Argentina: las papeleras y más
El botín, los exportadores de polución y el Dr. K
Cuando se recorre el interior de los Estados Unidos, llama poderosamente la atención el hecho de que la inmensa mayoría de las casas de ese inmenso país son de madera.
Es una tradición arquitectónica que viene del Siglo 18 y ha desarrollado una tecnología práctica y eficiente, además de una estética bella y verdaderamente representativa.
Son millones de casas, en general de gran tamaño, en las que habitan más de 200 millones de personas.
La fabulosa industria de la construcción norteamericana casi no utiliza ladrillos, pues su insumo principal es la madera. Pero eso mismo plantea el gran interrogante: ¿cómo hacen, si en los Estados Unidos está prohibido el corte de árboles en todo su territorio, y sus bosques —como se ve en las películas y en la tele— son añosos, tupidos e impolutos?
Similar pregunta surge de la normativa de preservación ambiental sancionada por la Comunidad Europea hace sólo un par de años: un régimen específico para las industrias que emiten gases de efecto invernadero obliga, al que no cumple, a pagar el llamado Bono Verde.
De acuerdo con el famoso Protocolo de Kyoto —firmado por casi todas las naciones, salvo los Estados Unidos— la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo estableció un duro régimen que empezó a regir el 1º de enero de 2005:
“Toda instalación que lleve a cabo alguna de las actividades enumeradas (energéticas, producción y transformación de metales férreos, industrias minerales, fabricación de pasta de papel, papel y cartón) que dé lugar a emisiones... deberá poseer un permiso expedido a tal efecto por una autoridad competente”.
Ese régimen es muy estricto en materia de seguimiento y de las emisiones y prevé duras sanciones pecuniarias por incumplimientos.
El interrogante que se abre en este caso es:
¿cómo hacen en Europa para eludir el pago de altísimos impuestos comunitarios por la contaminación?
En ambos casos, la respuesta es la misma: cortar árboles en el llamado Tercer Mundo;contaminar lejos del hemisferio Norte.
Así arrasaron con los bosques de África y de todo Centroamérica.
Así con las selvas del Amazonas, del Chaco Boliviano-Paraguayo, con Santiago del Estero y ahora con el Chaco Salteño.
Y así van instalando papeleras en el mundo: porque en Finlandia se consumen 430 kilos de papel por habitante/año y un eucaliptus tarda 80 años en desarrollarse, mientras que en Uruguay se consumen sólo 30 kilos per cápita y el mismo árbol se desarrolla en sólo siete años, igual que en Misiones o en el Sur de Chile.
Y como el consumo de agua es de 30 litros diarios por eucalipto, ellos de paso preservan el recurso.
Todo lo anterior deja bien en claro, entonces, que la política ambiental del primer mundo es hipócrita y necia porque sólo consiste en defender el propio ambiente, llevando la contaminación más allá de sus fronteras.
Ése es el negocio de Botnia, Ence y otras industrias que en realidad no vienen a invertir, sino que exportan su contaminación de manera rentable.
Y para eso el botín son nuestros recursos naturales.
Por eso son ridículos —y perversos— los programas de tele que insisten en subrayar que el problema es entre uruguayos y argentinos, o entre Fray Bentos y Gualeguaychú.
Como resulta insólito que nadie le explique esto al Presidente Kirchner, cuando se supone que debería ser la función de los organismos ambientales oficiales (en riguroso y sospechable silencio desde hace meses).
Claro que también sería bueno que se enteraran los señores Fernández y más de un gobernador, así como el Presidente Vázquez, para no seguir entre todos echando leña al fuego como si la controversia fuese entre dos pueblos que, en realidad, sólo son víctimas de un mismo cretinismo.
“Si las papeleras preocupan al Presidente Kirchner, entonces las mineras no deberían dejarlo dormir”, dicen los diarios en la provincia de San Juan que publican las conclusiones del Primer Foro Nacional e Internacional sobre Minería, Ambiente y Salud, realizado en Mendoza y del que participaron especialistas e instituciones de Chile y Argentina.
Allí se denunció a las minas andinas de Pascua Lama, Veladero y Barrick Gold, entre otras, que habrían creado una especie de “tercer país entre la Argentina y Chile" en cuyo territorio "no existen controles ni aduanas" y —como todas las minas de oro o de uranio "comprometen seriamente la provisión de agua en valles semiáridos y desérticos".
“Kirchner debería involucrarse en el desastre de los acuíferos del Iberá”, reclaman en Corrientes, donde se siguen loteando latifundios en los humedales como el roquismo hizo con la Pampa en el Siglo 19.
Intendentes de varios municipios se alarman ante “la apropiación por parte del magnate norteamericano Douglas Tompkins de tierras secas lindantes con los esteros”.
El concejal Andrés Zavattiero, de Ituzaingó, señaló que el millonario —supuesto amante de la ecología que compra terrenos privados en grandes extensiones— “está cercando nuestro tesoro más preciado: el agua de los Esteros del Iberá”.
“Los bosques nativos están siendo vendidos por altos funcionarios del gobierno”, denuncian los diarios de Chubut ante la incesante entrega de tierras fiscales a empresas extranjeras por medio de testaferros, entre los cuales estaría una de las máximas autoridades de la provincia.
“La deforestación supera todos los records anuales” titulan medios misioneros.
En los últimos 15 años se perdieron 179.000 hectáreas de bosque deforestados salvajemente en la selva.
“La pobreza, la tala ilegal, la explotación de madera nativa, y la reconversión en plantaciones serían los principales motivos”.
El “incremento del desmonte es alarmante", advierte la Fundación Vida Silvestre de Iguazú.
“La destrucción de El Impenetrable no interesa en Buenos Aires”, se denuncia en el Chaco, donde al igual que en Salta es un secreto a voces la venta de las tierras fiscales que quedan en las selvas.
En las últimas dos semanas se renovaron denuncias por la venta de miles de hectáreas de El Impenetrable a empleados del Instituto de Colonización a precio vil:
18 pesos la hectárea.
Es indispensable y urgente dar a conocer un detalle de las adjudicaciones de tierras en El Impenetrable realizadas desde 1990, por lo menos, única y transparente manera de que se conozcan los nombres de los “beneficiarios” y la cantidad de hectáreas que tienen.
Pero a esa decisión política sólo un presidente bien enterado podrá tomarla.
Y así siguiendo.
Y es claro que debe haber muchos más casos que este cronista desconoce, y ni se diga los funcionarios porteños que en general no tienen ni idea de lo que sucede en el extenso y otrora fabuloso país llamado Argentina.
Basta leer los diarios locales en internet para conocer el calamitoso estado ambiental de la Argentina; para reconocer la absoluta inacción gubernamental y de la oposición (que tampoco tiene ideas al respecto y cuyo silencio oportunista también es condenable); y para darse cuenta de que el conflicto por las papeleras uruguayas no tendrá solución si no se enmarca en una urgente, realista y drástica nueva política ambiental nacional.
Tan grave es la cuestión que, si el gobierno K no se involucra seria y decididamente en la cuestión ambiental, no sería raro que en ella se encuentren un día las razones de su decadencia.
Revista DEBATE N° 164, 4-5-06