Honduras: protección a ambientalistas
El pasado 31 de mayo, el Movimiento Ambientalista de Olancho (MAO) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas urgentes de protección para garantizar la vida, la integridad y la libertad personal del sacerdote Andrés Tamayo, así como de Víctor Manuel Ochoa, René Wilfredo Gradis, Elvin Noé Lanza, Macario Zelaya, Pedro Amado Acosta, Heraldo Zúñiga y Santos Efraín Paguada
La solicitud se hizo a raíz de las recientes amenazas de muerte contra los ambientalistas, quienes han denunciado reiteradamente la tala ilegal de los bosques de Honduras, especialmente de Olancho, el departamento más grande del país. Hasta hace poco, y por primera vez en la historia de Honduras, tales denuncias tuvieron eco, pues el pasado 19 de mayo el presidente Manuel Zelaya declaró una veda forestal inmediata de la tala de árboles en varios municipios de ese departamento y dio un plazo de una semana para que los madereros desmonten su infraestructura y retiren sus equipos.
Los explotadores de los bosques hondureños culpan al MAO, de la declaratoria presidencial. Es por esto que, el 29 de mayo, en el municipio de Samalá, decidieron darle un plazo de 48 horas al padre Andrés Tamayo, quien encabeza este movimiento, para que se vaya de la comunidad o de lo contrario, afronte las consecuencias.
Estas amenazas fueron públicas e incluso cubiertas por la prensa.
Los líderes del MAO han sido amenazados en reiteradas ocasiones por sus actuaciones en defensa del ambiente.
No obstante la situación se ha visto agravada por la reciente respuesta dada por el presidente Zelaya ante las persistentes acusaciones de este grupo ambientalista.
En reiteradas ocasiones se ha denunciado, nacional e internacionalmente, que en Honduras existe una práctica sistemática de asesinatos de líderes ambientalistas. Desde 1996 han sido asesinados tres integrantes del MAO, Carlos Luna, Carlos Flores y Mauricio Hernández; a la lista deben sumarse los defensores ambientalistas Jeannette Kawas y Carlos Escaleras, entre otros. Todos estos casos han quedado en la impunidad.
Para las organizaciones el Estado hondureño tiene la obligación de adoptar todas las medidas tendientes a garantizar la integridad y la vida de los integrantes del MAO, así como crear las condiciones necesarias para que puedan continuar con la defensa del medio ambiente.
"Reconocemos la importancia de la decisión adoptada recientemente por el presidente Zelaya y consideramos que esta debe ir acompañada por la identificación, procesamiento y sanción de todos los responsables de violación de los derechos de los defensores del medio ambiente".