Defensa de los derechos de los pueblos y comunidades

CIVICUS conversa con Saúl Baños, abogado de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica de El Salvador y Director Ejecutivo de una de las organizaciones que la integran, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho. El entrevistado relata una historia de éxito de la sociedad civil en su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, y da cuenta de los desafíos pendientes.

El domingo 4 de junio Cumaral votó masivamente en una consulta popular para decidir si se permitía o no la actividad petrolera en su territorio. El 97,04 por ciento de los votantes (7475 personas) rechazó “la exploración sísmica petrolera, la perforación exploratoria y la producción de hidrocarburos”.

Pobladores y comuneros indígenas de Santa Cruz Ayotuxco, del estado de México, detuvieron las obras de la autopista Toluca-Naucalpan al asegurar que tienen un amparo de suspensión de la construcción otorgado por las autoridades federales, quienes determinaron que los habitantes son los propietarios de las tierras.

“A nosotros nos afecta enormemente en cuestión de la economía familiar porque es nuestro sustento. Nosotros vivimos del campo, del maíz que nosotros producimos para nuestro consumo; de lo que las abejas nos dan, de la miel que es para comercializar y sostener los gastos y los estudios de nuestros hijos y todo eso se está acabando”, sostiene Mario Alfredo Contreras Ramírez.

Una forma de rendir homenaje a la lucha indígena del llamado “Baguazo”, es analizar con profundidad no sólo sobre lo ocurrido, sino sus antecedentes, impactos y lecciones.

Una decena de organizaciones presentaron hoy el Movimiento para la Defensa del Agua, del Territorio y la Vida (Modatv), frente social contra la privatización del agua en el estado y la Ley de Aguas, y a favor de garantizar en el estado el derecho humano al agua, priorizando el uso agrícola y ganaderos sobre el industrial.

Las compañías trasnacionales que operan en México llevan a cabo sus megaproyectos sin respetar el derecho de los pueblos originarios a ser informados y consultados al respecto, lo cual genera un gran número de conflictos socioambientales, en los cuales los activistas que denuncian estos abusos suelen ser víctimas de amenazas y agresiones.

Las conclusiones de los 29 trabajos de investigación serán entregadas en formato digital en la Universidad Andina Simón Bolivar. "Un acto que tiene que ver con la situación sufrida en octubre del año pasado cuando toda la información que existía en papel de nuestro trabajo, fue puesto bajo cadenas por orden del decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR".