Argentina: el “otro campo” presentó propuesta para garantizar acceso a los alimentos
Los campesinos no representados por la Mesa de Enlace aseguran que reciben sólo el 2% de los recursos estatales para el campo. Señalan que pueden garantizar el acceso a los alimentos con ayuda para producir durante todo el año
La desnutrición –en un país autosuficiente y excedente en producción de alimentos– podría dejar de ser un problema. Así está detallado en las propuestas que los productores campesinos e indígenas, nucleados en distintos movimientos de un puñado de provincias, trajeron a “la capital”.
“Si se apoya la economía campesina indígena se puede brindar alimento al pueblo, no pensando en hacer negocio y en transformarlos en mercancía”, dijo Ignacio Garzarón, de Encuentro Calchaquí, de Salta. Para los movimientos, nucleados en Vía Campesina también es una lucha de las ciudades, donde las familias empobrecidas tienen problemas de acceso a los alimentos. Por eso llegaron a Buenos Aires el jueves pasado y durante tres días explicaron sus propuestas.
Pero para lograr la soberanía alimentaria, reclaman soluciones. El campamento del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) –que representa a más de 15.000 familias– frente a la cartera de Agricultura dio sus primeros frutos. Fueron recibidos por el ministro, Julián Domínguez y plantearon la necesidad de contar con un salario mínimo –como los que hoy se otorgan en la producción de algodón y tabaco cuando no hay cosecha– para compensar la estacionalidad de los cultivos. “No es un subsidio, sino que se busca garantizar que el campesino indígena sostenga la producción de dulces, de conservas, de leche, queso, verduras, frutas –que son estacionales– durante todo el año”, aclaró el representante salteño.
“No logramos mucho, pero pudimos transmitir que existe otro sector que no es la Mesa de Enlace. Y no es agricultura de una escala más pequeña sino que es otro modelo de producción: alimentos y no commodities o forraje para exportación”, explicó Garzarón.
Domínguez se comprometió a visitar Santiago del Estero y reunirse con el movimiento el 9 de noviembre en la provincia de Santiago del Estero.
EXTRANJERIZACIÓN. La disputa de fondo es la de dos modelos de producción antagónicos. La ONG internacional GRAIN advierte en uno de sus últimos informes que el Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola Internacional, vinculado con el Banco Mundial, está asesorando a los países árabes para la compra de tierras en África y Sudamérica, lo que marcaría la continuidad del avance en el Mercosur de otros países como China, que bajo la forma de inversión extranjera directa ya desembarcó para asegurarse sus fuentes de alimentación. El ejemplo más reciente es la adquisición de Gándara.
GRAIN identificó más de cien de estos acuerdos, muchos provocados por las crisis financiera y alimentaria de fines del año pasado.
Por eso losmovimientos aprovecharon el año pasado el debate por la resolución 125. “Hizo que saliera a la luz todo lo que está pasando con los agronegocios”, recapituló Garzarón. Para la Vía Campesina, “las retenciones son una herramienta impositiva para controlar un poco ese modelo pero no es suficiente”.
Por el sistema de producción agroindustrial “en 500 hectáreas trabajan tres personas, mientras que bajo el sistema campesino podrían estar viviendo 100 familias, garantizando su alimentación, su vivienda, sin tener que ser explotados, sin dejar el lugar. Esa es la diferencia entre el agronegocio y la soberanía alimentaria, nuestra defensa de la tierra”, señala por su parte Sebastián Herrera, de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Mendoza (UST).
Los movimientos coinciden en “la falta de medidas para frenar el avance de ese modelo sobre el territorio de las comunidades campesinas de un modelo basado en monocultivo, en el uso de agroquímicos, con bajo uso de mano de obra, que produce forraje para alimentar ganado en otras partes del mundo”. Reclaman la reforma agraria.
“No hay una ley que contenga nuestro sistema de producción y de vida”, relata Javier del Movimiento Campesino de Córdoba. “Esto se da por la expansión de la frontera agrícola y el monocultivo. Si no hay voluntad de políticas para revertir los desalojos será complicado que los campesinos sigan viviendo y trabajando en esas tierras”.
Las señales para un proyecto de reforma agraria “son muy mínimas: siempre se patea la pelota para más adelante”. El MNCI denuncia también complicidad de las provincias con los grandes terratenientes. Herrera asegura que los conflictos por tierras, desalojo y discriminación son moneda corriente.
“Hay compañeros que no pueden acceder al agua porque hay un empresario creó una represa para su campo sin derecho de riego, mientras que nuestros compañeros, que sí tienen derecho de riego en su campo, no tienen agua. Hubo denuncias pero la represa, que se hizo hace cinco o seis años, se sigue llenando”, asegura el representante mendocino. Habla de la propiedad en Jocolí Norte de “los hermanos Manrique –Roberto, Vicente y Oscar–” que además “fue construida con recursos de la municipalidad”, según la denuncia de la UST, que destaca que “más de 20 familias sufrieron el intento de usurpación”.
La titularidad de la tierra, según los movimientos, está amparada por más de cinco generaciones de trabajo y de un modelo de producción que no daña los recursos naturales. En muchos casos, se encuentran con supuestos tenedores de un título de propiedad. “Son falsos, truchos o le hacen firmar una cesión de derechos a los indígenas porque se aprovechan de que en algunos casos no saben leer”, explica Herrera.
REGULAR. Garzarón, entonces, vuelve sobre el rol del Estado. “Todas las herramientas que tenga el Estado para regular y controlar la producción de alimentos son positivas, pero el Estado tiene que ser realmente democrático. Acercamos propuestas para el sector campesino indígena. Si no hay un apoyo concreto, es casi un suicidio”.
En ese marco, explican que a más de un año de la creación de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, “no hubo grandes avances. Hoy más del 98% de los recursos del Estado nacional se destinan a la Mesa de Enlace y menos del 2% a la agricultura campesina indígena”.
Al hablar de la Mesa de Enlace, las críticas recaen sobre la Federación Agraria porque, de las cuatro entidades de la mesa, es la única que alguna vez estuvo cerca de representar a los movimientos campesinos. Ademá, indicaron que la estructura para atender a los campesinos indígenas está vinculada con el Foro Nacional de Agricultura Familiar, tradicionalmente manejado por la FAA.
Hoy no sigue estando bajo Federación Agraria “pero hay muchos de sus funcionarios siguen vinculados, así que de fondo no cambió la situación. Y si no se pasa por el Foro de Agricultura Familiar no se reciben los recursos. Ésa no puede ser la única vía de decisión, tiene que haber un vínculo directo con el Estado”, asegura Garzarón.
POR LOS BOSQUES
El MNCI cerró ayer cuatro días de movilización con un festival en Plaza Italia, por la defensa de los bosques nativos, como forma de contrarrestar al Congreso Forestal Mundial –que se realiza en Buenos Aires hasta el viernes–. “Ése es un espacio en apoyo de los monocultivos forestales: eucalipto, pino. Es otro ejemplo de los agronegocios, anclado en un pseudoecologismo”, concluyó Garzarón.
LA CRISIS ECONÓMICA Y EL MAL DE LA ESPECULACIÓN
La inseguridad alimentaria se agravará, en el “mejor” de los escenarios, un 2% en el mundo, según el último informe de la FAO, presentado la semana pasada y que señala, además, que en América latina hay 53 millones de personas con hambre, cifra que en el planeta aumenta a los 1.000 millones, lo que equivale a la población de la India.
La llegada de la crisis económica hizo que la preocupación por el aumento de los precios de los alimentos y la mayor dificultad para el acceso a los recursos básicos de las poblaciones más pobres pasara a segundo plano. Y si bien los precios internacionales respiraron por la caída de los mercados, los controles a la especulación, ahora que el sistema financiero se recupera más rápido que la economía real, parecen haber quedado en promesas. Pese a la cosecha global récord, la soja sigue aumentando en precio, no a los niveles del año pasado, pero sigue avanzando.
En tanto, “los países en desarrollo cada vez más dependen de la importación de cereales”, advierte la FAO, que reconoce que la dependencia se vio estimulada por las políticas de liberalización comercial.
En noviembre, en tanto, la Organización Mundial de Comercio volverá a la carga con la Ronda de Doha, que justamente se encarga de buscar una mayor liberalización del comercio, aunque con una premisa en favor de los países en desarrollo que se cumplirá sólo si las naciones ricas dan marcha atrás con sus millonarios subsidios al agro y con una mayor apertura de sus mercados.