“Es posible demandar al Gobierno español”

Bayer, Coca-Cola, Unilever, Cargill, Nestlé, un mundo aparentemente controlado por multinacionales que campan a sus anchas. Uno de los casos más emblemáticos es el de la India: en los últimos diez años más de 200.000 campesinos se han suicidado por no poder pagar las deudas contraídas con la multinacional de la biotecnología Monsanto. Pese a que los supuestos beneficios de los transgénicos son refutados por multitud de organizaciones y científicos, la propaganda sobre sus múltiples beneficios se multiplica alrededor del mundo en lo que la ecofeminista india Vandana Shiva denomina “monocultivo de la mente”. El poder de las multinacionales y los lobbies de la industria biotecnológica en los Gobiernos es un mal muy extendido y el Estado español no se queda atrás. El pasado mes de abril el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino del Estado español (MARM) firmó un acuerdo con el Gobierno de la India para colaborar en materia comercial, agrícola y económica. Un acuerdo que abre literalmente la puerta a los transgénicos al identificar como áreas de cooperación “la comercialización y consumo de los productos agroalimentarios, incluyendo los organismos genéticamente modificados (OGM)”. Como colofón el acuerdo también recoge el “fomento de energías renovables para el impulso en el sector agrario de la biomasa y los biocarburantes”, sin especificar qué tipos de cultivos se van a destinar para la producción de energía. Este acuerdo posiciona al Estado español como catapulta de los OGM en el continente europeo, que cada vez se muestra más reacio a este tipo de cultivos. El pasado mes de marzo, más de 20 países votaban en contra la proposición de la Comisión Europea de suprimir la moratoria sobre el cultivo de transgénicos en la Unión. Un mes después, en abril, Alemania se subía al carro de países como Francia o Grecia que prohíben el cultivo de maíz BT invocando el recurso preventivo de la moratoria europea. En este panorama, el Estado español se sitúa como el mayor productor de transgénicos de Europa con más de 80.000 hectáreas de maíz BT cultivadas en 2008 y ocupa el puesto 14 del ránking mundial.

Grupos de presión

Según el abogado indio Prashant Bhusan, en declaraciones a DIAGONAL, “aunque el acuerdo indio-español es bastante genérico, es sorprendente cómo se refiere específicamente al consumo de OGM como un área de cooperación y promoción. Demuestra una vez más la influencia de las compañías de OGM ya que, según un informe de la IAASTD (Evaluación Internacional del Papel del Conocimiento, la Ciencia y la Tecnología en el Desarrollo Agrícola), los transgénicos no son el camino a seguir”. Bhusan es abogado del Tribunal Supremo de la India y lleva más de 25 años luchando por el medio ambiente, los derechos humanos y la responsabilidad social de la administración. Ha participado en importantes casos contra multinacionales como Enron o Coca-Cola. Ahora sus esfuerzos se centran en combatir el lobby de las multinacionales en el Gobierno indio. Bhusan ha sabido encontrar un agujero en el sistema para luchar contra este conflicto de intereses, llegando hasta la corte india y logrando una victoria sin precedentes.

DIAGONAL: ¿Qué pasos has seguido para llevar el caso a las cortes?

PRASHANT BHUSAN: En la India existe un organismo, el Comité de Evaluación de Ingeniería Genética (GEAC, en sus siglas en inglés) que supuestamente concede las autorizaciones sobre transgénicos. Debe asegurar que no existe ningún riesgo para la salud ni para el medio ambiente. Lo que ocurre es que las funciones de este comité fueron suplantadas por el Departamento de Biotecnología. Además, casualmente, su codirector es miembro del consejo del ISAAA, una organización estadounidense, fundada y financiada por industrias de la biotecnología como Monsanto y Syngenta. Su principal objetivo es promover los OMG, sobre todo los destinados a la alimentación, y aumentar su presencia en todo el mundo, especialmente en los países más pobres. Llevamos este caso a los juzgados alegando conflicto de intereses. Las cortes dictaminaron que el GEAC debía incluir científicos independientes en su plantilla, que los laboratorios que analizasen los OMG también deberían ser independientes. Hasta la fecha se aprobaba los OMG en función de los informes de Monsanto, que los mantenía en secreto alegando a la propiedad intelectual. Tras un fallo de la Corte suprema la multinacional se vio obligada a hacer públicos sus informes, pero lo cierto es que no valen para nada porque no miden en ningún momento la toxicidad. Actualmente en la India hay campos de ensayo para diez tipos de verduras modificadas genéticamente. Son cultivos que no se han probado en ninguna otra parte del mundo, como el de la berenjena BT, que puede ver la luz a final de año. De momento el caso sigue abierto.

D.: ¿Qué posibilidades de lucha legal observas en el caso del Estado español?

P. B.: La legislación española y la directiva europea tratan el tema de los peligros de los alimentos transgénicos y mencionan el principio de precaución. Esto quiere decir que el Gobierno español y todos los gobiernos deberían examinar si la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA en sus siglas en inglés) realiza todas las pruebas necesarias de bioseguridad. Ya que el Gobierno español confía enteramente en sus informes creo que podría existir una posibilidad de demandar al Gobierno por la vía administrativa pidiéndole que realice las pruebas indicadas por científicos independientes, como las que recomienda el doctor Bhargava en la India, llevadas a cabo por laboratorios públicos independientes con completa transparencia.

Rebelión, Internet, 18-7-09