Chile: cuatro razones para la moratoria a la salmonicultura

Hace pocos días, Douglas Tomkpins emplazó a las autoridades a detener la expansión de la industria salmonera en los mares y fiordos de la Patagonia norte de nuestro país mediante una moratoria. Esta declaración sintoniza con los constantes esfuerzos que la Fundación Oceana, tanto a nivel nacional como internacional, ha realizado para denunciar la insustentabilidad de esta actividad económica. Sin embargo, todavía existen sectores que desestiman las abundantes evidencias científicas que avalan, o por lo menos abren una duda razonable, en torno a los reales impactos de la actividad salmonídea en los ecosistemas marinos. Por ejemplo, se ha determinado que la actividad de la salmonicultura existente en el año 1995, era aproximadamente equivalente a los desechos orgánicos producidos por una ciudad de 2 ó 3 millones de habitantes. Al monetizar este dato se concluye que más de un tercio del valor agregado generado por la salmonicultura se puede adjudicar al costo ambiental o al consumo del capital natural.

Además, con el crecimiento que ha tenido la salmonicultura en los últimos años en el sur de Chile, los desechos de esta actividad se han duplicado, equivaliendo ahora a lo que produciría una ciudad con 6 millones de habitantes. Lo anterior tiene directa relación con los procesos de eutrofización de las aguas que, según estudios internacionales, tendrían a su vez una fuerte incidencia en la formación de las llamadas mareas rojas. Sólo este antecedente, a nuestro entender gravísimo porque involucra a la salud de la población, debería ser un argumento plausible para detener la expansión de la industria salmonera.

Segundo, en términos sanitarios la industria salmonera aún no pasa la “prueba de la blancura”, porque no existe la certeza de que no se estén ocupando sustancias tóxicas prohibidas como el verde malaquita, y que no se esté abusando del uso de antibióticos. Baste recordar los embarques de salmón chileno retenidos en Rotterdam donde se encontraron altos niveles de verde malaquita, y los embarques con exceso de antibióticos detectados en Japón.

Tercero, las serias irregularidades en el ámbito laboral, también son un fuerte argumento para exigir la moratoria a la salmonicultura, puesto que el impresionante crecimiento de la industria se ha sustentado en los bajos costos laborales que enfrenta y la poca fiscalización a la cual están sometidas las empresas salmoneras. Mientras en 2004 la industria obtuvo retornos por exportaciones que bordearon los 1.500 millones de dólares, 80% de los trabajadores logran sueldos líquidos menores a los 200 mil pesos. Según la propia Dirección del Trabajo, el 76% de las empresas del sector violan de una u otra manera las leyes laborales, y la subcontratación es una práctica en crecimiento que muchas veces va de la mano con precariedad, desprotección y tratos discriminatorios, que lo único que consigue es reducir aún más los costos laborales de las empresas. Se estima que 60% de la mano de obra en la industria está subcontratada, y de éstos el 70% obtienen salarios inferiores a 150 mil pesos.

Cuarto, la nula capacidad de las autoridades para estudiar, monitorear y controlar esta actividad, hacen prioritario fijar una moratoria a la expansión de la salmonicultura hasta que el Estado no desarrolle las capacidades de regulación y control que garanticen la sustentabilidad ambiental, la equidad social, la transparencia, la participación ciudadana y el respeto a los derechos de los trabajadores, pescadores artesanales y de los consumidores.

Son en base a estos cuatro argumentos, los cuales a su vez echan por tierra el concepto de salmonicultura sustentable, y bajo el prisma del principio precautorio, el cual está contemplado en nuestra legislación ambiental, que solicitamos parar la destrucción de los mares de nuestra Patagonia, hoy a merced de la insustentabilidad de la salmonicultura.

La Nación, Chile, 9-9-05