Argentina enajena su territorio, por Martín Waserman

Desde mediados de la década del ?90, la Patagonia Argentina es el centro de una complicada trama de operaciones tendiente a traspasar la propiedad de la tierra a manos de empresas y particulares extranjeros, a su vez piezas del diseño estratégico de Estados Unidos.

Ese proceso se acentuó con la llamada "apertura legal" que impulsaron las administraciones peronistas, neoliberales y corruptas del presidente Carlos Menem (1989-1999) y con la gestión de algunos gobiernos provinciales, como los de Neuquén y Río Negro, bajo pretexto de "achicar el gasto publico."

Varios millonarios extranjeros, como la familia italiana Bennetton, el ecologista estadounidense Douglas Tompkins y el magnate televisivo de esa misma nacionalidad Ted Turner, han comprado cientos de miles de hectáreas a precios irrisorios, al punto tal que el primero de estos se convirtió en el mayor terrateniente de Argentina, con aproximadamente 900.000 hectáreas de su propiedad.

A su vez, este proceso generó una serie de conflictos entre los nuevos hacendados y aquellos sectores de la población que se ven amenazados por el nuevo escenario, entre los que se destaca la lucha del pueblo Mapuche frente a la familia italiana.

Aunque de forma aislada estos hechos han generado polémica y sospechas en algunos sectores de la población, poco es lo que se ha profundizado hasta ahora sobre el asunto. Sin embargo, la información al respecto abunda, y la gran pregunta sigue en pie: ¿esos sucesos, son meramente casuales, o se inscriben en el marco de un proyecto hegemónico continental?

Para la estrategia regional de Estados Unidos, la Patagonia Argentina tiene una importancia especial. ¿La razón? Sus potencialidades en materia de recursos naturales y el valor estratégico de su ubicación geográfica.

En un estudio titulado "Proyecciones para el año 2015", que fuera producido por asesores de la Casa Blanca a mediados de los ?90, se plantea de manera categórica que, para conservar y aumentar su posición dominante durante las próximas décadas, Estados Unidos debe ejercer el control territorial sobre tres aspectos de la economía "real": la producción y distribución de energía (principalmente, de hidrocarburos), las reservas de agua potable, y las principales fuentes de biodiversidad.

A eso se suma el famoso Estudio Santa Fe IV, redactado por un grupo de asesores militares estrechamente ligados al partido Republicano de Estados Unidos y al clan dirigido por el ex presidente George Bush, para el cual la "seguridad nacional" de ese país depende de "el control de los estrechos Atlánticos, del uso del Canal de Panamá, de la posesión de una ruta sureña segura alrededor del Cabo de Hornos y de que los países del hemisferio no sean hostiles a nuestras (de Estados Unidos) preocupaciones al respecto. Los recursos naturales de la región deben responder a las prioridades nacionales estadounidenses." Nótese que, dispensando lo tocante al Canal de Panamá, todos los demás puntos confluyen, aunque no de forma exclusiva, en la región patagónica.

En una nota publicada en enero pasado por el diario Crónica, de Buenos Aires, se revela la importancia que se le dio a los Andes Patagónicos durante el último Congreso Mundial Minero, llevado a cabo a principios de este año en Canada.

Según ese informe periodístico, las principales compañías mineras del mundo dijeron que "los países que están en rojo, no pueden darse el lujo de ser verdes", en clara referencia a los problemas económicos y financieros que atraviesa la Argentina.

Con un 75 por ciento de sus riquezas minerales inexploradas, "la Patagonia es la región mas virgen y con mayores potencialidades del mundo, en lo tocante a minerales", añadió el mismo artículo.

Sin embargo, la mirada estratégica esta puesta esencialmente sobre las riquezas acuíferas. También a principios de este año, la NASA (centro militar y científico espacial estadounidense) realizó una serie de estudios sobre el comportamiento que tendrán los glaciares patagónicos durante el próximo siglo. En concordancia con un informe del departamento de Defensa de Estados Unidos, dado a conocer en abril último ("Un cambio abrupto del escenario climático y sus implicancias para la seguridad nacional de Estados Unidos), la NASA le augura una larga vida a esta estratégica región del planeta.

Según esos mismos documentos, la clave del asunto es el acceso directo a la Antártida, dado que es un continente compuesto esencialmente por agua dulce. En ese marco se comprende el despliegue de fuerzas militares estadounidenses en la base de Tolhuin, en Tierra del Fuego.

El gobernador de esa provincia, Carlos Manfredotti, firmó el 26 de julio pasado un decreto por el cual autoriza el establecimiento de una sede del "Sistema Internacional de Vigilancia para la Prevención y Prohibición de Ensayos y Explosiones Nucleares", proyecto apadrinado por el gobierno de Estados Unidos.

En los hechos, ello significa la instalación de una base militar norteamericana, y la habilitación para que tropas extranjeras transiten libremente por todo el territorio provincial.

Iniciativas como esas surgen a partir del desarrollo por parte de Estados Unidos de una maquinaria intelectual dedicada exclusivamente al diseño y a la implementación de tácticas y estrategias que aseguren el alcance de sus objetivos a largo plazo. Según los expertos de ese país, las mismas deben ser lo suficientemente dinámicas, adaptables y previsoras de los escenarios y conflictos a los que habría que hacer frente en un futuro no tan lejano. Además deben reducir a su mínima expresión la peligrosidad de aquellas contingencias y las situaciones impredecibles. Tal tarea está a cargo de la Central Estadounidense de Inteligencia (CIA), de los departamentos de Estado y de Defensa y de la Agencia Nacional de Seguridad.

Durante la década del ?60, el gobierno de John F. Kennedy propició una reformulación de la estrategia estadounidense, para intentar asegurar la supremacía reduciendo al mínimo posible los enfrentamientos bélicos convencionales, ya que, como se había visto con Vietnam y Corea, esos conflictos implicaban un riesgo político demasiado alto.

Con ese fin, y gracias a la financiación del magnate David Rockefeller, varios de los mejores intelectuales y científicos de la época se reunieron en la universidad de Houston. El resultado fue la aparición del poco nombrado "Iron Mountain Plan", clave para entender lo que está sucediendo actualmente en la Patagonia.

A grandes rasgos, propicia la utilización de la "defensa del medio ambiente" como pretexto para ganar presencia en territorios estratégicos. Según se argumenta, la causa "ecologista" esta demasiado bien vista en la población como para levantar sospechas. Igualmente, para mantener el resguardo, el proyecto se concretaría a través de entidades "privadas" de bien público, como Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y Fundaciones.

Cabe recordar que en la actualidad, David Rockefeller y ex secretario de Estado Henry Kissinger presiden el "Council of Foreing Relations" (CFR), organismo privado que asesora en geopolítica a los principales grupos financieros del mundo.
Ya entrados en la década del ?70, esa propuesta se vinculó a otra, que rediseño la concepción norteamericana de los conflictos bélicos para y con el Tercer Mundo, tomando como nuevo eje central a la lucha contra la insurgencia revolucionaria.

Nos referimos a la doctrina de la "Guerra de Baja Intensidad", la que, como estudió la destacada periodista argentina Stella Calloni en varios de sus artículos y libros especializados, tiene como esencia asegurar el control regional y para evitar ser sorprendidos por los fuegos, y estar en el terreno antes que los conflictos estallen. Por "conflicto" se entiende cualquier amenaza directa o indirecta a los intereses estratégicos de Estados Unidos, como movimientos populares, indígenas, campesinos, como así también protestas sociales de variada índole.

¿Es posible que esas dos estratagemas estén confluyendo en la Patagonia? Los hechos dicen que sí.

Desde mediados de la década del ?80, varias Fundaciones ecologistas han puesto sus ojos sobre la región. La cara visible de éstas es el multimillonario norteamericano Douglas Tomkins, quien a través de distintas vías ha comprado mas de 300.000 hectáreas en el sur de Chile, y mas de 100.000 en la Patagonia Argentina.

Llamativamente, su modus operandi encaja perfectamente con los lineamientos del "Iron Mountain Plan". Como sucedió en Chile, lo que se pretende es tomar posesión de territorios vírgenes, y cuasi despoblados, para luego transformarlos en una reserva natural. Desde mediados de los años ochenta, el magnate norteamericano compró sigilosamente fincas lindantes unas con otras a pequeños colonos, sin dar explicaciones al respecto.

El objetivo, como después se supo, era crear el reservorio natural privado mas grande del mundo. El "Parque Pumalin", actualmente reconocido por el gobierno chileno. El mismo comprende aproximadamente 300.000 hectáreas y prácticamente atraviesa todo el territorio chileno, desde la costa del Pacifico hasta la frontera cordillerana con Argentina.
Actualmente, Tompkins se encuentra en una batalla legal para terminar de apoderarse de la estancia Chacabuco, también en la décima región chilena, de 70.000 hectáreas de extensión. Nuevamente, pretende "donar" el territorio al estado chileno con el fin de crear un Parque Nacional. El empresario suministraría el dinero para construir la infraestructura necesaria.

En Argentina, su principal emprendimiento es la estancia Monte León, ubicada en la provincia de Santa Cruz. La estancia, a 218 de la ciudad de Río Gallegos, fue unida con la vecina "Dor Aike", sumando una extensión superior a las 65.000 hectáreas.

El procedimiento para su adquisición es más que sospechoso. Aún teniendo la posibilidad de comprar en forma directa directamente, gracias a la apertura legal propiciada en la presidencia de Carlos Menem, Tompkins utilizó como puente a la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA).

A través de la organización "Patagonia Land Trust", encabezada por su esposa, Kris Mc Divitt, Tompkins constituyó un fideicomiso a favor de FVSA, con los fondos suficientes para concretar la operación. Según informaciones a las que tuvo acceso APM, el Banco Mundial (BM) se comprometió a financiar las obras de infraestructura.

El BM y la "World Wildlife Fund." (la mayor ONG de mundo dedicada a la preservación del medio ambiente), han identificado a la estepa patagónica (y también al Amazonas) como áreas de "Máxima Prioridad" de conservación.

En ese sentido, ambas organizaciones propusieron como meta conjunta incorporar 50 millones de hectáreas como "áreas protegidas". Según el periodista de APM, Fernando Glenza, tal denominación implica que, al ser declarados Santuarios de la Naturaleza, bajo patrocinio de la UNESCO (organización de Naciones Unidas -ONU- abocada a la defensa de la cultura), esos territorios quedan atados a las disposiciones de la ONU. También presupone el necesario "despoblamiento" de tales zonas.

En otras palabras, lo que se opera con este mecanismo es un traspaso de parte del territorio del estado nacional a la esfera de los centros del poder mundial.

Las recientes declaraciones del Coordinador Residente del Sistema de Naciones Unidas en Argentina, Carmelo Barturen, al diario "La Mañana de Neuquen", son esclarecedoras: "Buscamos que la ONU y en especial el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) sean la agencias que acompañen a las provincias argentinas para una mejor gestión pública, un desarrollo democrático, y para que puedan ocuparse del déficit social de una manera prioritaria"
Si quedan dudas acerca de la estrecha relación entre el Banco Mundial y el WWF, sólo tenemos que recordar aquel proyecto de mediados de los ?80, por el que se propició el canje de deuda externa por territorios fiscales, para su posterior "conservación" en manos de los acreedores.

El autor de la propuesta fue Thomas Lovejoy, actual Jefe de Asesores en Biodiversidad del BM, quien en aquél entonces se desempeñaba como Vicepresidente de la World Wildlife Fund.
El Banco Mundial, a su vez, fue uno de los promotores de la Privatización de los dos grandes bancos públicos de Argentina.

Con la excusa de siempre, aquella que identifica a la gestión pública como inexorablemente ligada a la corrupción y a la ineficacia, presiona al gobierno argentino para que se deshaga del Banco Nación y del Banco Provincia, perteneciente éste último a la provincia de Buenos Aires, la más poblada y económicamente activa del país.

Sucede que las dos entidades son acreedoras hipotecarias de casi 15 millones de hectáreas productivas en todo el país, pero, por pertenecer las mismas a pequeños y medianos hacendados, la dos instituciones han resignado, por ahora, sus derechos ejecutorios. Si esos bancos se privatizaran, los beneficiarios, seguramente extranjeros, tendrían la posibilidad apropiarse de esa extensa y rica superficie territorial.

El peligro de tales propuestas es evidente. Tanto el Banco Mundial como Naciones Unidas han sido herramientas al servicio de las potencias hegemónicas. En el caso que nos compete, la creación de santuarios ecológicos en áreas estratégicas forman parte de la lógica instaurada por el concepto de Guerra de Baja Intensidad.

La ya citada Stella Calloni sostiene que el "establecimiento en zonas fronterizas forma parte de un extenso plan militar, ya que permite la rápida movilización entre un país y otro, dentro del especifico esquema que propone el diseño de operaciones rápidas de la guerra de baja intensidad". De esta manera, la fusión en manos extranjeras de extensas haciendas cuasi vírgenes y despobladas, son el lugar ideal para el futuro asentamiento de contingentes militares estadounidenses, lejos del control del Estado Nacional.

Si se tienen en cuenta la antes mencionada base militar en Tolhuin, Tierra del Fuego, la presencia certificada de "marines" norteamericanos en la provincia de Entre Ríos (fronteriza con Uruguay), la vigencia del Plan Colombia y la proliferación de ejercicios militares conjuntos, que se repiten en toda América Latina y el Caribe, la posibilidad de un despliegue armado masivo de Estados Unidos en el subcontinente no es para nada lejana. Por el contrario, formaría parte del diseño estratégico de Washington para la región.

En todo este asunto, el Estado argentino brilla por su ausencia, o mejor dicho, por su complicidad. Como se dijo anteriormente, durante la presidencia de Carlos Menem, se hicieron todas las modificaciones necesarias para liberalizar la compra. de territorios, que devino en la enajenación en manos extranjeras de gran parte del suelo nacional (recordemos que desde hace varias décadas la Corona británica figura entre los grandes propietarios "privados" de haciendas patagónicas).

Muchas de las personas y empresas involucradas en las maniobras explicadas, tienen estrecha relación el poder político nacional. Así, por ejemplo, el ex presidente Eduardo Duhalde contrató como asesor al norteamericano Norman Bailey, conocido militante de la propuesta de canje de deuda por territorio.

Además, Duhalde encargó la renegociación de la deuda externa argentina a tres conocidas consultoras de Estados Unidos. Entre ellas se encuentra "Zemi Comunications", en la que Henry Kissinger tiene el puesto de Director Emérito. Según consta en la prensa de la época, la decisión de contratar a "Zemi Comunicatios" surgió porque Kissinger se negó tomar ese trabajo a titulo personal.

El prontuario de Kissinger es memorable. Aparte de haber tenido participación activa en la instauración de las más sangrientas dictaduras de Latinoamérica, y ser consultor, a su vez, de los mayores conglomerados financieros del mundo, fue el propulsor del nombrado "Iron Mountain Plan".

Sin embargo, brillan algunas esperanzas. Semanas atrás, el diputado argentino Jorge Daud le dio un nuevo impulso a un viejo proyecto de ley presentado por la Federación Agraria Argentina (FAA). Esa iniciativa propone una limitación a la compra de "inmuebles rurales" por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

En su artículo segundo establece que las personas físicas extranjeras residentes en el país, las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República, y las personas jurídicas argentinas que tengan su parte mayoritaria de acciones en manos extranjeras, no podrán adquirir territorios que superen a cuatro unidades económicas de producción, según la reglamentación establecida por cada provincia.

Consultado por APM, el diputado Daud comentó que la idea del proyecto "tiene el doble fin de preservar las riquezas y los recursos del suelo, como también propiciar el ingreso de inversiones genuinas".

"Argentina podría ser uno de los territorios de la región de mayor valor estratégico en los próximos años, por la cantidad de reservas de agua y riquezas naturales sin explotar. Además porque tiene una de las mayores superficies cultivables a nivel mundial, por lo que hace falta tener un mayor control sobre la propiedad de la tierra", dijo Daud.

Queda por verse si la corporación política argentina reaccionará ante la realidad que se asoma y tomará medidas para evitar ser, a corto plazo, un área al servicio de los designios hegemónicos.

Agencia Periodística del Mercosur

La Fogata, Internet, septiembre de 2004