Ecuador: los guardianes de la selva

La mayoría de los asistentes nunca había visto un juicio. Mucho menos uno retransmitido en directo por internet. Agolpados en una casa comunal de paredes de madera y techos de palma, una cuarta parte de la población de Sarayaku siguió la declaración de sus vecinos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica los pasados 6 y 7 de julio.

El acusado: el Estado de Ecuador. Los cargos: permitir en 2002 la entrada de la petrolera CGC sin consultar a la población y ser responsable de violaciones de derechos humanos. Aún hoy, permanecen en sus territorios una tonelada y media de explosivos enterrados por la petrolera.

Los representantes de Sarayaku pidieron a la Corte que el Gobierno declare el área zona libre de actividad petrolera y retire los explosivos. "Que no dejen ingresar a los que andan reventando la tierra", resumía Sabino Gualinga, líder espiritual de Sarayaku de 89 años, al ser preguntado sobre lo que esperaba de la sentencia, que debe ser dictada antes de fin de año.

La mayoría de los 1.200 habitantes de Sarayaku viven de la agricultura de subsistencia, de la caza y de la pesca. Para llegar a su territorio, 135.000 hectáreas de bosques vírgenes amazónicos, hay que viajar en canoa o en avioneta. Algo que ha ayudado a mantener alejados, hasta ahora, los efectos más negativos de la modernidad. Pero ha sido su carácter de "pueblo guerrero", en palabras de José Santi, uno de los jóvenes que protagonizó la lucha contra la petrolera, lo que ha permitido la conservación de su forma ancestral de vida.

En la historia de Sarayaku abundan los episodios de resistencia. Entre los años cuarenta y sesenta, la población obligó a la Iglesia y al Ejército a abandonar sus territorios. En 1989 le tocó el turno a la petrolera Arco-Agip. No en vano, Sarayaku es conocido como el "pueblo del mediodía, que jamás caerá, y, si cae, será el último en caer", dice José Gualinga, presidente de la comunidad.

Pero fue a partir de 1996 cuando la comunidad empezó a estar realmente en peligro. En ese año, el Estado adjudicó a la petrolera argentina CGC el bloque 23, que abarca 200.000 hectáreas de selva, el 60% de ellas dentro del territorio de Sarayaku. La empresa contrató a una compañía de relaciones públicas y a personas de las poblaciones vecinas para "dividir y enfrentar a las comunidades", según cuenta Gualinga. Y en parte lo logró. La divisiones se dieron incluso dentro de las familias. Según Patricia Gualinga, responsable del área de Mujer y Familia en Sarayaku, "si los hombres dudaban, las mujeres dijeron que no desde el principio. Cuando llegaron los representantes de la empresa, las mujeres ya habían tomado una decisión: no permitir el ingreso de la petrolera".

Peces envenenados

La experiencia de las comunidades del norte de la Amazonia ecuatoriana, donde la Texaco-Gulf ingresó en 1967, fue determinante. "En Lago Agrio, los peces están envenenados, no se puede beber agua del río y el petróleo se te pega a las manos", comenta José Santi, que viajó a la zona junto con otros 20 jóvenes de Sarayaku para conocer de primera mano los efectos de las petroleras. "Allá nos ayudaron mucho: nos dijeron que no dejemos entrar a la compañía, porque luego ya es demasiado tarde", dice.

A finales de 2002, la empresa CGC, con la protección del Ejército, penetraba por primera vez en su territorio. En una asamblea general, el pueblo se declaró en estado de emergencia. En las fronteras del territorio se instalaron cerca de 25 campamentos de "paz y vida". En tiendas de palos y hojas de palma, cerca de 600 personas resistieron durante más de cuatro meses.

Equipados con aparatos de radio, diferentes patrullas custodiaban los límites del territorio. Cuando los trabajadores de la empresa intentaba entrar, daban la alarma y salían, lanza en ristre y con las caras pintadas al encuentro de los invasores. Las patrullas, siempre con las mujeres al frente, les tendían emboscadas y los obligaban a retirarse.

A principios de 2003, fue interceptada una avanzadilla de trabajadores custodiados por militares fuertemente armados dentro del territorio de Sarayaku. Las mujeres rodearon a los militares y les quitaron las armas. Las imágenes de las mujeres devolviendo las pesadas ametralladoras a los oficiales del Ejército unos días después dieron la vuelta al mundo. A cambio de las armas, fueron liberados cuatro indígenas que habían sido detenidos y torturados por el Ejército y la empresa, tal como relataron los testigos en el juicio.

Daños irreparables

En 2004, tras varias sentencias judiciales, la compañía decidió retirarse. Pero los daños causados en la comunidad eran irreparables. Durante meses, las clases estuvieron suspendidas y los cultivos, abandonados. Los explosivos quedaron enterrados y las divisiones producidas entre las distintas comunidades provocaron numerosos enfrentamientos, con el saldo de decenas de heridos.

Durante el juicio en la Corte Interamericana quedaron al descubierto dos visiones contrapuestas del significado de desarrollo. Uno de los principales argumentos de los abogados del Estado fue que el derecho a la consulta previa, reconocido en la Constitución ecuatoriana, "no puede convertirse en un derecho de veto que atente contra el desarrollo de todo el país".

En cambio, para el presidente de Sarayaku, José Gualinga, riqueza "es tener fauna, una selva no contaminada, una familia unida, conocimientos sobre prácticas agrícolas y medicinales, un sistema propio de educación... Sin eso, nosotros somos pobres".

Parece claro que los planes del Gobierno no coinciden con los de Sarayaku. Según Alexandra Almeida, de la organización Acción Ecológica, una nueva ronda de licitaciones petroleras prevista para octubre de este año vuelve a poner en grave peligro el territorio de este pueblo quechua y toda la región amazónica.

Narcisa Santi, de 66 años, se apoya en su bastón de cedro. Resume de esta forma la lucha del pueblo: "El dinero se acaba. La tierra nunca se acaba si no se contamina. Es la herencia para nuestros hijos".

Adital, Internet, 12-8-11