Colombia: bemoles del TLC

Tras 26 meses de negociaciones, dos amagues de cierre antes del definitivo y discrepancias en las traducciones en algunos anexos que resultaban ventajosas para EEUU, los textos finales del tratado de libre comercio suscrito a fines de febrero entre ese país del norte y Colombia dejan en el segundo más afectados que beneficiados.

La aseveración la hace el senador Jorge Enrique Robledo, del izquierdista Polo Democrático, la segunda fuerza política del país, añadiendo que "el tratado es pésimo por donde uno lo mire y traerá la ruina al sector agropecuario e inclusive al industrial".

Esta percepción es compartida por la Red Colombiana de Acción frente al Libre Comercio y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), conocido por las siglas RECALCA, que indica que "los dividendos de la comercialización del azúcar, el arroz y los pollos engrosarán el capital de los empresarios estadunidenses".

"Finalmente EEUU impuso el TLC que quería", se lamenta Alberto Bravo, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas de Colombia.

El acuerdo "traerá un inminente aumento en los precios de los medicamentos, pues EEUU logró subir los estándares de protección a su sector por encima de los parámetros de la Organización Mundial del Comercio y eso se reflejará en menor competencia para mayor monopolio y por ende el incremento de los precios al consumidor", añadió Bravo.
A esto, Robledo precisa que "el capítulo de propiedad intelectual impedirá que Colombia desarrolle ciencia y tecnología" y dice que, según la Organización Panamericana de la Salud, "en Colombia se elevarán los costos de los medicamentos en US$900 millones al año".

Por su parte, el ex presidente de la Federación de Productores de Cereales, Luis Eduardo Quintero, dijo al cierre definitivo de las negociaciones que el balance en su sector fue muy negativo. "Con el maíz amarillo, por ejemplo, la competencia va a ser muy dura, pues 2 millones de toneladas del producto entrarán a Colombia sin aranceles y el precio del agricultor interno se irá al piso", afirmó. Añadió que el frijol y la soja sufrirán con las importaciones de EEUU exoneradas de todo arancel.

Pero sin duda los más afectados fueron los avicultores. Jorge Enrique Bedoya, presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, dijo que como quedó el TLC pone en alto el riesgo de desaparición a la producción colombiana.

"Desde el principio de la negociación, la batalla la dimos para que EEUU no nos invadiera con cuartos traseros de pollo baratos (que comprenden la rabadilla, la pierna y el muslo) que son las partes que los estadunidenses desechan porque el público prefiere la pechuga y las alas", explica Bedoya. "Pues en ese producto se aumentó el cupo de importación que inicialmente se había fijado en 26,000 TM a 27,040 TM anuales".

"El TLC también les abre las puertas a los trozos de pollo sazonados que quedaron con un arancel de 70% y no de 164.4% como pedíamos los avicultores colombianos", dice, y añade que además "nos inundarán con gallinas de desecho estadunidenses que sólo pagarán un 45% de arancel cuando inicialmente se había dicho que sería un 113%".

Como es natural, los empresarios no serán los únicos afectados. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Carlos Rodríguez, señaló que con el acuerdo se perderán en el país 450,000 empleos y hay voces que anuncian que en los sectores que se beneficiarán económicamente los trabajadores no recibirán mejores compensaciones. La Corporación Colectivo de Abogados denunció recientemente que gracias a la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (APTDEA) —que expira a fines de este año—, los floricultores ahorran $25 millones anuales, pero el salario promedio de un trabajador del sector sigue siendo el equivalente a $180 mientras aumentan las exigencias por volúmenes de producción, se generaliza la subcontratación y se dificultan las posibilidades de organización y negociación colectiva.

"Pero el TLC no es sólo agro e industria", aclara el senador Robledo."Habrá patentes para plantas y tampoco es cierto que se proteja la biodiversidad nacional ni los conocimientos tradicionales", agrega.

"En telecomunicaciones se obliga a las empresas públicas colombianas a alquilarles [a los estadunidenses] sus redes y encima se les otorga a los gringos la prerrogativa escandalosa de exigir indemnizaciones por ‘expropiación indirecta’, la cual aparecerá cuando una decisión estatal afecte las ganancias esperadas de una inversión suya en el país", continúa.

Y mientras el TLC está a la espera de la aprobación de los Congresos de ambos países, los damnificados voltean la mirada a otros mercados, buscan la reconversión de tierras de cultivo y la tecnificación para una mejor competitividad, para no morir.

"Es una realidad contra la cual ya no podemos protestar. Lo que debemos hacer es buscar competitividad", dice Rafael Hernández, gerente general de la Federación Nacional de Arroceros de Colombia, mientras que Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores manifiesta que están a la espera de que el gobierno del presidente Álvaro Uribe —quien el 7 de agosto inició un segundo mandato consecutivo— cumpla con trasladar los $217.4 millones que ha ofrecido otorgarles anualmente y por los próximos 10 años a los sectores afectados por el TLC.

Para quienes se oponen al tratado, a éste le falta aún mucho camino por recorrer.

"Hay que estar alerta al debate en el Congreso colombiano donde muchos parlamentarios que han manifestado reservas pueden preferir algunas dádivas del Ejecutivo", dice RECALCA, mientras otros confían en lo que auguran analistas políticos y teme el gobierno colombiano: que el próximo Congreso de EEUU —a elegirse el 7 de noviembre— sea de mayoría demócrata y no apruebe el TLC.

22-9-06