Argentina: una cautelar para las fosas wichís
Piden un amparo a la Corte para proteger testimonios de matanzas por parte del Ejército.
La medida cautelar pide que se protejan las fosas en las que se hallaron huesos que testimonian matanzas del Ejército argentino y prueban los planes de exterminio masivo.
“Me contaron historias que me han dejado muy impresionado. No lo podía creer, la gente hablaba y se quebraba. Después me llevaron hasta esos lugares y vi con mis propios ojos las tierras y los huesos que parecía como si se los hubiera quemado.” De esta forma, Domingo Vaca, presidente de la Comisión Territorial de la Comunidad Wichí Misión Chaqueña, expresó su sensación ante una veintena de testimonios de miembros de distintas comunidades wichís de la provincia de Salta que contaban, en calidad de testigos, las matanzas perpetradas por el Ejército argentino a los pueblos originarios durante buena parte del siglo XX en el noroeste del país. Esos testimonios, documentados en registros fílmicos, permitieron “la identificación de fosas comunes con restos humanos en la provincia, que son pruebas fundamentales no sólo del exterminio masivo de los pueblos originarios, sino también de su preexistencia”, aseguró a Página/12 Emilio Iosa, presidente de la Fundación Deuda Interna. Así, la Comisión Territorial de Misión Chaqueña, con el apoyo de Deuda Interna, presentó una medida cautelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de proteger las fosas comunes y los testimonios para asegurar la continuidad de la investigación sobre la matanza.
La medida cautelar se presentó el 9 de junio último ante la Corte Suprema de Justicia para preservar las fosas comunes y los testimonios, que son evidencias para las investigaciones realizadas por la Comisión Territorial de Misión Chaqueña –una de las comunidades wichís más grandes en territorio salteño– y por miembros de la Federación Wichí de la Cuenca del Río Bermejo –que agrupa a las distintas comunidades de ese pueblo–. Además, debido al apoyo de la Fundación Deuda Interna se pudo conformar en mayo último una Comisión Nacional de Investigaciones del Genocidio para el Resarcimiento Histórico de los Pueblos Originarios, a la que posteriormente adhirió la Universidad Nacional de Córdoba para colaborar con la investigación.
La Comisión Nacional de Investigación cuenta con el apoyo de la Fundación, que aporta recursos humanos, técnicos y económicos, pero “lo más importante es que son los integrantes de las comunidades wichís las que investigan su propio genocidio”, aseguró Iosa. Esto “surge de la necesidad de investigar el genocidio de las comunidades originarias en el noroeste del país llevadas adelante por el Ejército argentino, que comenzó a principios del 1900 y se extendió hasta mediados de siglo. Una de esas matanzas se conoce como la Campaña del Chaco”, informó. La investigación comienza a partir de “los testimonios –documentados en videos– de miembros de la comunidad wichí que presenciaron la matanza de sus padres o abuelos por parte del Ejército, y que pudieron indicar los lugares donde se realizaron”, explicó Iosa. Esos testimonios acompañaron la presentación ante la Corte.
Tal como sostuvo el titular de la Fundación que contribuye con la investigación de la comunidad wichí, se busca proteger esas fosas del avance de cualquier explotación agrícola y petrolera, como las que ya existen en distintos sectores de la provincia. La presentación ante la Corte fue amparada por María Elba Martínez, abogada del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) Córdoba, y solicita resguardar tres lugares específicos donde se identificaron fosas en el departamento de Rivadavia, en Salta. El río Bermejo divide a ese departamento en dos, banda norte y banda sur. “Las fosas localizadas se encuentran en la banda sur, en terrenos fiscales”, indicó Iosa y detalló: “Una de ellas está ubicada en una zona de matorrales, a 500 metros de donde está instalada la Comunidad Misión Wichí, en la localidad de Rivadavia. La segunda está en el paraje La Paloma, ubicado a dos o tres kilómetros hacia el norte de la localidad Rivadavia; y a 15 kilómetros aproximadamente de esa misma ciudad se localiza el paraje el Chuschal, donde se identificó la tercera fosa”.
Si bien son estas tres las que fueron incluidas por el momento en la medida cautelar, “tenemos testimonios que afirman la existencia de más fosas comunes en la banda norte del departamento de Rivadavia y también en el departamento de San Martín”, en Salta, aseguró Iosa y aclaró: “Hay muchas sepulturas que todavía no pudimos documentar porque son lugares a los que no pudimos acceder, pero tenemos los testimonios. Es importante resaltar que la medida cautelar queda abierta para que las distintas comunidades de pueblos originarios de todo el país que conozcan la existencia de fosas puedan sumar documentación para que esas pruebas sean protegidas por la Justicia.
Las comunidades wichís se pusieron al frente de la investigación sobre la matanza que sufrió su propio pueblo. En un primer momento solicitaron el respaldo del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) para la conformación de la Comisión Nacional Investigadora del Genocidio, pero “no obtuvieron respuesta”, afirmó Iosa. Por eso luego se terminó creando con el apoyo de Deuda Interna. Además, el pueblo wichí de Salta solicita ayuda estatal. Para ello, uno de los puntos acordados dentro de un documento llamado “Tierra” (Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina), que fue firmado por los representantes de las comunidades wichís, “expresa la necesidad de la creación de una comisión oficial y estatal que investigue el genocidio para el resarcimiento histórico de los pueblos originarios en Argentina, con la participación de miembros del Estado, de las comunidades y con veedores de otros países de América latina”, explicó. Otro de los aspectos incluidos en ese documento es el reclamo por la apertura de los archivos del Ministerio de Defensa, para acceder a los registros sobre el accionar del Ejército en el noroeste del país. Además, exigen su reconocimiento como pueblos originarios preexistentes y la devolución de sus tierras ancestrales.
Mientras tanto, estas comunidades continúan con el trabajo de campo. “La documentación de testimonios y lugares que den cuenta de la masacre, y su preservación como elementos de prueba, corresponde al primer paso de la investigación”, manifestó el titular de la Fundación.
Informe: Rocío Llama.