Panamá: unánime derogación de ley minera que causó fuertes protestas
El Congreso panameño aprobó este viernes por unanimidad en tercer debate un proyecto de Ley que derogó la normativa de febrero pasado que reformaba el Código de Recursos Minerales y que causó multitudinarias protestas de movimientos sociales e indígenas que rechazaban la norma por considerarla dañina a sus territorios
Miembros de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y el Derecho del Pueblo Campesinos reaccionaron con alegría a la demorada decisión pues habían dado un plazo para su aprobación que se cumplía este viernes.
La institución convocó a la comunidad indígena a una reunión el próximo domingo para informarles oficialmente los alcances de la derogación de la polémica Ley.
Además se espera que el próximo lunes se inicie la denominada mesa de diálogo en esa misma provincia para discutir lo que los indígenas plantean como un nuevo proyecto de ley Minera.
Según expertos, la derogación no devuelve a la vida jurídica normas eliminadas sobre regalías, y aparentemente las empresas no están obligadas a pagar ni el 2,0 por ciento de antes ni el 5,0 que exigía la Ley modificada.
El pasado 2 de febrero, las comunidades indígenas y representantes del Gobierno panameño habían iniciado negociaciones en torno a la Ley minera.
Días antes, el Gobierno se había comprometido con los indígenas a crear una Ley para prohibir la exploración y explotación minera en sus territorios, así como a liberar los detenidos en las protestas a cambio de la apertura de carreteras, que eran bloqueadas por miles de manifestantes.
Las manifestaciones contra la normativa comenzaron el pasado 23 de febrero, y dejaron un veintena de detenidos.
Los indígenas panameños pese a la represión continuaron la lucha por la derogación de la ley.
La Ley 8, decretada el 11 de febrero por el Gobierno y avalada por el Congreso, permitía la explotación a cielo abierto de los yacimientos minerales, en especial el cobre.
Además, ese instrumento jurídico facilitaba la intervención de empresas extranjeras con el peligro de una pérdida de soberanía en el sector.
El Gobierno panameño trató de apaciguar sin éxito el descontento indígena con un decreto que prohíbe la extracción minera en territorios nativos.
Panamá cuenta con reservas de oro y cobre que, según las autoridades, podrían convertirse en la segunda fuente de ingresos después del canal interoceánico que atraviesa el país centroamericano.