México: privatización de litorales y uso de plaguicidas
Sin publicidad pagada por las grandes compañías refresqueras o telefónicas, pero sí con el apoyo decidido de las instancias oficiales, México se apresta a sumar al concierto de las naciones una maravilla más: la primera isla amurallada de los tiempos modernos. No competirá en belleza con Cartagena, San Juan o Campeche. Esta es única en su tipo
Nos referimos a Cozumel, donde las incontables construcciones en la zona marítima federal acaban cada día con los accesos al mar y desvirtúan el paisaje. Según los lugareños, el malecón de la isla ha perdido en las dos últimas décadas la casi totalidad de su paisaje marino.
Hace dos años, en febrero, la ciudadanía de Cozumel, encabezada por quienes entonces andaban en campaña para algún cargo de elección popular, realizó la marcha Ventanas al Mar con el fin de protestar por la privatización del litoral y exigir que las autoridades locales y federales no concedieran más permisos para construir casas, hoteles, restaurantes, clubes de playa y otros negocios en la zona marítima. Pero los mismos políticos, destacadamente el actual presidente municipal, Gustavo Ortega, o la diputada federal Ady Joaquín, que marcharon en febrero de 2005, ahora que tienen cargo se olvidaron de las promesas que hicieron para impedir que Cozumel tenga cada vez menos ventanas al mar, problema que se observa en otras áreas costeras turísticas del país, como Nayarit, Jalisco, Guerrero y Veracruz. En el norte del país las cosas no pintan mejor.
Considerado la cuna de la revolución verde, el Valle del Yaqui, en Sonora, es también uno de los cementerios de sustancias tóxicas y peligrosas más grande de América Latina. Cada año cientos de toneladas de agroquímicos son aplicados allí en los cultivos comerciales. Los agroquímicos son componente básico del paquete tecnológico que sustenta a la revolución verde. Pero esos compuestos afectan la salud pública y el ambiente.
En el Yaqui, miles de familias indígenas, así como los jornaleros agrícolas procedentes de otras regiones, están expuestos a sufrir diversas enfermedades: cáncer, entre ellas. Hace 20 años se aprobaron medidas para prevenirlas, pero sin resultados visibles. Ahora las autoridades iniciaron la recolección de los envases en que se venden los agroquímicos. Durante años han sido usados por la población local para almacenar agua y productos diversos. Hasta el momento se han recolectado más de 15 toneladas de envases. Pero sigue como asignatura pendiente garantizar la salud de las familias yaquis, los jornaleros y demás personas expuestas a los efectos nocivos de los plaguicidas.
Precisamente el jueves se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Fue ocasión para que gobiernos y organismos internacionales destacaran la contribución de esos pueblos a la protección del medio ambiente y en las tareas para combatir el cambio climático.
En México, donde uno de cada 10 habitantes es indígena, viven en las zonas que albergan la mayor biodiversidad del país. Además, han acumulado una sabiduría sobre el medio ambiente que utilizan, cuando les es posible, para contrarrestar, por ejemplo, los efectos de los desastres naturales. Son ellos los guardianes por excelencia de la diversidad genética, en especial de los cultivos que son la base de la alimentación nacional, como el maíz. Pero esa contribución no se expresa en los programas de gobierno ni en la participación real de los indígenas en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan su vida y entorno.
Buena parte de las víctimas de los plaguicidas en el país son indígenas, lo mismo en Sonora que en Nayarit o Chiapas. También son víctimas de los programas agropecuarios, que en vez de diversidad alientan el monocultivo y el uso de paquetes tecnológicos que los hacen dependientes de los grandes consorcios productores de semillas, fertilizantes y otros productos químicos.
En la celebración del jueves se recalcó que en todo el mundo 400 millones de indígenas padecen exclusión y pobreza extrema. México es un buen ejemplo de ello, como demuestran las estadísticas oficiales y la realidad. Cada sexenio los funcionarios prometen acabar con esa injusticia, pero todo queda en declaraciones.