México: acuerdos de San Andrés; 11 años después
El 16 de febrero de 1996, después de un largo y complicado proceso de negociación entre el gobierno federal y el EZLN, se firmaron los primeros acuerdos de paz entre ambas delegaciones
A once años de ese acto esperanzador, sucedieron múltiples acontecimientos que echaron abajo lo andado.
Como una pequeña recapitulación de esta etapa de la vida política mexicana podemos destacar lo que sigue:
1. Los acuerdos de paz en materia de derechos y cultura indígenas fueron pactados en el marco de una negociación amparada por la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz digna en Chiapas, aprobada por unanimidad en el Congreso de la Unión el 11 de marzo de 1995. Los acuerdos de San Andrés Larráinzar no son resultado de una ocurrencia, ni de un momento de inspiración, sino la conclusión de un proceso de negociación que contó con el respaldo, la autoridad y el compromiso de todas las fuerzas políticas del país y todas las instituciones de la República.
2. La elaboración de la iniciativa de modificaciones constitucionales en materia indígena derivada de dichos acuerdos fue redactada en San Cristóbal de las Casas por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), en noviembre de 1996, por acuerdo de las partes: gobierno federal y EZLN.
3. La iniciativa de ley es una trascripción puntual de los acuerdos de paz firmados. El contenido de la iniciativa de ley indígena de la Cocopa es el contenido de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, ni más ni menos.
4. A pesar de tener el aval de sus representantes, el ex presidente Zedillo desconoció en la práctica, en los hechos, los acuerdos que firmó su gobierno.
5. El ex presidente Fox presentó la iniciativa de la Cocopa en un acto mediático de propaganda política poselectoral, pero jamás la defendió. La supuesta resignación frente al texto final del dictamen y a la desnaturalización de los acuerdos de San Andrés, contrastó frente a la actitud que asumió el Ejecutivo federal en la reforma fiscal y eléctrica.
6. El procesamiento de la iniciativa de ley Cocopa se realizó en un contexto donde los grandes ausentes en la discusión fueron los propios indígenas. El dictamen aprobado por el Congreso no contempla a las comunidades indígenas como entidades de derecho público, no les reconoce dominio y jurisdicción en sus tierras y territorios sobre los recursos naturales, salvo aquellos que son del dominio de la nación; no garantiza los derechos políticos de los indígenas, como tampoco permite la asociación de comunidades y municipios indígenas, entre otras grandes omisiones.
7. En este proceso el papel de la Cocopa ha sido irrelevante en tanto sus miembros no ejerzan a plenitud las facultades republicanas que la ley les otorga. La decisión y voluntad por la paz pueden ser los elementos que le permitan jugar un papel más significativo en un nuevo esfuerzo por la paz.
8. No obstante, la iniciativa Cocopa sigue vigente. Ante la ausencia de resultados en el proceso de paz y el rechazo de los pueblos indígenas a la reforma constitucional aprobada, un grupo de más de 160 legisladores volvimos a presentar dicha iniciativa a la Cámara de Diputados, en febrero de 2002. El hecho de que esta nueva presentación haya sido firmada por diputados, que incluso votaron a favor de la misma, habla del reconocimiento de que la reforma aprobada no respondió ni a las expectativas de los indígenas ni al proceso de paz.
9. Retomar el camino del diálogo en Chiapas pasa por la reposición del procedimiento legislativo para discutir en forma republicana y conforme a lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, la iniciativa Cocopa.
Presentar otra iniciativa indígena con una interpretación de lo que a nuestro entender carece, la aprobada por el Senado, sólo contribuiría a generar mayores niveles de confusión.
10. Para ello es necesario que el gobierno federal, el Congreso de la Unión, las direcciones partidarias y los grupos parlamentarios construyan juntos un nuevo escenario a favor de la paz. La reforma del Estado tan mentada en los discursos, pero escasa de hechos verificables, puede ser la puerta de entrada al redimensionamiento del Diálogo Nacional para la Reforma del Estado. Sin embargo, este proceso sin los zapatistas está condenado al fracaso.
El EZLN no tiene por qué confiar en las instituciones de la República, todas le fallaron. Por ello, son éstas las que tienen la responsabilidad de construir una nueva
alternativa que destrabe el proceso de paz. Recuperar la confianza no es ni será un proceso sencillo. La solución se ha pospuesto, pero no está resuelta. El silencio oficial no puede ocultar la traición a los acuerdos de San Andrés.
De nuestra parte el compromiso con los zapatistas es inclaudicable: hasta alcanzar una paz con
justicia y dignidad y el reconocimiento a su lucha y a su causa.
PD: Si el ex presidente Vicente Fox presume de haber violado la ley y el gobierno se lo permite, estamos ante un Estado conformado por cómplices y delincuentes. ¿Cuál es la autoridad moral del gobierno para combatir la ilegalidad, si el propio ex titular del Ejecutivo reconoce con cinismo y descaro el carácter delincuencial de sus actos como gobernante?
moc.liamg@zolevoidar