Colombia: de nuevo llueve glifosato sobre el sur de Bolívar

La Asociación Campesina del Valle del río Cimitarra (ACVC), denunció que la operación con glifosato afectó los cultivos de familias campesinas asentadas en las veredas Cerro Azul, Alto Berlín, Monte Carmelo, Alto San Juan y Alto Cañabraval, del municipio de San Pablo y las veredas Alto Limón y El Diamante, del municipio de Cantagallo.

Los daños reportados por los labriegos son cuantiosos: pastizales para alimentar el ganado han sido arrasados afectando más de 500 reses, cultivos de pancoger como yuca, arroz y plátano se han perdido y unas 80 hectáreas de cacao del proyecto de la Zona de Desarrollo Integral, que sostenía a 60 familias, fueron castigadas sin ningún miramiento.

La población hace saber a la opinión publica que también fueron detenidas tres personas de la zona a las que todavía no se les ha podido establecer su identidad, ya que el Ejército, que acompaña la fumigación, no lo ha permitido.

De igual manera el proyecto agropecuario que adelanta la ACVC en Alto San Juan sufrió graves daños. Se perjudicó gravemente la finca donde se desarrolla el proyecto productivo ganadero implementado con recursos de la cooperación europea mediante el Laboratorio de Paz del Magdalena Medio. También fueron afectadas cuatro hectáreas de caña y cultivos de plátano, yuca, maíz y arroz. En esta zona no hay presencia, como bien lo sabe el gobierno, de cultivos ilícitos.

La situación es tan dramática que incluso los acueductos veredales de Alto San Juan y Alto Cañabraval quedaron contaminados haciendo sus aguas inservibles.

Según reportes que han llegado a la ACVC, campesinos de varias veredas de San Pablo temen incursiones semejantes pues han avistado a tres avionetas sobrevolando la zona.

Como resultado de esta situación, decenas de familias comenzaron a desplazarse hacia el municipio de San Pablo. Estas no se explican cómo para asperjar menos de una docena de hectáreas de cultivos ilícitos, las autoridades tienen que vulnerar el derecho legítimo a la subsistencia representado en el cultivo de sus bienes agrícolas.

El presidente Uribe, en la reunión que mantuvo con los campesinos del valle del río Cimitarra en Barrancabermeja el pasado 20 de junio, donde se han establecido como campamento humanitario ante las violaciones de los derechos humanos, reiteró que las fumigaciones no tendrían marcha atrás y que los afectados podían reclamar las indemnizaciones del caso.

Los territorios fumigados hacen parte de la Zona de Reserva Campesina (ZRC) del Valle del río Cimitarra.

La comunidad campesina exige al gobierno que sea levantada la suspensión de la ZRC, que se suspendan las fumigaciones y que los cultivos de coca sean reemplazados por proyectos productivos. Los campesinos del Magdalena Medio evalúan la situación como la profundización de crisis humanitaria por la cual atraviesa esta población y en donde las fumigaciones son parte de los crímenes de lesa humanidad que se cometen contra la población civil.

Fumigaciones: un absoluto fracaso

Estas fumigaciones hacen parte del Plan Colombia, que se viene implantando desde el año 2000, afectando directamente la salud de la población, contaminando las fuentes de agua, destruyendo los cultivos de pancoger y los proyectos productivos. Estas acciones obedecen a una política que pretende exterminar el flagelo de la droga con mecanismos que han comprobado su ineficacia. En consecuencia, el incremento de las fumigaciones contrasta con el fracaso de la política antidrogas, contrainsurgente y de “seguridad democrática”, que hace énfasis en que la única salida al conflicto es por la vía armada.

En el marco del Plan Colombia, los Estados Unidos han destinado 2.225 millones de dólares al Plan Colombia, con un resultado de 30 mil hectáreas erradicadas. Según el investigador estadounidense Jeremy Bigwod, del Transnational Institute, la CIA pone en tela de juicio, a través de un documento, la efectividad del Plan Colombia en la lucha contra las drogas. Lo mismo manifiesta un informe del Concejo de Relaciones Exteriores de Washington titulado Andes 2020, donde se afirma que el Plan Colombia es un fracaso, pues invierte recursos en planes militares, dejando de lado el aspecto socioeconómico del problema.

En palabras del columnista Alberto Rueda, del periódico El Tiempo: “Una sencilla comparación de las cifras oficiales del 2006 con las de 1996 evidencia la errónea apreciación del éxito del Plan Colombia. En 1996, el país tenía 67 mil hectáreas de coca en 12 departamentos. Diez años más tarde, en el 2006, Colombia tiene 11 mil hectáreas más -78 mil-, detectadas ya no en 12 sino en 23 departamentos. Pero el dato más alarmante es que, en el mismo periodo, se pasó de una producción de 300 toneladas de cocaína a una de 610 toneladas en el 2006”.

“En el país, desde el 2003 hasta el 2006, se ha fumigado la enormidad de 580 mil hectáreas, rompiendo todos los récords sin que se pueda afirmar que se ha reducido en una sola mata los cultivos de coca en el país. Esta no es una manera de hablar, es absolutamente cierto; el sube y baja de las cifras de cultivos ilícitos de los últimos cuatro años, estos se mantienen estables dentro del margen de error del 10 por ciento: 86 mil, 80 mil, 86 mil y 78 mil. Pero en cambio el potencial de producción de toneladas de cocaína sí pasó de 440 toneladas en el 2003 a 610 en el 2006”.

“La más costosa estrategia jamás emprendida para disminuir la producción de drogas ha sido un absoluto fracaso”, señala Rueda —no podía ser de otra manera.

Se demuestra que el objetivo de su aplicación no es erradicar la droga, sino que es un negocio donde ganan los mafiosos, las multinacionales de la muerte, los altos oficiales militares y la corrupta oligarquía en el poder, mientras pierde el campesino y el pueblo trabajador en general, que ve destruidos sus cultivos, animales, fuentes de agua y selvas.

Agencia Prensa Rural, Colombia, 26-06-07