Mexico: denuncian "coacción" para integrarse a proyectos agrarios
Aplicación "forzada" del Procede y Procecom: Durante un acto en San Isidro, municipio de San Gabriel, en el estado de Jalisco, protestaron por la imposición de los citados programas y conmemoraron el asesinato de Emiliano Zapata, ocurrido el 10 de abril de 1919
Indígenas y campesinos de 14 ejidos y organizaciones sociales de Jalisco, Michoacán y Colima exigieron que cese en forma inmediata "la ilegal imposición del Programa de Certificación de Derechos (Procede) y del Programa de Certificación en Comunidades (Procecom) en comunidades de la región occidente y en todo el país", y advirtieron que en caso de que continúe la política "coactiva" de los gobiernos federal y locales para obligarlos a incorporarse a estos programas, incrementarán sus acciones de resistencia civil y acudirán a las instancias internacionales para solicitar la protección de sus derechos territoriales y autonomía.
Los asistentes manifestaron su "profundo rechazo" a la gestión del procurador agrario, Isaías Rivera, por la "ilegal campaña que ha desatado en todo el territorio nacional para obligar la incorporación de los núcleos agrarios al Procede y su profunda parcialidad a favor de quienes han despojado el patrimonio comunal y ejidal de nuestros pueblos".
Le reclamaron también haber servido de asesor de la trasnacional Nutrilite en su litigio de tierras en contra del ejido de San Isidro.
Los asistentes se congratularon en la Declaración de San Isidro, en la que la asamblea general de ejidatarios de esta comunidad determinó rechazar la aplicación del Procede en las tierras de su ejido, y exigieron a la Procuraduría Agraria respeto absoluto a esta decisión.
Los asistentes reafirmaron su convicción en defensa de las tierras, montes y aguas de sus comunidades y criticaron las políticas neoliberales que impulsa el gobierno, que en "complicidad con los grandes capitales", han provocado en los últimos 20 años destrucción en las comunidades y territorios, migración forzada de familias a las ciudades o al extranjero y el deterioro de la economía campesina.Subrayaron que las reformas al artículo 27 constitucional de 1992, así como la aplicación del Procede y Procecom, "no tienen otro fin que la privatización de las tierras ejidales y comunales, así como la apropiación de nuestros recursos naturales a favor de las grandes empresas".
Insistieron en que estas políticas antiagrarias han provocado que sus milpas estén siendo contaminadas con maíces transgénicos, mientras que el agua y los recursos naturales que conforman el patrimonio de sus comunidades y de la nación están pasando a manos de unas cuantas personas.
Exigieron el cese del condicionamiento de los subsidios gubernamentales a la "forzada" incorporación a los programas de certificación. Indicaron que en comunidades de Cuzalapa, Ayotitlán y San Andrés Cohamiata, Jalisco, el Procede se aplicó violando las leyes federales.
La Jornada, México, 12-4-05
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