Argentina: destrucción de bosques en Santa Fe
En el departamento de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe, una fumigación aérea emprendida con fines de deforestación destruyó 2000 hectáreas de bosques naturales
La agresión ambiental, llevada a cabo mediante un poderoso agroquímico todavía no precisado, perjudicó en la zona la salud de vecinos, acabó con las aves silvestres y domésticas, y hasta contaminó las napas de agua que consume la población. Según se ha descripto, lo ocurrido es como si se hubiese producido un gran incendio a cuyo término nada ha quedado sano. Los árboles se han secado, y la flora y la fauna del lugar fueron arrasadas.
El valor de los bosques naturales no es desconocido; sin embargo, con dolorosa frecuencia se conocen episodios de destrucción forestal como el comentado. Por eso es menester insistir sobre el tema para que la sociedad tome verdadera conciencia de la importancia de proteger la vida en el planeta.
La formación de los bosques es fruto de una compleja alianza de condicionamientos de luz, de temperatura, de humedad atmosférica y del suelo, que, a su vez, aporta una composición físico-química determinada que permite o no el crecimiento de las distintas especies. Los árboles protegen campos y cultivos, evitan la erosión del suelo, impiden inundaciones, depuran la atmósfera, son filtros del polvo y reducen el riesgo de contaminación de las aguas. Las formaciones forestales sirven a la biodiversidad, de modo que flora y fauna crecen a su abrigo.
Lamentablemente, como ya hemos destacado en esta columna, quienes destruyen bosques hacen caso omiso de los beneficios señalados y consideran solamente la posible renta que promete el suelo a través de la explotación agrícola. Ahora, después de ocurrido el desastre ambiental del norte santafecino, se plantean numerosas preguntas: ¿Cómo fue posible? ¿Fue autorizada la desfoliación ocurrida? ¿Qué autoridad competente intervino? ¿Qué agroquímico fue empleado?
El daño producido es irreversible y la irresponsabilidad con la cual se obró es alarmante, ya que ni siquiera se reparó en el riesgo que corría la población vecina. Nuestra Constitución Nacional expresamente establece que todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, y que el daño ambiental genera la obligación de recomponer. Es de esperar que se conozcan a la brevedad las respuestas y los responsables, y que se cumplan con todas las acciones correctivas que correspondan para que estos sucesos no se reiteren en el futuro.