Argentina: soja y agroquímicos; renaces en la capital de Rosario
El lunes último, los vecinos de San Jorge damnificados por el uso de agroquímicos presentaron un amparo con fundamentación técnica, estudios sanitarios y evidencia de daños ocasionados por los plaguicidas. El juez Tristán Martínez concedió la medida cautelar que fijó un área de exclusión para las aspersiones
En el orden nacional los representantes legales del Grupo de Reflexión Rural (GRR) solicitaron a la Justicia federal que se investiguen los procesos de aprobación de los plaguicidas. De esa forma se trasladarían los principios de protección evaluados en el barrio Ituzaingó Anexo hacia el resto del país y se plasmaría en el freno preventivo del uso de tóxicos.
Según los ambientalistas el principal escollo que encuentran los legisladores a la hora de tomar decisiones es la presión de las empresas multinacionales y del sector productivo.
El modelo. La soja ocupa el primer lugar de los bienes de exportación en la Argentina. El crecimiento continuo de la superficie de siembra, la evolución técnica de las semillas modificadas genéticamente para tolerar el uso de herbicidas y el uso de tecnologías de siembra directa simplificaron el proceso de las explotaciones agrarias del país. La mejora de los rindes y las condiciones de mercadeo internacionales a precios extraordinarios trajo aparejado el aumento de producción en virtud de la expansión de la frontera de siembra, entre otras variantes.
Con ello, se avanzó sobre otro tipo de producciones, y la soja ganó espacio a la ganadería, la lechería, los cinturones hortícolas, los montes, se instaló a la vera de las rutas de la pampa húmeda y hasta ingresó a la zona de islas. Al gran crecimiento de la producción sojera se sumaron otros impactos, como el empleo masivo de plaguicidas y fertilizantes, denunciados por sus presuntas consecuencias para la salud de la población y el ecosistema, principalmente el de las poblaciones aledañas a campos agrarios.
Para algunos especialistas, el fenómeno se acerca a un "genocidio" que se oculta tras el manto de éxito del modelo agroexportador y de los índices récord de cosechas.
Un documento elaborado por GRR (una ONG que estudia estos fenómenos) menciona al cáncer, abortos espontáneos, malformaciones congénitas, lupus, problemas renales, enfermedades respiratorias y dermatitis, entre otras afecciones, como consecuencia de un modelo de producción que conlleva el uso masivo de químicos.
Los productos. El herbicida más utilizado en la Argentina es el glifosato, aunque también se emplea 2,4-D (herbicida) y endosulfán (insecticida) para los sembrados de soja, maíz, papa, algodón y maní, entre otros. El primero tuvo en sus distintas formulaciones el beneplácito del sector productivo por su alta eficacia en el control de malezas y por el argumento de su baja toxicidad (se habló incluso de inocuidad) y biodegradabilidad a las pocas horas de aplicado.
Sin embargo, para el biólogo Raúl Montenegro, la clasificación del nivel de toxicidad y la consecuente legislación, se apoyan en un protocolo estandarizado que mide la dosis letal (LD-50) necesaria para matar a la mitad de los animales de laboratorio expuestos al químico. "Ese método protege a las personas de las dosis letales y no contempla los efectos de las intoxicaciones agudas por pequeñas dosis", explicó.
Para el especialista "ese es el trasfondo dramático. Se elaboran y sancionan leyes que no sirven para proteger la salud. Por lo tanto, los municipios deben recurrir a las franjas de exclusión, aunque tampoco garantizan totalmente la protección a la salud de la población".
La lucha. El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat), GRR, las madres de Barrio Ituzaingó Anexo de la ciudad de Córdoba y otras organizaciones de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe comenzaron a impulsar y coordinar actividades con el fin de alertar y concientizar a las poblaciones y comunidades del interior de las provincias sobre los impactos de los agrotóxicos. Sus principios y acciones están comprendidos en la campaña "Paren de Fumigar".
Según el presidente del Cepronat, Carlos Manessi, "son muchos los ejemplos existentes sobre las consecuencias que acarrean los agroquímicos sobre la salud de las personas y los ecosistemas. Creemos que no hacen falta más pruebas. Lo que si es necesario es que las autoridades y los productores tomen conciencia de los daños que se generan. Esta forma de producir en base a un paquete tecnológico sólo trae dolor y pobreza para la mayor parte de la población". Para Manessi, "en Santa Fe no se cumplen las leyes, como la 11.273. Ni este gobierno ni los anteriores hicieron algo para que eso ocurra".
En 2007, y ante una presentación del Cepronat, la Defensoría del Pueblo de la provincia recomendó a los municipios y comunas y a la Dirección de Sanidad Vegetal (el órgano de control) que se delimiten las líneas agronómicas en las comunas y municipios santafesinos. "Hoy sólo trabajan para delimitar sus líneas un par de comunas y municipios y por efectos de la campaña Paren de Fumigar", consideró el ambientalista. En numerosas ciudades del interior santafesino la lucha la llevan adelante las asociaciones ambientalistas.
"A esta problemática se le suma la gravísima condición que se da en las escuelas rurales y que nadie parece tener en cuenta", dijo Manessi, y aseguró que "la mayoría están rodeadas por soja y sus directivos presentaron numerosas denuncias.
Casos emblemáticos. Uno de los casos más llamativos se dio en Arocena, donde un avión fumigó un sembrado de soja, la escuela y los chicos. Fue asentada la denuncia pero hasta ahora nadie actuó", se quejó el dirigente.
Al respecto, dos docentes de María Juana, movilizadas por un suceso similar, elaboraron un proyecto que entregaron al Ministerio de Educación provincial para resolver la situación. Fundamentalmente plantean la posibilidad de establecer un área de exclusión como se pide en los poblados y educar desde la escuela para generar conciencia.
El caso extremo y por el cual se hicieron eco medios nacionales e internacionales se conoció en 2006, cuando La Capital publicó los testimonios de niños que oficiaban de "banderas humanas" para marcar el paso de las máquinas aplicadoras de agrotóxicos. En la oportunidad relataron cómo la nube generada por los picos aspersores los mojaba íntegramente mientras desarrollaban la tarea.
Uno de esos niños terminó la escuela secundaria y sus padres no tienen posibilidad de brindarle más estudios por falta de recursos. No quieren volver a hablar sobre el tema. Aseguran que sufrieron represalias por ventilar el caso y que "el Estado estuvo ausente" en su contención, a pesar de las promesas.
El amparo interpuesto por la Justicia en la ciudad de San Jorge para proteger a los vecinos afectados por la aspersión de agroquímicos, desencadenó un aluvión de pronunciamientos y profundizó el debate sobre el uso de estos químicos en cercanías de las zonas urbanas. Una discusión que recién empieza y que muestra distintas aristas: la contracara del boom de la soja, la problemática legal, la violación a la normativa y las limitaciones de los municipios en el ejercicio del control. Damnificados, especialistas y funcionarios tienen la palabra.