Guyana: los pueblos indígenas siguen sin poder participar
La Asociación de Pueblos Amerindios (APA) escribió una carta al Gobierno de Noruega señalando que no solo el Banco Mundial sino también el CERD de la ONU habían pedido al Gobierno de Guyana que cambiase las leyes y políticas que afectan a los pueblos indígenas de manera que reconozcan sus derechos
En mayo el Gobierno de Noruega anunció que había firmado un protocolo de entendimiento con el Gobierno de Guyana para contribuir con 230 millones de USD a la Estrategia de Desarrollo Basado en un Bajo Nivel de Emisiones de Carbono (LCDS por sus siglas en inglés). Solo quedaba por decidir qué organismo financiero actuaría de intermediario con la responsabilidad fiduciaria de entregar el dinero con el debido cuidado. ¿Podría ser el Banco Mundial? ¿Qué normas seguiría este para entregar el dinero?
Estas preguntas fueron planteadas repetidas veces a empleados del Banco Mundial, quienes respondieron que este tendría que aplicar sus «salvaguardias». Se trata de normas que el personal del banco está obligado a seguir para asegurar que los proyectos de este no sean perjudiciales y formen parte de su «diligencia debida» normal.
La salvaguardia del Banco Mundial para los pueblos indígenas es bastante sólida, aunque no perfecta. Prueba de ello es que dos proyectos anteriores del Banco Mundial propuestos para que Guyana desarrollase su sistema de áreas protegidas tuvieron que ser cancelados porque el Gobierno guyanés no estaba dispuesto a reformar las políticas que afectaban a los pueblos indígenas para reconocer apropiadamente sus derechos. De manera que en las primeras negociaciones el personal del Banco Mundial dejó claro al Presidente de Guyana que si quería que el dinero noruego fluyese a través del banco, este tendría que aplicar sus «salvaguardias», lo que aparentemente no fue del agrado del Presidente. Como consecuencia, se produjo un estancamiento.
La Asociación de Pueblos Amerindios (APA) escribió una carta detallada al Gobierno de Noruega señalando que no solo el Banco Mundial sino también el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU habían pedido al Gobierno de Guyana que cambiase las leyes y políticas que afectan a los pueblos indígenas de manera que reconozcan sus derechos. La APA pidió al Gobierno de Noruega que insistiera en que se respetaran sus derechos. La respuesta de los noruegos fue ambigua, expresada solamente en términos generales y evitando hacer referencia directamente a las cuestiones jurídicas planteadas.
A principios de junio los motivos de esta reticencia quedaron patentes. El Gobierno de Guyana insistía en que el Banco Mundial debía adoptar «instrumentos creativos» para traspasar los fondos noruegos para el clima, lo que le permitiría evitar aplicar las «salvaguardias» del Banco Mundial a todos sus proyectos. Según la prensa guyanesa (junio de 2010), el Gobierno noruego había accedido a este enfoque «creativo», lo que parece indicar que está más interesado en mover fondos que en garantizar derechos. Según el nuevo acuerdo, el Banco Mundial pasará el dinero noruego a Guyana una vez que esta haya cumplido «ciertas normas de referencia» (traducción no oficial). Después el dinero será entregado a otras «entidades asociadas» una vez que hayan presentado propuestas para proyectos relacionados con la LCDS del país, pero cada una solo tendrá que aplicar las salvaguardias específicas que requiera para su proyecto en concreto.
En un informe ( Our Land, Our Future) que acaba de publicar la APA quedó claro hasta qué punto se excluye a los pueblos indígenas. Haciendo un repaso de la última década de participación amerindia en políticas y proyectos que afectan a sus tierras, el informe detalla la rápida expansión de la minería en Guyana gracias a que los precios de los minerales se han disparado en los mercados globales. La explotación del oro a pequeña y mediana escala se ha intensificado y nuevas tecnologías han permitido que las operaciones se expandan por nuevas zonas. Ahora los permisos de exploración en busca de otros minerales, incluido el uranio, cubren aproximadamente dos tercios del país, mientras que nuevos proyectos para desarrollar la industria de la bauxita, con plantas de energía hidroeléctrica y hornos de fusión asociados, plantean graves amenazas tanto en las proximidades de la desembocadura del río Essequibo como en el corazón de las Montañas Pakaraima.
A pesar de que los impactos de la minería sobre los Amerindios son muy severos, el estudio no descubrió nada que demuestre que la Comisión de Geología y Minas de Guyana (GGMC) se haya propuesto firmemente poner freno a los daños. Entre los efectos sociales y ambientales se incluye la pérdida de bosques, la contaminación de vías fluviales, la contaminación por mercurio, la criminalidad, el uso indebido de drogas, la explotación sexual y el abuso de niñas amerindias. Además los propios Amerindios están muy involucrados en la minería, para detrimento de su salud, nutrición y cultura. Los casos de las regiones I, VII y IX en los que se centró el estudio revelaron que incluso cuando se había ayudado a las comunidades a expresar sus inquietudes al Gobierno y a las empresas mineras, estos últimos habían hecho caso omiso. En un caso la GGMC incluso ha desacatado una sentencia judicial para que se detenga la minería en las tierras tradicionales de una comunidad. Se están concediendo permisos a empresas mineras sin consultar debidamente a las comunidades, y no se está respetando su derecho a dar su consentimiento libre, previo e informado (CLPI).
Es probable que los actuales desacuerdos entre los Amerindios y el Gobierno de Guyana en lo que se refiere a los planes de este último para gestionar los recursos naturales solo se resuelvan si se adoptan reformas jurídicas y políticas que reconozcan los derechos de los Amerindios de acuerdo con las obligaciones contraídas por Guyana en virtud del derecho internacional. También hacen falta nuevas iniciativas para controlar la minería, mitigar los efectos sociales y ambientales de esta y asegurar que los Amerindios participan en los planes para reducir las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD) de formas justas y transparentes que respeten sus derechos sobre sus territorios y su derecho a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado para las medidas que les puedan afectar.