Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

“Constituyen violaciones al procedimiento de consulta y por ende un incumplimiento de la sentencia”, afirman.

"Las comunidades de la sierra norte de Puebla aseguraron que no permitirán que el gasoducto Tuxpan-Tula atraviese sus tierras, ante la violación al derecho de los pueblos de ser informados y consultados previamente".

"A lo largo del mes tendremos muchas movilizaciones en todo el país. Y el movimiento sindical y popular está discutiendo el llamado a una huelga general para demostrar a la burguesa que ellos podrán tomar al gobierno por asalto, pero si la clase no trabaja y no produce no habrá bienes ni mercaderías en las sociedad".

Organizaciones de la Sierra Norte de Puebla rechazaron las consultas públicas organizadas por el gobierno o las empresas respecto a los proyectos mineros e hidroeléctricos en esa región, y aseguraron que tras una reflexión en sus comunidades llegaron a la “conclusión contundente” de que no los quieren y no necesitan ser preguntados para que los convenzan de lo contrario.

El pasado lunes, en el marco de la conmemoración del día de la Pachamama, diversas organizaciones nucleadas en la “Multisectorial contra la Ley Monsanto de Semillas” se congregaron en las puertas del Ministerio de Agroindustria de la Nación para denunciar el trato silencioso de la inminente reforma de la “Ley de semillas y creaciones fitogenéticas” (Ley Nacional Nº 20.247).

Una jornada interregional macro zona centro sur denominada: “territorios, derechos humanos y movimientos sociales”, se realizará en Temuco, la que contempla un foro abierto el día viernes a las 17 horas, en la Facultad de Medicina de la Universidad de la Frontera de Temuco.

"Ante unas 250 personas, entre afectados y representantes de 18 estados se leyó la declaratoria en la que demandan cancelar de inmediato todas las concesiones mineras".

Las autoridades indígenas piden declarar inconstitucional el uso de los organismos vivos modificados y expulsar el protocolo de Nagoya del ordenamiento jurídico de Guatemala, por promover despojo, privatización y uso lucrativo de conocimientos ancestrales.