Colombia: científicos nacionales explotan material genético sin permiso y sin retribuirle nada a la Nación
El Ministerio del Medio Ambiente reconoce que el "dispendioso" trámite para estudiar los genes de una de las 100.000 especies propicia la biopiratería
Es más fácil entrar y sacar del país un delfín de circo que obtener licencia para investigar los genes de este mamífero.
Por lo menos eso es lo que piensa Susana Caballero, que duró tres años esperando que el Ministerio del Ambiente le diera permiso para analizar el genoma de los delfines del Amazonas y del Caribe y tratar de establecer su parentesco.
En noviembre del año pasado, Susana, estudiante del doctorado en Ecología Molecular de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda), estaba lista para interponer una tutela cuando le aceptaron la solicitud para acceder al recurso genético. Explica que la demora se debe a que en el Ministerio no hay personal especializado en genética y pierde tiempo haciendo consultas con expertos.
Susana es hoy la única persona autorizada en el país para estudiar los genes de una especie colombiana.
Según la ley, esto sólo se puede hacer después de firmar un contrato en el que el científico se compromete a devolver al Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt el material genético utilizado.
Nuestra biodiversidad, sin embargo, sigue siendo explotada ilegalmente fuera y dentro del país. “Ese material, así como la cocaína, sale tanto por barco como por aeropuerto”, admite un funcionario de la Dirección de Licencias del Ministerio, que pide omitir su nombre.
Según esa cartera, “por eso los extranjeros roban material genético”.
A la caza de explotación ilegal
Sin embargo, Gabriel Nemogá, doctor en ecología y profesor de la Universidad Nacional, asegura que buena parte de la biopiratería es de científicos nacionales.
Él ha revisado contratos entre investigadores colombianos e instituciones extranjeras en los que el nacional se compromete a enviarles material genético, obtenido sin permiso, a cambio de recursos económicos y tecnológicos para investigar.
“Universidades extranjeras, el Instituto Nacional de Cáncer de Estados Unidos, o el Departamento de Agricultura de ese país invitan a un investigador a participar en un proyecto para que colecte un determinado material genético. Los investigadores ni siquiera lo hacen de mala fe”, asegura Nemogá.
Hace tres meses el Instituto Alexander von Humboldt inició un estudio para documentar casos de biopiratería, pero, según la investigadora Paola García, han tenido dificultades para probarlos.
En junio del año pasado la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Oriente y el Norte de la Amazonía (CDA) denunció que la ONG Conservación Internacional (CI) viene investigando especies de fauna y flora en la estación Mosiru Itajura, sin su permiso y el del Ministerio.
Luis Fernando Jaramillo, director encargado de la CDA, contó que en marzo interpusieron un derecho de petición para que la ONG les explicara qué especies ha investigado, con qué fines, dónde están las muestras biológicas y qué resultados han arrojado sus investigaciones.
La CDA se pregunta a dónde está yendo a parar esa información genética de las especies de la frontera de Vaupés y Amazonas con Brasil.
El ex viceministro de Ambiente Fabio Arjona, director en Colombia de Conservación Internacional, admite que no tienen autorización para el trabajo de la estación Mosiru Itajura. Argumenta, sin embargo, que no están utilizando recursos genéticos. “Esto es para conocimiento de la ecología de la región”.
Otro caso
En el 2002, el químico Abimael Rodríguez, de la Universidad de Puerto Rico, y el biólogo Juan Armando Sánchez, director del laboratorio de Biología Molecular Marina de la Universidad de los Andes, colectaron coral blando en San Andrés y lo llevaron a Puerto Rico.
Aseguran que, en laboratorios de la Universidad de Puerto Rico, identificaron 13 nuevas moléculas sintetizadas por este animal. Moléculas que, según los profesores Rodríguez y Sánchez, tienen propiedades antiinflamatorias y antitumorales.
Todo hasta ahí estaría perfecto, si no fuera porque los dos investigadores no han obtenido el permiso para acceder al recurso genético del coral.
Sánchez asegura que la investigación, que se demora tres años más, no tiene nada que ver con los genes del animal y que no necesita permiso. “Las moléculas que hemos aislado son subproductos del metabolismo. La química secundaria no tiene una base genética. Además, lo que hemos hecho es de libre acceso y no se ha patentado nada”, agrega.
El reconocido genetista Emilio Yunis dice otra cosa. “Claro que accedieron al material genético. Para que no se dejen engañar, el análisis metabólico del que hablan consiste en partir una molécula en pedacitos para tener una serie de sub productos, pero para aislar la molécula se tiene que acceder al recurso genético. No al ADN, sino a la molécula, que es producida por el ADN”, puntualiza.
De hecho, la decisión 391 de la Comunidad Andina especifica que el recurso genético está compuesto por el material en sí, el producto derivado (por ejemplo, las moléculas) y el conocimiento tradicional (en Colombia hay 80 pueblos indígenas dueños de ese conocimiento) asociado a ese recurso genético.
“Si se quiere acceder a cualquiera de esos tres elementos, tiene que cumplirse un contrato de acceso al recurso genético”, advierte un funcionario del Ministerio del Ambiente.
Fuente de desarrollo industrial
Con base en las propiedades de las moléculas de material genético se hacen investigaciones para desarrollar productos farmacéuticos, cosméticos, textiles, alimenticios, etc.
Cada vez que se descubre una molécula se determinan sus aplicaciones, se copia en un molde idéntico y se patenta, para que más nadie pueda usarla sin pagar por sus propiedades, extraídas de especies de países megadiversos como Colombia. En la Cumbre Mundial de la Tierra de 1992 se exigió una distribución equitativa de las ganancias que genera la explotación de los recursos genéticos.
Para el especialista Gabriel Nemogá, el Estado colombiano está violando el convenio de la ONU sobre Diversidad Biológica, que nació en esa reunión y al que está suscrito desde 1994.
“El país podría haber definido en una legislación específica si quiere beneficios monetarios, en transferencia de tecnología o materiales para las comunidades indígenas y negras, en cuyos territorios se hacen estas investigaciones”, dice.