Perú: la Ley Avatar
"El gobierno de Alan García ha lanzado en el complaciente Congreso un proyecto de ley que busca formalizar el desalojo compulsivo de comunidades campesinas y nativas. Y lo hace bajo la premisa más simple: que estos desalojos sean necesarios para la implementación de proyectos de desarrollo de interés público superior”
Aprobando el desarraigo y el desplazamiento
Si el lector tenía alguna duda sobre la voluntad de este gobierno en desalojar a las comunidades campesinas y nativas de sus tierras, ahora quedará convencido. Si se dejó convencer por el lenguaje manicurado de algún científico social que defendía tibiamente el Baguazo, pues deberá releer los hechos con acuciosidad.
El gobierno de Alan García ha lanzado en el complaciente Congreso un proyecto de ley que busca formalizar el desalojo compulsivo de comunidades campesinas y nativas. Y lo hace bajo la premisa más simple: que estos desalojos sean necesarios para la implementación de “proyectos de desarrollo de interés público superior”.
El proyecto de Ley 3817/2009-PE del 4 de febrero de 2010 considera que es válido someter a la población de comunidades campesinas y nativas a desplazamientos forzados, avalados por el Estado y justificados “por interés público superior”, para favorecer a proyectos de desarrollo aprobados por el mismo gobierno.
Es decir, esta es una propuesta de ley destinada a los ciudadanos de segunda clase, que sí pueden ser removidos de sus tierras, para los que no existe propiedad. Es una propuesta que, con la excusa de permitir proyectos de desarrollo, termina por demostrar la poca valía que para este gobierno tiene el ciudadano.
La excusa de García para este proyecto de ley es falaz: la naturaleza de un proyecto de desarrollo (en el sentido social) es concebir su evolución y efectos en servicio a una comunidad y a un territorio específico, no siendo pertinente para su ejecución el desplazamiento de la población supuestamente beneficiada.
Lo que en la práctica permite esta norma es clasificar cualquier emprendimiento en base no a su componente funcional sino a la contraparte social, de necesaria implementación. El gobierno aprista ha tomado la Ley 28223 dada en el gobierno de Alejandro Toledo, una ley cuya trascendencia se lee en la protección de los derechos humanos de la población menos favorecida, y la está vaciando de contenido para convertirla en la justificación para la disminución de derechos.