México: afectados por presas exigen a Fox parar planes
Al concluir un recorrido por los proyectos de construcción de presas en Nayarit, Jalisco, Guerrero y Chiapas, integrantes del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), pidieron al gobierno del presidente Vicente Fox dejar de actuar irresponsablemente y generar desplazados internos por dichas obras
Los afectados -la mayoría ejidatarios y comuneros- presentarán sus casos a organismos internacionales y sus testimonios a diversas organizaciones sociales de México porque "el gobierno no puede seguir tapándose los ojos y dejar de escucharnos", destacó Felipe Flores Hernández, afectado por la construcción de la presa La Parota
Durante nueve días, Mapder denunció que con esas obras se rompe el tejido social de las comunidades.
Desaparecen sus costumbres, sus fuentes de trabajo y se propicia un daño ambiental que conlleva escasez de agua y el deterioro de los suelos para los cultivos.
El recorrido comenzó en Guerrero, donde el gobierno federal pretende construir la hidroeléctrica La Parota; pasaron a Cuautla, donde la puesta en marcha de la gasolinera Millenium afectará el principal acuífero del municipio, y continuaron en la presa Villa Victoria, en la zona mazahua. Después se dirigieron a Jalisco y Nayarit, donde hay siete casos de destrucción ecológica.
Unificados con movimientos latinoamericanos, desde Chile -con los indígenas mapuches- hasta Centroamérica, que se une a México con el Plan Puebla Panamá, los integrantes del Mapder confían en el respaldo social para detener la destrucción de pueblos, contaminación de ríos, y que el agua no sea entregada "a trasnacionales".
Rodolfo Chávez recordó que en los países del primer mundo ya se dejaron de construir presas de la magnitud como las pretende seguir construyendo México, pues se ha comprobado que su vida útil es de 50 años máximo y los daños sociales y ecológicos rebasan ese periodo; "sólo en Estados Unidos hay 60 presas desmanteladas".
Comentó que la pretensión de países desarrollados es trasladar los costos sociales y ambientales a naciones en vías de desarrollo y por ello siguen convenciendo a los gobiernos, en este caso de Latinoamérica, para que construyan dichas obras. "Son proyectos de inversión trasnacional que no benefician a la sociedad, sino a los capitales; ahí está el caso de La Parota, que afectará a 25 mil personas; la de El Cajón alterará la vida de 7 mil habitantes, y los daños y mortandad que generarán los proyectos de Jalisco y Nayarit".
Como ejemplo, en la presa El Zapotillo debería realizarse un estudio de impacto ambiental por el trasvase de agua de la cuenca del río Santiago a la cuenca del río Lerma; en la hidroeléctrica de Arcediano, la Organización Panamericana de la Salud no ha concluido el estudio y por tanto no hay una garantía de que esas aguas contaminadas no representarán un riesgo para la salud de la población de la zona metropolitana de Guadalajara.
El movimiento denunció las amenazas de muerte en contra de José Francisco Villa Montes, comisario del ejido de Cantiles, municipio de Santa María del Oro, Nayarit, quien ha encabezado las protestas en contra de la hidroeléctrica El Cajón.