México: en pobreza alimentaria, 18 millones; "no tienen garantizada su comida"
En México cerca de "18 millones de habitantes no tienen garantizada su comida" al encontrarse en pobreza alimentaria, lo cual se agudiza por la carestía de productos básicos, señalaron organizaciones integrantes de la campaña Sin Maíz no hay País, el Hambre no Espera
Indicaron que ante esta realidad es urgente elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación en México, así como la aprobación de la ley de planeación para la seguridad y soberanía agroalimentaria y nutricional, la cual se encuentra "atorada" en el Congreso desde 2005.
Martín Velázquez, integrante del Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ), Enrique Pérez, coordinador de prensa y comunicación de la Asociación Nacional de Empresas Comercializa- doras de Productos del Campo (ANEC), y Dinora López, de la Red Internacional por el Derecho Humano a Alimentarse (FIAN, por sus siglas en inglés), lamentaron que la propuesta de elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación no avance, pues desde 1992 que se hizo la petición no se ha tenido respuesta por parte de la Cámara de Diputados.
En el marco de la asamblea por la soberanía alimentaria del Valle de México –reunión preparatoria para el congreso nacional de la citada campaña los días 30 y 31 de octubre– indicaron que desde hace casi tres años la mencionada ley sobre seguridad y soberanía alimentaria se encuentra en la Cámara de Senadores y agregaron que con este marco legal se podría enfrentar de mejor forma la crisis alimentaria a nivel nacional.
Abundaron que con esta ley, cuya propuesta nació en 2003 con el movimiento el Campo no Aguanta Más, se establece la obligatoriedad de establecer presupuestos multianuales para el agro y mecanismos que permitan articular de mejor forma la planeación de políticas públicas para el sector, así como el ejercicio en tiempo y forma del presupuesto del campo.
Velázquez puntualizó que con la ley de planeación agrícola se podría reconstruir el mercado interno de productos del campo y se reconocería el valor de lo que producen los campesinos, lo cual incentivaría el consumo de productos nacionales y se fortalecerían los mercados regionales.
Indicó que la iniciativa posibilitaría establecer un rechazo sistemático al ingreso y cultivo de transgénicos en el país y eventualmente lograr que se renegocie el TLCAN.
Dijo que se requiere un cambio radical de las políticas públicas dirigidas al campo, empezando no por sólo tener mayor presupuesto, sino que estos recursos lleguen a los campesinos pobres y no se queden en los agroindustriales.