Encuentro pide fin de la criminalización de organizaciones sociales y indígenas
Entre los días 6 y 12 de septiembre, representantes de pueblos indígenas, organizaciones sociales y defensores de derechos humanos de América Latina, de África y de Europa estuvieron reunidos, en Guerrero, México, en el Encuentro Sur-Sur/Norte
En la ocasión, los presentes intercambiaron experiencias y analizaron los conflictos que violan los derechos humanos y afectan sus territorios.
No son pocos los conflictos que las poblaciones de Colombia, El Salvador, México, Guatemala y Sahara Occidental enfrentan. Amenazas, criminalización y ataques a organizaciones sociales y a defensores de derechos humanos, discriminación, exclusión y opresión son sólo algunas situaciones vividas por esos grupos que luchan por el cumplimiento de sus derechos.
De acuerdo con la declaración del Encuentro, divulgada el último viernes (11), los conflictos son causados, principalmente, por cuestiones económicas: "los intereses geopolíticos del poder económico mundial son una de las principales causas de los conflictos relacionados con la extracción y la explotación de los recursos naturales a través de la implementación de megaproyectos de diferentes tipos, afectando las condiciones básicas de la supervivencia de la población campesina e indígena, despojándolos de sus territorios, con desplazamientos forzados, genocidio, generando crisis humanitaria y violación sistemática de derechos humanos".
A causa de ello, los participantes reunidos en el encuentro demandan de los Estados la garantía del derecho al territorio, a la autonomía, a la autodeterminación y a la construcción de procesos de desarrollo propios. En el caso de México, piden que el Estado "no criminalice y [no] reprima la resistencia civil de los pueblos y la defensa de los derechos humanos; que desmilitarice los territorios indígenas y elimine cualquier estrategia militar que ponga en riesgo a las comunidades que construyen su autogestión y ejercen sus derechos colectivos".
Además, exigen que las autoridades mexicanas respeten los procesos de organización indígena y popular y que respeten los trabajos de los defensores de derechos humanos. Garantías semejantes también son pedidas por la población de Colombia. Además de no criminalizar la lucha de los indígenas y de defensores de los derechos humanos, demandan también que se termine "cualquier estrategia militar que ponga en riesgo a las comunidades [que están] en medio del conflicto armado interno".
En el caso del Sahara Occidental, exigen "la aplicación de la Resolución de las Naciones Unidas para a celebración de un Referendo de Autodeterminación del pueblo Saharaui" y "la inmediata paralización de las graves violaciones de los derechos humanos perpetrados por las autoridades de la ocupación marroquí contra la población Saharaui en resistencia civil pacífica".
Los presentes en el Encuentro piden, además, que las autoridades guatemaltecas juzguen a los responsables por el genocidio cometido contra el pueblo Maya durante el conflicto armado interno, además de la reparación a las víctimas y del reconocimiento de la verdad y de la memoria de los pueblos. Finalmente, demandan que el Estado de El Salvador derogue la ley de amnistía y promueva una ley de reconciliación con el objetivo de transformar al país.
"Urgimos al gobierno sueco para que respete su propio reglamento de exportación de armas y que prohíba la exportación de armas a países que están en conflictos armados o países que no respetan los derechos humanos. Por lo tanto, urgimos a los estados miembros de la Unión Europea para que no apoyen las violaciones de los derechos humanos, los etnocidios y los genocidios que están siendo cometidos en diferentes países mediante una continua venta de armas", concluyen.
Traducción: Daniel Barrantes - moc.liamg@leinad.setnarrab