Honduras: continúan violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán
A causa de la persistencia del cuadro de violaciones a los derechos humanos en la región, nueve organizaciones sociales nacionales e internacionales divulgaron un pronunciamiento internacional "en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán”
El conflicto agrario en el Bajo Aguán, en Honduras, sigue produciendo víctimas. Solamente entre el 18 de marzo y el 15 de junio, fueron asesinados nueve campesinos. A causa de la persistencia del cuadro de violaciones a los derechos humanos de campesinos/as en la región, nueve organizaciones sociales nacionales e internacionales divulgaron, el viernes pasado (17), un pronunciamiento internacional "en contra de la violencia e impunidad imperante en el Valle del Bajo Aguán”.
Las organizaciones revelaron que los asesinatos, las persecuciones y las intimidaciones persisten en la zona incluso después de la Misión Internacional de Investigación sobre las violaciones de derechos humanos en la región del Bajo Aguán, realizada entre los días 25 de febrero y 4 de marzo. "Denunciamos la ola de violencia que continúa sin detenerse, en una región donde la población campesina organizada vive en una situación de permanente peligro y total indefensión, caracterizada por la plena impunidad de los crímenes cometidos”, señalaron.
De acuerdo con las entidades, nueve dirigentes campesinos fueron asesinados en la región en los últimos tres meses. Entre mayo y junio, seis personas fueron gravemente heridas durante las acciones de desalojo. Secuestros y desapariciones también son recurrentes en la región. Entre abril y mayo de este año, por lo menos siete campesinos fueron secuestrados y desaparecidos. Entre ellos está Francisco Pascual López, de la Cooperativa Rigores, desaparecido desde el 15 de mayo.
Los integrantes de movimiento de campesinos tampoco escaparon a las amenazas de muerte. Según el comunicado de las organizaciones sociales, desde el 2 de junio, Antonio Trejo Cabrera, abogado del Movimiento Auténtico Reivindicativo Campesino de Aguán (Marca), ha recibido amenazas de muerte. El abogado ya denunció el hecho a la Dirección General de Investigación Criminal y responsabilizó a dos empresarios de la región por cualquier atentado en su contra y de su familia. De acuerdo con Cabrera, son justamente los funcionarios de seguridad de los dos empresarios los principales autores de las agresiones contra los campesinos.
La prosecución del conflicto agrario en la zona es el resultado de la falta de avances en la legalización de las tierras y la falta de voluntad política para realizarlo. En el pronunciamiento, las organizaciones denunciaron que las disposiciones legales y los acuerdos políticos todavía no fueron implementados. En abril pasado, un año después del Acuerdo firmado entre el mandatario hondureño Porfirio Lobo y representantes del Movimiento Unificado Campesino de Aguán (Muca), las autoridades del país reconocieron el no cumplimiento del tratado y nuevamente prometieron implementarlo.
"El 7 de junio de 2011, el Ministro Director del INA manifestó ante el Consejo de Ministros que la falta de implementación del Acuerdo se debe a la falta de avance en la legalización de la tierra, lo que según el INA, se debe a la falta de voluntad política de los terratenientes y en este caso el señor Miguel Facussé Barjum quien no ha querido aceptar el precio que tiene la tierra y que ha sido establecido de acuerdo a lo establecido en la Ley”, destacaron.
Llamamientos
Ante la prosecución del cuadro de violación a los derechos humanos de campesinos y campesinas en el Bajo Aguán, las nueve organizaciones que firmaron el documento pidieron a las autoridades nacionales y a la comunidad internacional que presten más atención a las acciones que ocurren en la zona.
Entre las demandas solicitadas a las autoridades hondureñas, se destacaron: la investigación y sanción de los delitos y de otras violaciones a los derechos humanos en el Bajo Aguán, el fin de la represión y de la violencia contra el movimiento campesino, la regulación del funcionamiento de las empresas de seguridad privada y el cumplimiento de las disposiciones legales y de los acuerdos políticos relacionados con los conflictos agrarios.
Las organizaciones sociales también extendieron los llamamientos a la comunidad internacional. "Es lamentable que la OEA haya reincorporado a Honduras sin considerar la ausencia de garantías en materia de investigación y sanción de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante y después del golpe de Estado”, consideraron.
Traducción: moc.liamg@leinad.setnarrab