Argentina: Celebran rechazo parlamentario a San Jorge

P: En tu parecer, ¿por qué, finalmente, los diputados le bajan el pulgar a San Jorge? La CEIAM (Comisión Evaluadora Interdisciplinaria Ambiental Minera) había estipulado que el proyecto comience a funcionar en una etapa piloto —con una producción acotada y auditada— y en febrero el Ejecutivo había firmado la DIA (véase Respaldo del Ejecutivo mendocino a San Jorge).

R: En parte, por la presión popular que se había generado. Una semana antes del rechazo, hicimos un corte de siete horas en la entrada de la ciudad, una acción sin precedentes en Mendoza. Esto vino a coronar otras acciones que veníamos haciendo y que movieron el tablero político de los partidos más influyentes. A la DIA, el Ejecutivo la aprueba con muchas fallas, y luego, en el recinto de la Legislatura, al tanto de estos errores y justamente por esta jugada política preelectoral, se escucharon voces que empezaron a poner en juego el proyecto. Hubo una urgencia por dirimirlo. Lo que posibilitó que finalmente se rechazara fue la presión popular.

P: Según Coro, el mismo titular de los diputados había confirmado que la votación legislativa se realizaría luego de las elecciones programadas para octubre, con la finalidad de que la decisión se pudiese tomar basada en los méritos del proyecto y no en el cálculo de alguna ventaja electoral.

R: Tiene que ver con no pagar el costo político de aprobar el proyecto antes de las elecciones. Coro ya había presentado los pedidos de inconstitucionalidad en la Corte Suprema. Más allá de que se rechace esta DIA, hay otras opciones. Y la opción fundamental en este momento es declarar inconstitucional una ley que es producto de la movilización del pueblo de Mendoza: la 7722. El rechazo es un paso en una lucha que sigue más allá de San Jorge.

P: ¿El triunfo los tomó por sorpresa?, ¿esperan algún otro giro inesperado sobre el tema luego de la votación de octubre? El desenlace en el recinto parlamentario, ¿es un espaldarazo a sus reivindicaciones?

R: Venimos haciendo una construcción que es política, horizontal, que está conformada por muchísimas más personas que las que pueden caber en cualquier recinto legislativo. Por eso nuestra lectura es a largo plazo. No creemos que por el rechazo de una DIA se caiga absolutamente el proyecto. Sabemos que hay voluntad política de instalar este proyecto y una connivencia de estas empresas con el poder político. No nos podemos quedar tranquilos: la lucha es exigir en la Corte Suprema y en la Legislatura que no se toque la ley 7722. Es un paso que vamos a tener que dar contra estas empresas a lo largo de muchos años, porque sabemos cuál es la riqueza de la Cordillera.

P: Realizaron un nuevo llamamiento a luchar hasta que “la última empresa” minera se retire de los territorios...

R: Con San Jorge no se termina el riesgo. Hay muchas otras empresas que quieren extraer distintos minerales en la Cordillera. El planteo de lo que significa el agua en Mendoza es mucho más amplio: luchamos por que el agua sea pura desde su naciente. Estamos al tanto de todos los problemas ambientales respecto a la contaminación del agua por distintas empresas que no son mineras. Mendoza se ha expresado en la calle, en todos los espacios posibles. Hay una conciencia asumida de que no queremos estos proyectos. La apuesta implica seguir de pie, seguir marchando, seguir creando conciencia y difundiendo lo que significa la megaminería.

P: También advirtieron sobre la existencia de una “arremetida” contra la ley 7722. De hecho, Coro estima que la acción de inconstitucionalidad interpuesta contra la ley —entre otras partes por la propia empresa— se resolvería a mediados del año próximo y que, en el caso de que la Corte declare que la norma no es constitucional, el rechazo legislativo a la ratificación de la DIA de San Jorge podría estar viciado de nulidad.

R: Tenemos entendido que no sería retroactivo. Lo que podría hacer la empresa, en caso de darse ese fallo, es presentar en un tiempo considerado otra DIA y no irse de la provincia. A eso es a lo que van a apelar, porque lo que ya se definió en el recinto no se puede tirar para atrás. La empresa todavía tiene una carta debajo de la manga, que es presionar con esta acción de inconstitucionalidad. Y están especulando con que el año viene esto les de el visto bueno para volver a presentar otra DIA. Que especulen implica que están bastante seguros de que esto puede llegar a ser así.

* Por el OCRN (Observatorio de Conflictos por los Recursos Naturales) en alianza con Acción por la Biodiversidad.

Esta entrevista forma parte del proceso hacia el Juicio ético a las transnacionales, Proceso de Justicia Popular contra las estrategias neocoloniales en Nuestra América Buenos Aires – 14 al 16 de octubre.