Argentina: la Iglesia denuncia "concentración y extranjerización" de las tierras
Mañana se presenta un documento que afirma que los pequeños productores se ven obligados a vender sus tierras a grupos internacionales
Y alerta sobre las reservas de agua y la situación de los aborígenes.
En uno de los documentos sociales de la Iglesia argentina más contundentes y minuciosos de las últimas décadas, los obispos se aprestan a denunciar "un fuerte proceso de concentración de las tierras productivas", agravado por "el fenómeno de la extranjerización" de su propiedad. La denuncia se basa en relevamientos estatales y privados, que permite a los religiosos concluir que esta dinámica lleva "casi tres décadas, que continúa" y que "afecta principalmente a los pequeños y medianos productores agrícolas" y a las comunidades aborígenes. Frente a ello, instarán al Estado a tomar cartas en el asunto.
El documento —un dossier de más de cien carillas con gráficos editado en formato libro— será presentado mañana en la sede del Episcopado por obispos de diversos organismos eclesiásticos vinculados a la problemática social. En el trabajo —denominado Una tierra para todos— también se advierte sobre el deterioro del medio ambiente y el avance de la deforestación. E, incluso, se afirma que el país, por ser un importante reservorio mundial de agua dulce, "se convirtió en un objetivo vulnerable a los intereses transnacionales que fomentan la privatización de las empresas públicas de agua".
Si bien el pronunciamiento se resolvió hace tiempo —el proceso de elaboración se prolongó a lo largo de varios años—, su difusión se produce a poco de que estallara una polémica a raíz de que el subsecretario de Tierras para el Hábitat Social y líder piquetero, Luis D'Elía, cortara cadenas y candados de la tranquera de un campo que el empresario norteamericano, Douglas Tompkins, posse en los esteros del Iberá, en Corrientes. El funcionario dijo que tomó la decisión para posibilitar la libre circulación por caminos vecinales. Tompkins apeló a la Justicia (ver página 15).
Pocos días después, D'Elía presentó con bombos y platillos en el Congreso un proyecto de ley para expropiar esas tierras —alrededor de 300 mil hectáreas—, elaborado por la diputada kirchnerista por Corrientes, Araceli Méndez, y que prevé el pago de una indemnización al propietario y la creación de una reserva nacional. El Gobierno salió a despegarse de la iniciativa.
En el prólogo, el arzobispo Carmelo Giaquinta —quien era titular de la Pastoral Social cuando se inició el estudio— afirma que en un país extenso, con poca y concentrada población, la relación entre la cantidad de tierras y habitantes "es mala, posiblemente una de las peores en América Latina y tal vez en el mundo".
Los obispos atribuyen el proceso de concentración y extranjerización a "la venta de derechos de posesión de pequeños productores empobrecidos a grandes corporaciones de capitales, nacionales y extranjeras".
Apuntan que el Censo Nacional Agropecuario de 2002 mostró que el número de explotaciones agropecuarias se redujo un 20 % en los últimos 12 años. Y que "el 10 % de las explotaciones más grandes concentraba el 78 % del total de las hectáreas registradas, en tanto que el 60 % de las explotaciones más pequeñas no llegaba a reunir un 5 % de las mismas". Señalan que la peor relación se daba en Catamarca, Mendoza y Neuquen, donde el 10 % de las explotaciones más grandes concentran el 90 % de las tierras rurales".
Luego de señalar que una de las múltiples derivaciones del proceso de concentración de las tierras productivas radica en "la progresiva desaparición de pequeños productores", sostienen que entre las principales barreras institucionales para el acceso de éstos a ellas se cuenta "la falta de una legislación adecuada que limite la concentración y reglamente la apropiada asignación de las tierras disponibles". Como también "la generalización de prácticas de corrupción que impiden el acceso a los derechos jurídicamente reconocidos".
Mencionan, además, "las dificultades para la titularización de tierras rurales" y "la morosidad en la adjudicaciones de tierras fiscales". En el caso de los aborígenes dicen, citando un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica, que, en el 48 % de las comunidades estudiadas, "se han dado casos de intromisiones o apropiación de tierras indígenes por parte de particulares", sin que, en muchos casos, el Estado intervenga.
En cuanto a la extranjerización, afirman que representa "un proceso de pérdida de soberanía y de recursos naturales". Y que este "se ve favorecido por la falta de ordenamiento legal por parte de la Nación y las provincias".
Respecto a las reservas de agua, sostienen que "la situación demanda un estricto control y una veda de manejo a otros países o grupos económicos. Sin embargo, más allá de las declaraciones políticas, nada de esto está efectivamente ocurriendo en la esfera gubernamental", afirman.