Celulosa CELCO en el Sur de Chile : cronología de un desastre ecológico

Era la segunda mitad de los ‘90 y el consejo de ministros que conforman el directorio de la CONAMA había acogido la solicitud del grupo Angellini de ablandar las exigencias ambientales a la construcción de este proyecto industrial de 1.300 millones de dólares que las autoridades de gobierno veían con beneplácito.

La planta de Celulosa en esta localidad se construía en el marco del favoritismo de las autoridades al modelo de exportación de materias primas de escaso valor agregado; de subvencionar las plantaciones forestales exóticas, de proteger la inversión privada; de no reconocer los derechos históricos de los pueblos indígenas respecto a los territorios en que se instalan los monocultivos de pino y eucaliptos; y de seguir cerrando los ojos ante la necesidad de protección del bosque nativo.

En tanto los habitantes de la localidad costera de Mehuin, junto a organizaciones ciudadanas, ecologistas, indígenas y campesinas se movilizaban exitosamente para impedir que CELCO llevara sus desechos líquidos a la Bahía Maiquillahue.

La resistencia logró un retrazo en el proyecto de casi cinco años de acuerdo a lo programado por la empresa, quien debió volver a su idea original: descargar su residuos industriales al río Cruces, esta vez con tratamiento terciario. Pero no había transcurrido un mes de iniciado el funcionamiento, en febrero de 2004, y los ciudadanos de las comunas cercanas alzaron su voz por los insoportables olores que provenían de la planta de celulosa.

Las autoridades ambientales y sanitarias iniciaron acciones de fiscalización ante las reiteradas protestas ciudadanas y se determinó que los problemas no se reducían solo a malos olores. La planta no tenía sistema de control, abatimiento y monitoreo de los gases.

Además la empresa había iniciado sus faenas en febrero de 2004 sin contar siquiera con la recepción municipal de obras, pago de patentes y autorizaciones sanitarias, infringiendo de manera flagrante la resolución ambiental del proyecto.

Más aún, la empresa fue sorprendida con ductos adicionales que descargan residuos industriales líquidos que no fueron incluidos en el Estudio de Impacto Ambiental, situación que habría provocado la muerte de cientos de cisnes de cuello negro y de otros animales, peces y plantas acuáticas, fenómeno que fue demostrado científicamente por un estudio de la Universidad Austral de Chile, por encargo de la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

LOS PASOS DE CELCO

El 7 de febrero de 1996 el departamento técnico de la COREMA de la Región de Los Lagos rechazó el informe de estudio de impacto ambiental del Proyecto Valdivia, presentado por CELCO, para construir una planta de celulosa a 45 kilómetros al norte de Valdivia, en la localidad de San José de la Mariquina. El fallo estimaba que el informe carecía de la información esencial para determinar con certeza la viabilidad ambiental de la planta de celulosa.

El proyecto pretendía alcanzar una producción de 1.500 toneladas diarias de celulosa de pino y eucaliptos. Contemplaba una inversión de US$ 1000 millones de los cuales US$ 75 millones se presupuestaba gastar en tecnologías de protección ambiental. Entre ellas se consideraba dos plantas de tratamiento de residuos, una de los primarios y la otra de los secundarios. En este aspecto, el informe del cuerpo técnico de la COREMA proponía la instalación de un tratamiento terciario de residuos, los que serían vertidos en el Río Cruces.

Sin embargo, Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco, matriz del Proyecto Valdivia, consideraba que estas dos plantas eran las mejores de América Latina lo cual garantizaba la protección ambiental del proyecto. En esta perspectiva estimaba que "el tratamiento terciario es una inversión muy costosa. Requiere inicialmente de US$ 5 a 10 millones para instalarlo y significaría una gasto anual por operación de US$ 5 millones".

LAS ADVERTENCIAS DE LOS AMBIENTALISTAS

Los ecologistas estimaban que si se construía la planta de celulosa a 25 kilómetros del río Cruces, donde se localiza el Santuario de la Naturaleza Carlos Anwandter, única reserva de más de 105 tipos de aves acuáticas del país, se estaría violando las obligaciones adquiridas al firmar la Convención Internacional sobre aves acuáticas y zonas húmedas, conocida como Convención Ramsar.

Algo que "podría dañar seriamente su imagen internacional y el mercado de la celulosa nacional", ya que había varias organizaciones ambientales internacionales preocupadas por el Santuario río Cruces y había en el mundo "un mercado creciente de consumidores con conciencia ambiental".

Representantes de CODEFF afirmaban que era "una aberración que una empresa de esa magnitud e intensidad de trabajo y manejo de desechos se instale cerca de un santuario que tardó 15 años en establecerse y recuperarse".

En este sentido, consideraban que la planta de celulosa perjudicaba la sustentabilidad ambiental del santuario de la naturaleza del río Cruces, un humedal que servía de refugio para aves migratorias.

Otra deficiencia del proyecto era el impacto en el suelo y el aire de la emanación de 12 toneladas diarias de dióxido de azufre, es decir, una lluvia ácida que emitiría un incinerador de gases no condensables que al contacto con las constantes precipitaciones de la zona contaminaría el bosque nativo, plantaciones, animales y personas que consumen alimentos de la zona.

Asimismo, los ecologistas cuestionaban el impacto socio-económico-cultural ya que se estimaba, en pocos meses, un crecimiento demográfico explosivo de hasta un 21% en la comuna de Mariquina que podía alterar las relaciones sociales y las costumbres del lugar.

LA MOVILIZACIÓN HISTÓRICA DE MEHUIN

El 30 de mayo de 1996 fue aprobada por la COREMA la planta de celulosa en Valdivia. Si bien la entidad insistía en la construcción de una planta de tratamiento terciario, proponía asimismo como opción la descarga de los desechos a un curso o cuerpo de agua distinto del río Cruces. Ese mismo día CELCO resolvió construir un ducto hasta el mar con el objetivo de no evacuar los desechos en el río Cruces.

Ante esta alternativa, que tenía un costo adicional de 40 a 50 millones de dólares, pero era más económica que una planta de tratamiento terciario de residuos, un nuevo y activo protagonista se suma a este conflicto. Más de un millar de habitantes de la caleta de pescadores y balneario de Mehuín se manifestaron en contra del emisario que la empresa CELCO proyectaba sacar al mar.

Los pescadores de Mehuín impidieron que los empleados de CELCO ingresaran a la caleta para hacer sus estudios técnicos para fundamentar el EIA. Por otra parte, los ecologistas sostenían que los residuos químicos organoclorados que serían arrojados al mar eran "compuestos cancerígenos y mutagénicos, escasamente biodegradables. Se acumulan en los tejidos de los organismos filtradores (machas, almejas, choritos) y de los peces, y luego pasan al ser humano cuando estos los consumen. En función de su toxicidad, persistencia y bioacumulación, encabezan el listado de sustancias altamente nocivas para el medio marino".

Alejandro Pérez, gerente general de Celulosa Arauco Concepción S.A., señalaba que los ambientalistas estaban frenando el desarrollo, pues los obstáculos que ponían para impedir la realización de los estudios en Mehuín mantenían paralizado el proyecto.

En contacto con Ecocéanos News, Oscar Muñoz, por ese entonces representante del Comité de Defensa de Mehuín, dijo que Víctor Renner, gerente del Proyecto Valdivia, ante la terminante negativa del paso del ducto por la comuna "empezó a ofrecer pavimento, escuelas, puentes y otras mejoras para la comunidad, lo que nos molestó bastante porque entendimos que nos querían comprar".

Recordó que “esto significaba la muerte del pueblo, la pérdida de la fuente laboral. Desde un inicio dijimos que CELCO no era confiable”.

El dirigente social agregó que actualmente “mucha gente está sufriendo una psicosis ante la posibilidad que CELCO intente nuevamente instalar un ducto submarino en la comuna. Ahora es más peligroso aún porque la empresa está repartiendo dinero a través de la Municipalidad de San José de la Mariquina. Hace pocas semanas el propio al alcalde Erwin Pacheco, cuando intentamos firmar un acta de rechazo a esta idea, admitió públicamente esta situación, por lo que suspendimos todo trabajo comunitario con la municipalidad. Nosotros somos gente pobre, pero tenemos nuestra dignidad”.

En agosto de 1998 ecologistas, pescadores y organizaciones sociales consiguieron sus propósitos de una alternativa al ducto en Mehuín. La COREMA de la X Región solicitó a CELCO un nuevo estudio sobre la planta Valdivia, pues el organismo consideró necesario evaluar el vertido de efluentes industriales al río Cruces, para resolver de mejor forma el tema.

Posteriormente, el organismo aprobaba la planta de celulosa en Valdivia, debiendo la empresa aplicar tratamiento terciario a los residuos líquidos generados por la planta, además de hacerse cargo de todos los efectos ambientales relevantes.

LAS AUTORIDADES CERCANAS A LA INDUSTRIA

Un activo defensor del proyecto fue el entonces Intendente de la Región de los Lagos, Rabindranath Quinteros, quien convocó a una reunión a los pescadores de Mehuín en la que intentó persuadirlos que al menos permitan el trabajo de los ambientalistas que debían evaluar el impacto en el ecosistema. Sin embargo, los representantes del Comité de Defensa de Mehuín nunca permitieron que se realicen los estudios, ni menos la construcción del ducto, "aunque este reciba cualquier tipo de tratamiento".

A juicio de CELCO la gente tenía "que convencerse y creer en la autoridad, que toma decisiones pensando en el bien común. Además, es una comunidad que no tiene los conocimientos técnicos para pronunciarse sobre el punto del conflicto".

Un punto de vista similar sostenía un tiempo después el Senador de la zona Gabriel Valdés quien señalaba que "a mi juicio no tienen derecho a decir eso porque no saben el impacto que causa este tipo de planta de celulosa (que) es aceptado en Canadá y Suecia". Asimismo afirmaba que el proyecto "significa una verdadera explosión de desarrollo para Valdivia."

En contacto con Ecocéanos News, Vladimir Riesco, abogado de Acción por los Cisnes, recuerda haberse reunido con director de la Corema X Región, Raúl Arteaga, quien “nos señaló que no tenía piso político para resolver el problema y que debíamos recurrir al encargado del departamento de EIA de la CONAMA, Juan Pablo Daud Miranda, ingeniero que posteriormente dejó el organismo público y actualmente trabaja en Arcadis Geotécnica, entidad consultora de CELCO”.

La socióloga Claudia Sepúlveda, vocera de Acción por los Cisnes, dijo a Ecocéanos News que “tras la pelea ganada por Mehin, las organizaciones de Valdivia que se habían opuesto al proyecto no reaccionaron hasta que la planta empezó a operar y empezó la seguidilla de denuncias por los malos olores, por lo que se aplicó varias multas. La planta debió cerrar temporalmente por orden del municipio por el no pago de patentes, e incluso antes en el proceso de construcción fue multada por ruidos molestos”.

Sepúlveda recordó que “hubo muchas denuncias respecto al daño a la salud de población que ocasionaba la planta. De hecho, el ex concejal de la comuna de San José de la Mariquina, el doctor Juan Ramón Silva, quien fue uno de los ciudadanos que encabezó las marchas y protestas por el cierre de la planta, falleció por esta causa. El Servicio de Salud Valdivia nunca consideró los antecedentes médicos. Ha habido una actuación súper débil por parte de las autoridades”.

Ecoceanos

Rebelión, Internet, 10-6-05