México: soslaya la ley sobre bioseguridad efectos nocivos de los transgénicos

Maíz cultivado en México, eje de la alimentación de la mayoría de la
población, ya fue contaminado por organismos genéticamente modificados.
Libremente, son comercializados en el mercado productos como jitomate,
papa, algodón y soya que fueron alterados en su estructura genética. En el
Congreso está por ser liberada una ley que sobre todo defiende los
intereses de seis empresas, todas trasnacionales, que desean comenzar a
hacer negocio en grande aquí. Los campesinos enfrentan el riesgo de tener
que pagar regalías por el uso de semillas que han empleado por
generaciones. La proliferación de transgénicos, sin que existan mecanismos
de control y seguimiento sobre sus efectos en la salud y el medio ambiente,
no es una posibilidad. Se trata de un hecho real, que no ha sido normado y
que la nueva legislación mexicana en la materia simplemente soslaya, de
acuerdo con expertos.
"México es un caso delicado: por un lado es depósito de una buena parte de
la riqueza genética del mundo, pero por otro se está convirtiendo en un
basurero internacional de productos de transgenia", expone Ignacio Chapela,
investigador de la Universidad de Berkeley, y autoridad en la materia.
"La intención es que México, al abrirse al cultivo y comercio de
transgénicos, contribuya a derribar las resistencias que persisten en el
mundo en desarrollo a estos productos", dice el especialista.
Una llamada Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados,
que ya fue aprobada en lo general en las cámaras de diputados y senadores
en diciembre pasado, "está abriendo la puerta a las trasnacionales para
empezar a mover su negocio en México", comenta por su parte María Colín,
responsable de la campaña de transgénicos de Greenpeace.
El traslado del ámbito de la investigación al de la producción en masa con
fines comerciales de organismos modificados genéticamente ha encontrado
gran oposición en Europa y Estados Unidos, país este último en donde se
originan la mayoría de estos organismos y las corporaciones que quisieran
recibir pagos por ellos.
Ignacio H. Chapela pregunta: "¿por qué la urgencia de pasar en México una
ley de promoción de la transgencia, como la diseñada por el Congreso?".
El especialista plantea: "La única razón que yo encuentro es proteger el
interés de empresas que ya llevan invertidos 220 mil millones de dólares
(alrededor una tercera parte del producto interno bruto de México) y casi
un cuarto de siglo en una manipulación que no ha traído prácticamente
ningún beneficio económico.
"Es claro para mí que, ante la negación de los países más industrializados
-y en general más informados al respecto--de pagar tal deuda adquirida por
las corporaciones productoras de transgénicos, el esfuerzo tanto de esas
corporaciones como del Departamento de Estado estadounidense es por obligar
a los países menos industrializados a recibir estos productos y a través de
ellos cubrir la deuda adquirida por aquellos".
El mercado mundial de semillas modificadas genéticamente está dominado por
cinco empresas, lideradas por Monsanto. La oposición de amplias capas de la
población a esta tecnología, que sus apologistas prácticamente ubican como
la solución a los problemas de hambre en el mundo, ha provocado que la
mayoría de compañías no logren las tasas de rentabilidad que desean.
Un caso ocurrió esta misma semana, cuando la firma mexicana de ingeniería
genética Seminis fue comprada por Monsanto, luego de que su fundador, el
regiomontano Alfonso Romo perdió la apuesta, en el terreno empresarial, de
haber jugado fuerte a favor de los transgénicos.
"El tema de la liberación comercial de transgénicos requiere todavía de
mucha discusión", apuntó María Colín, la especialista de Greenpeace.
La ley discutida en el Congreso en diciembre pasado, que para completar la
aprobación legislativa solo requiere que los senadores se pronuncien
respecto de cambios menores dispuestos por los diputados, tiene serias
carencias y, en esencia, responde a los intereses de las trasnacionales del
sector, opinó.
Citó que la legislación no establece normas claras en el tema de las
patentes, uno de los puntos de más fuerte discusión en el mundo. Está
relacionado con el hecho de que las trasnacionales introducen alguna
variación genética de las semillas y las integran a paquetes de cultivo que
incluyen fertilizantes o plaguicidas. Cualquier agricultor que use esas
semillas debe pagar regalías, así se trate de cultivos tradicionales como
maíz, soya, algodón, etcétera. En Canadá y Estados Unidos existen varios
juicios de las compañías contra agricultores que se han negado a pagar
derechos.
Incierto control de los organismos genéticamente modificados
La ley que prácticamente ha sido ya aprobada en el Congreso mexicano, con
el voto a favor de los partidos Acción Nacional y Revolucionario
Institucional, tampoco ofrece garantías de que en México haya capacidad de
seguimiento y control de organismos modificados genéticamente, desde que es
liberado hasta su destino final. En otras naciones existe un marco
institucional y técnico para detectar cualquier incidente con un organismo
genéticamente modificado, con el fin de que sea retirado del mercado.
El riesgo de estos organismos no está suficientemente estudiado, como
establece Michael Hansen, director del Consumer Policy Institute, una
división de la Asociación de Consumidores de Estados Unidos. El
especialista cita estudios que muestran que la ingesta de organismos
modificados genéticamente puede alterar la capacidad del organismo para
asimilar los antibióticos.
Este miércoles, en El Colegio de México, especialistas en la materia, entre
ellos Hansen, abordarán el tema Bioseguridad: marco legal para el
desarrollo sustentable, en la sala de videoconferencias de la institución.
Las pláticas podrán ser seguidas en línea a través de www.colmex.mx.

La Jornada, México, 26-1-05