Conferencia en Brasil se cierra con declaración
Gobiernos de 96 países reconocen el 'papel fundamental' de la reforma agraria y el desarrollo rural en el combate a la pobreza
Los representantes de 96 Estados Miembros de la FAO que participaron en la Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR) que concluyó hoy en Porto Alegre, reconocieron “el papel fundamental de la reforma agraria y el desarrollo rural en la promoción del desarrollo sostenible” del planeta.
La declaración se hizo pública al término de la conferencia que ha reunido en la ciudad brasileña a unos 350 delegados gubernamentales y a representantes de más de 70 organizaciones campesinas y de la sociedad civil de todo el mundo.
Durante cuatro días, representantes gubernamentales de alto nivel, expertos internacionales y sociedad civil trabajaron juntos para identificar nuevas oportunidades de desarrollo rural y hacer recomendaciones y propuestas concretas para la acción.
En su mensaje a la ceremonia de clausura, el Director General de la FAO, Jacques Diouf, destacó algunas de las principales propuestas y resultados de la Conferencia. “La FAO dio su acuerdo para organizar esta conferencia el año pasado sabiendo que el diálogo sobre cuestiones como la reforma agraria no es fácil. Pues bien, uno de los principales resultados de esta conferencia ha sido el amplio nivel de diálogo establecido entre los gobiernos y las organizaciones de campesinos y sociedad civil aquí presentes, que se identifican en una visión común sobre la importancia de hacer cambios urgentes y necesarios para erradicar el hambre y la pobreza”.
Diouf destacó también resultados concretos en el ámbito de la cooperación bilateral y multilateral, como el acuerdo firmado ayer entre la FAO y los países de lengua portuguesa, destinado a promover la capacitación sobre regímenes de propiedad y gestión de la tierra y sus aspectos legales a nivel regional.
En la declaración, los gobiernos firmantes se comprometen a desarrollar mecanismos de diálogo y cooperación para reforzar los procesos de reforma agraria y desarrollo rural, a nivel nacional e internacional, y a establecer mecanismos de evaluación periódica sobre los progresos que se realizarán en estas materias.
Participación y combate a la pobreza
Los países firmantes de la declaración reafirman que “un acceso y control más amplios, seguros y sostenibles sobre la tierra, el agua y demás recursos” de los que dependen las poblaciones rurales “son esenciales para la erradicación del hambre y la pobreza, lo que contribuye al desarrollo sostenible y debería ser parte integral de las políticas nacionales”.
Reiteran también su compromiso de cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y reconocen también que “la inseguridad alimentaria, el hambre y la pobreza rural son producidas generalmente por el desequilibrio en el proceso de desarrollo actual, que impide un acceso más amplio a la tierra, al agua y demás recursos naturales y otros bienes”.
Para lograr estos objetivos es fundamental la acción conjunta entre gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil, reconocieron los delegados presentes en la Conferencia. “Enfatizamos – continúa la declaración- que las políticas, normas e instituciones de reforma agraria y desarrollo rural deben responder a las necesidades y aspiraciones de la población rural, y por lo tanto, comprometiendo a todos los directos interesados en el proceso de toma de decisiones”.
Los representantes de la sociedad civil han participado activamente durante todo el proceso de preparación de CIRADR, y por primera vez en la historia de las conferencias internacionales de la FAO, sus representantes participaron en las sesiones plenarias y técnicas y la propuesta de declaración de la sociedad civil fue incluida entre los documentos oficiales de la conferencia.
En sintonía con este espíritu de colaboración, la declaración afirma que las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil juegan un papel fundamental en la implementación sostenible de las políticas de reforma agraria y desarrollo rural y reconoce “el papel decisivo del Estado en el suministro de oportunidades justas y equitativas y en la promoción de seguridad económica básica para hombres y mujeres como ciudadanos de iguales derechos”.