El agua, botín para trasnacionales; la privatizan con alto costo social

La apropiación de los servicios de agua potable, de ríos y presas, que comenzó en Europa, encontró un camino difícil en América Latina. En algunos países, como Bolivia, donde inclusive se buscó convertir en mercancía el agua de lluvia, el proceso se canceló por la resistencia social, y en otras naciones las consecuencias son catastróficas: las propiedades de las familias han sido embargadas por no pagar las tarifas.

El propósito de grandes empresas trasnacionales, con apoyo de organismos financieros internacionales, de privatizar los recursos naturales es insaciable, y el agua es la joya en disputa. La actual crisis del líquido -una de cada cinco personas carece de agua potable y hay mayor escasez general- se ha convertido en estímulo para esas compañías que hacen negocios con este recurso natural y que cada vez más extienden su presencia.

"En este contexto no se invierte donde hace falta, sino donde las utilidades prometen ser mayores y puedan reflejarse en elevados dividendos para los accionistas", indica Christina Deckwitch en el texto Agua: sector hirviente de la economía, editado por Casa Bertolt Brecht. Hoy día aún 95 por ciento del abastecimiento de agua potable en el mundo está bajo responsabilidad de los gobiernos, pero la presión para liberalizar este sector se ha incrementado, asevera.

"Frecuentemente términos como 'crisis del agua' y la 'necesidad de inversiones' justifican los proyectos de empresas privadas en el exterior. Solamente los empresarios tienen la capacidad de cubrir la elevada necesidad de inversión, dicen representantes políticos de gobiernos nacionales y de la Unión Europea, pero también de instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial", agrega la especialista.

Experiencias regionales

Los pasos de la entrada empresarial al "negocio" del agua en América Latina son parecidos. Las empresas obtienen concesiones que van de 10 a 40 años para operar el servicio público, incrementan las tarifas, pocas veces la atención es eficiente y además terminan endeudadas porque buscan una "expansión a cualquier precio y el pago de altos dividendos a los accionistas".

En Uruguay, el proceso comenzó a finales de los años 80 con la empresa Venezia, que en 1993 pasó a manos de Suez y adoptó el nombre de Aguas de la Costa; se instaló en una zona de manantiales, con la posibilidad de aplicar una tarifa discrecional de alrededor de mil 200 pesos uruguayos -104 dólares-, lo que contrastaba con otras regiones donde el cobro era de tan sólo 200 pesos, explica en entrevista José Luis Lombardi, del sindicato de Obras Sanitarias del Estado (OSE).

Recuerda que en la década pasada las empresas se expandieron en el país con argumentos de falta de saneamiento y cobertura de agua en algunas zonas, pero empezó a crecer la resistencia de la gente. Sobre todo cuando en 2000 llegó la empresa española Aguas de Bilbao, con una concesión de 30 años y que buscaba elevar drásticamente los precios del servicio pese a que había acordado con OSE mantener las tarifas por cinco años.

A partir de ese momento se extendieron las movilizaciones por todo el país, sobre todo cuando en 2002 el gobierno decretó facilitar la participación privada en todas las áreas: agua, comunicaciones y correo, entre otras. A ello se sumó el anuncio de que se subastarían las aguas corrientes del país, los ríos y otros cuerpos de agua. Esto llevó a la resistencia a trabajadores de OSE y a la formación de organizaciones barriales que constituyeron la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida.

Tras recopilar alrededor de 80 mil firmas, se pidió a la Corte electoral que llamara a plebiscito para que en la Constitución se estableciera que el agua es un derecho humano fundamental y sentar las bases para que la gestión de los recursos hídricos fuera pública.

Junto con las elecciones del 31 de octubre de 2004, recuerda Lombardi, se llevó a cabo el plebiscito: 65 por ciento apoyó la reforma constitucional. Después de eso, indica, las empresas anunciaron que presentarían recursos ante los tribunales internacionales, "las concesiones cayeron y el gobierno debe aplicar la Constitución al precio que sea".

En Argentina se concretó la privatización del agua en 1993 en favor de un consorcio que tenía como socios mayoritarios a la francesa Suez y al grupo Soldati; se estableció en Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, y en Córdoba.

En 10 años, en la capital argentina las tarifas del servicio se incrementaron 88 por ciento, a pesar de que el marco regulatorio establecía que los precios domésticos sólo podían elevarse 7 por ciento, indica un análisis del especialista Martin Schorr.

En la provincia de Santa Fe la privatización comenzó en 1995, durante el segundo gobierno federal de Carlos Saúl Menem, y aquí se siguió al pie de la letra el modelo de privatización global de los servicios públicos, impulsado por los organismos internacionales. Suez se estableció en 15 ciudades de ese país, donde se encontraba gran parte de la infraestructura productiva nacional.

Los resultados han sido que las tarifas tienen incrementos constantes, a pesar de que los contratos establecen periodos sin aumentos, el cobro se realiza por superficie cubierta, el abasto no cubre a toda la población porque la presión no es suficiente y la tarifa social es sólo publicidad, indica Elba Stancich.

Destaca que cuando hay falta de pago, este recurso básico es cancelado para la gente, y si la deuda se acumula se ponen en remate las viviendas, lo cual ha llevado a que en este momento haya 8 mil juicios de embargo. También existe el problema de la calidad del agua. Se han encontrado altos niveles de arsénico en las ciudades de Firmat, Funes y Gálvez, que llevaron a establecer juicios legales.

Stancich resalta que los altos precios por las tarifas del líquido, que llegan a ser hasta de 600 pesos argentinos -200 dólares- mensuales, y "hay una serie de injusticias que ha hecho que la gente, desde los barrios, haga protestas por la mala calidad del servicio. En los asentamientos periféricos no llega el líquido, pero aun así las empresas lo cobran".

Menciona que se creó un ente regulador, pero "está formado por personas vinculadas al mismo partido político que aprobó la privatización y por representantes del sindicato, que en Santa Fe opera en favor de los intereses de la empresa y los políticos que fueron cómplices de la privatización".

En Ecuador se introdujeron reformas a la Ley Agraria para "abrir el mercado de tierras y agua", con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, y también se estableció una legislación para descentralizar el servicio. En las zonas urbanas "las organizaciones están desbordadas porque hay un movimiento para impedir que se concesione el agua", indica Cecilia Cherrez. Precisa que las empresas van en busca de obtener el manejo del recurso en la capital. Sin embargo, la inestabilidad social ha hecho que el proceso no se concrete y las compañías ven esta situación con desconfianza.

Mientras, en Chile, ciento por ciento del sistema de agua potable y alcantarillado está en manos de empresas trasnacionales (TWE, Suez y Angliar Water). El proceso de privatización se realizó sin consultar a la población, y la salida del gobierno del servicio público de dotación se llevó alrededor de 15 años. "El uso del agua para consumo humano se ha vuelto cada vez más restrictivo, debido a las fuertes alzas de tarifas que significó la privatización de las empresas sanitarias". Además, esto no representó una mejora en la cobertura ni en el acceso de servicios, indica el estudio Chile, recursos hídricos, de María Paz Ahedo.

La Jornada, México, 19-6-05