Argentina: buscan que el campo pague royalties
Una larga negociación entre las empresas semilleras y las entidades rurales para sugerirle al Estado un sistema definitivo que garantice el pago de regalías por la tecnología en semillas amenazaba ayer en quedar, una vez más, en vía muerta
En este contexto, desde el Gobierno se amenazó con tomar decisiones rápidamente. En los próximos días, si no prospera el pacto entre privados, el Estado limitaría el derecho al "uso propio" de los cultivares.
La Argentina se ha convertido en los dos últimos años en campo propicio para una de las peleas globales más importantes del nuevo milenio: cómo pagarán a futuro los agricultores por las mejoras tecnológicas incorporadas a las semillas, inclusive los eventos transgénicos. De un lado, quienes investigan dicen que el sistema actual no les garantiza el cobró de "royalties". Del otro, los productores aceptan que algo deben pagar, pero desconfían de las formas y discuten los valores.
Esta negociación se fue de madre, además, cuando la estadounidense Monsanto pateó el tablero e inició acciones legales contra importadores europeos de soja nacional, para cobrarles directamente a ellos los "royalties" por la soja transgénica RR, que nunca patentó en la Argentina.
Desde hace largo tiempo, las cuatro entidades y la Asociación Semillera Argentina negocian un método que conforme a todos, y al mismo tiempo desactive la posibilidad de que la cuestión se dirima en tribunales internacionales. Ambos sectores volvieron a reunirse ayer para sellar un acuerdo, pero las diferencias afloraron y lo frustraron.
Según pudo saber Clarín, entre los privados persiste una gran multiplicidad de posiciones, básicamente en materia de limitar el "uso propio" (es el derecho que permite al agricultor guardar parte de su cosecha, para sembrar al año siguiente) y por la extensión que tendrían las regalías. Las posiciones se acercan algo en el sistema de pago: sería al momento de la venta de bolsa de semillas (como hasta ahora) y no como un porcentaje de la cosecha, como pretendía Monsanto.
Fuentes de las semilleras creían que todavía era posible llegar a un acuerdo "antes de fin de año". Pero en la Secretaría de Agricultura veían lejos esa posibilidad y prometían medidas para los próximos días. Según un funcionario, una cuestión decidida era limitar el "uso propio", para que el productor "que compra semillas para 100 hectáreas no pueda sembrar 1.000 hectáreas al año siguiente".