Surinam: indígenas sufren con actividades mineras
La Asociación de Líderes de Aldeas Indígenas de Surinam, Stichting Sanomaro Esa, la Asociación de Autoridades de los Saramaka y el Programa Forest Peoples han presentado cuatro informes conjuntos ante el Comité de Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas (el Comité CERD)
La última presentación, en enero de 2005, se centró en la inminente aprobación por parte de la Asamblea Nacional de una Ley de Minería que es racialmente discriminatoria.
Este proyecto de ley quedó pendiente del resultado de las elecciones nacionales. Sin embargo, ahora que éstas han sido superadas y que la misma coalición de partidos que formó el gobierno anterior ha mantenido una mayoría simple en la Asamblea Nacional y formará el nuevo gobierno, el proyecto de ley está nuevamente en la agenda y su aprobación es inminente. La preocupación es manifestada por el anuario El Mundo Indígena 2006, elaborado por el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA).
Aproximadamente 50.000 habitantes indígenas y tribales (el 10% de la población) viven en más de 50 aldeas en el interior de Surinam. Cinco grupos culturalmente distintos de maroons (ndyuka o aukaner, saramaka, paramaka, aluku o boni, matawai, y kwinti) y cuatro grupos amerindios (wayana, carib, arowak y trio) viven a orillas de los ríos al este del país, donde se concentran las actividades de minería aurífera.
Según el documento en 2005 se cumplió el 30° aniversario de la independencia de Surinam de Holanda y también se llevaron a cabo las quintas elecciones generales. Si bien las elecciones han sido en general libres y limpias desde la independencia en 1975, Surinam ha tenido que lidiar con temas de derechos territoriales y periódicos estallidos de violencia.
En Surinam occidental se han otorgado concesiones a BHP/Billiton y Suralco/Alcoa, que planean construir una represa hidroeléctrica que obligará a los amotopo, una comunidad indígena trio, a abandonar sus tierras e inundará los territorios de al menos cuatro otras comunidades (wanapan, section, washabo y apura). En el este, el Estado ha otorgado concesiones auríferas a Auralco/Alcoa y Newmont Mining en las tierras tradicionales del pueblo paramake maroon. Los indígenas están siendo excluidos de estas tierras y ya no pueden realizar allí sus actividades de subsistencia.
Además se estima que en el interior de la región de la selva tropical los mineros arrojan entre 30 y 60 toneladas de mercurio al medioambiente a lo largo del Río Rapanahony (Drietabbetje, Arroyo Sella y Godo Olo), que es utilizado para extraer oro del suelo y de los sedimentos del río (Pollack et al. 1998, Gray et al. 2002). Los mineros y quienes viven en las aldeas aledañas también están expuestos al envenenamiento con mercurio, y se teme que debido a esto esté aumentando la incidencia de defectos de nacimiento en los niños y la toxicidad en los adultos.
El anuario concluye que sin atención inmediata y urgente, los pueblos indígenas y tribales - que siguen sin tener derechos garantizados y remedios efectivos - sufrirán un daño irreparable a su integridad física y cultural, y a su dignidad y bienestar individual y colectivo. Las comunidades indígenas y tribales deben ser consultadas antes de la aprobación de la Ley de Minería.
Deben ser tomadas en cuenta sobre todo aquellas iniciativas de conservación, extracción y manejo de recursos que tengan un impacto directo sobre sus tierras.
Más aún, los aldeanos deberían estar al frente de los esfuerzos por implementar programas a largo plazo para monitorear y mitigar los efectos del mercurio proveniente de las minas de oro en la salud de su comunidad y su medioambiente.