. A Córdoba le queda solamente el 5% de bosque en buen estado de conservación, y en estado de degradación, conjuntamente con el anterior, le queda casi el 9%. La FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación), este organismo de la alimentación de las Naciones Unidas, considera que en todo país que tenga una masa forestal reducida a menos del 10% peligra, en forma evidente, su capacidad de sobrevivencia. En términos didácticos es esto: Córdoba tiene el 9,3%, está en el límite, tiene serio riesgo, no solo de que el bosque se reproduzca a sí mismo, sino su capacidad de generar alimentos. Esta claro que es una disputa política por un modelo de desarrollo. En Córdoba hemos tenido un modelo de desarrollo que ha devastado los recursos naturales; la frontera agrícola ha devastado nuestro bosque nativo y con ello ha llevado a la pobreza, aún más, a las familias campesinas. Por otro lado, en las Sierras Chicas, tenemos un modelo de desarrollo inmobiliario que ha afectado las cuencas hidrográficas en forma alarmante. En ciudades como Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Santa Rosa de Calamuchita, quizás ese esparcimiento que el turista tiene lleva a olvidar el grave deterioro ambiental que significa el desarrollo inmobiliario. Las cuencas están agotadas por este desarrollo inmobiliario sobre las laderas, y la ley de bosques tiende a frenar este desarrollo. Imaginate la cantidad de presiones y corporaciones que están dando vueltas en referencia a esta ley.

―Ustedes vienen denunciando que paralelamente a esta situación los incendios y desmontes continuaron.

Horacio.―Lo que planteamos es que en estos dos años se ha dejado que este lobbie avance, no solamente en los pasillos, sino en el campo, aprovechando a desmontar todo lo que se puede. Lo que nos llama poderosamente la atención es esta cuestión de los incendios, que se dan en zonas críticas, incluso zonas que están vinculadas a la posición fuerte que han tenido las sociedades rurales locales con la ley, como lo es en Rio Cuarto, al sur de la provincia, donde han habido algunos incendios intensos. Ellos están operando y hay una fuerte intencionalidad, digámoslo así, de obstruir este proceso a través de las conexiones que ellos tienen. Oh casualidad, la semana pasada también se convocaron a algunos grupos de las universidades a presionar a los decanos, a los rectores, que ya habían avalado a los equipos técnicos que trabajan en la comisión. Hicieron una movida de prensa planteando que la universidad debería tener una postura «ni productivista, ni ambientalista», desconociendo a todos los equipos que trabajaron de la universidad en este proceso. Hay presiones, fuertes presiones de estos grupos de interés, vinculados a la sociedad rural y que están vinculados posiblemente a los agronegocios de los sojeros.

Gustavo.―Cuando se sanciona la ley en 2007, expresamente prohíbe los desmontes. En Córdoba había autorizaciones de desmontes que no se habían efectuado, autorizaciones del año 2006. La gente que no había efectuado esas autorizaciones empieza a realizar los desmontes. La provincia, por presiones de la universidad, del movimiento campesino y otras organizaciones dice: «Las autorizaciones que no se hicieron en tal época, no se realizan». Es decir, no se pueden realizar desmontes. Algunos grandes empresarios seguramente vinculados al agronegocio y al negocio inmobiliario encontraron una forma: tratar de generar permisividad en el manejo de la ley del fuego, una ley que prohíbe expresamente la utilización del fuego en el cambio del uso del suelo. Si bien la ley no lo hace expresamente, lo que hace es decir «usted puede quemar por este sector, este sector, y este sector, en determinadas épocas». Una semana antes de que Córdoba fuera afectada en casi 40 mil hectáreas por incendios, hay una reunión entre la Sociedad Rural y la CRA de Córdoba con la secretaría de Ambiente, pidiéndole excepciones a esa ley. La secretaría dice que lo va a estudiar, nosotros decimos «ni se les ocurra hacer eso», y a la semana se desatan los incendios en las mismas zonas donde se habían pedido esas autorizaciones. Por si fuera poco, el proyecto de ley presentado por la Comisión de Ordenamiento Territorial de la provincia de Córdoba expresamente prohíbe el uso del fuego como manejo para el desmonte, y va más allá, dice que en cualquier bosque nativo que haya sido afectado por el fuego no se permitirá el cambio de uso del suelo. Yo no puedo incendiar y hacer soja después, o maíz, no puedo incendiar y hacer un country.

―¿Han podido constatar alguna de estas maniobras con los desmontes?

Gustavo.―La gente ya no le cree a la secretaría de Ambiente, la gente llama a Bomberos para que vayan a apagar el incendio, y a nosotros, como técnicos por un lado, y como COTBN. En la universidad la gente plantea denuncias; hemos ido como comisión a lugares donde se estaba desmontando para realizar countries que no están autorizados. Esto lo corroboramos, estaba el cartel de futuro country y el desmonte; está más que claro.

―¿Cuáles son los actores que intervienen en la Comisión de Ordenamiento Territorial?

Horacio.―Somos muy diversos, por ejemplo, participamos con organizaciones que están netamente en la lucha ambiental, han habido organizaciones que trabajan en la «remediación», reforestación, de la universidad, distintos grupos de investigación relacionados con bosque nativo; está la Federación Agraria, con los que hemos tenido fuertes diferencias y enfrentamientos, pero la juventud de Federación Agraria está participando con una postura muy constructiva; y estamos los movimientos que tenemos como eje la lucha por la tierra. Los sectores son muy amplios. Habían grupos del gobierno provincial que han estado acompañando este proceso sin problema y en una construcción de una propuesta positiva, que prevalezca el cuidado y la conservación del bosque, pero que también de pautas para la producción, para el mejoramiento de las economías regionales. La ley es básicamente de conservación; ha sido un debate muy interesante.

Gustavo.―En un territorio siempre hay diversas miradas, es necesario abordarlas, consensuarlas, discutirlas y llegar a un acuerdo, pero con un objetivo: la protección del bosque nativo. Hemos podido sacar un proyecto de ley que conforma a todas las miradas, obviamente no a todas, no precisamente a los que se autoexcluyeron desde el inicio de esta discusión, que fueron la gente de la Mesa de Enlace excepto la Federación Agraria. Desde el inicio ningunearon todo espacio colectivo de discusión de esta ley.

―¿Cómo es la articulación que tienen Uds., entre el movimiento campesino y los trabajadores de Parques Nacionales en ATE?

Horacio.―A nivel nacional tenemos muy buena relación con los muchachos, y acá localmente hemos trabajado codo a codo. Hemos hecho reuniones en las oficinas de ellos; excelente relación. Estamos tratando de avanzar en algunos proyectos en el territorio, por ejemplo, el Movimiento Nacional (Campesino Indígena) tiene algunos proyectos que está trabajando con los cumpas de ATE Parques Nacionales. Tenemos relación con los guardaparques locales que también han estado movilizando, y hemos estado trabajando juntos en la ley de bosques.

Gustavo.―El Estado en lo institucional tiene sus límites. Venimos articulando proyectos con algunas organizaciones que integran el movimiento campesino desde lo institucional: programas, proyectos de forma conjunta con Parques Nacionales, porque consideramos que el movimiento campesino es una organización territorial y el concepto de territorio es fundamental en el tema del bosque nativo. Implica que aquellas organizaciones que conviven y viven en el territorio son las más adecuadas para ejecutar proyectos institucionales o de financiamiento. Venimos trabajando en esa línea, con las organizaciones territoriales, en diferentes parques nacionales del país, y particularmente en Córdoba y San Luis. Desde el gremio de ATE Parques Nacionales entendemos que la política de conservación es una discusión ideológica, por eso compartimos un marco ideológico-político en esa discusión con el movimiento campesino.

―¿Algo para agregar?

Horacio.―Se está gestando en Buenos Aires una actividad alternativa al Congreso Forestal Mundial[2]; Argentina está donándose a los agronegocios forestales y no se qué va a pasar con esto de las papeleras. Esto ya viene de antes, nos parece que todos los compañeros, los amigos de Buenos Aires, tienen que sumarse a las movilizaciones que probablemente haya en contra de estos espacios de agronegocios. Nosotros vamos a estar con el MNCI en movilización, del 15 al 16 (de octubre), y el 17 vamos a participar en las actividades paralelas al congreso forestal; así que invitamos a todos a que se sumen a las acciones.

Gustavo.―Esto no se diferencia entre los grandes encuentros de promoción minera que se realizan con aportes de las grandes mineras en Argentina, responden al mismo modelo de desarrollo. Argentina se ha convertido en exportador de materias primas como nunca antes había ocurrido. Uno se puede poner como exportador, pero desde la autonomía; Argentina se ha puesto desde la esclavitud. Este congreso viene a legitimar eso. Nosotros hemos planteado un contraforo que es «desarrollo forestal», pero con autonomía campesina, autonomía de las familias, de los territorios, donde los territorios decidan su forma de producción.

* Por ten.inoizudorpotua@orubal para la moc.liamg@aldoibaicnega.

Notas:

 

[1] Trabajadores de Parques Nacionales y Movimiento Campesino de Córdoba. «Los incendios en Córdoba no son "accidentes" o "descuidos"» , 21 septiembre 2009.

[2] El XIII Congreso Forestal Mundial se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires entre el 18 y el 23 de octubre. Organizado por la FAO y el gobierno de la República Argentina tiene por objetivo «diagnosticar la situación general de los bosques y el sector forestal, (...) adaptar las políticas y estimular la concienciación entre los grupos involucrados e interesados en el sector». Su lema será «Desarrollo forestal, equilibrio Vital». ( http://www.cfm2009.org).