Argentina: Glifosato, la polémica llega al Congreso tras los comicios
A la polémica sobre el glifosato desatada a partir de la noticia de las investigaciones del científico Andrés Carrasco, le faltaba el ámbito legislativo. Es que el Congreso de la Nación está en pleno compás de espera eleccionaria y sus integrantes no volverán a la actividad antes del 28 de junio
Pero “para después de las elecciones vamos a tratar muchos proyectos” relacionados con el campo, adelantó a El Enfiteuta el presidente de la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, Alberto Cantero Gutiérrez.
Uno de los proyectos que sin duda estará entre los primeros lugares de la lista se relaciona con el glifosato. El herbicida que hace el matrimonio tecnológico perfecto con la soja RR, y por ende el más utilizado en la Argentina.
Los chacareros locales rocían unos 150 millones de litros anuales de glifosato en los campos, y a pesar de que este año las ventas del agroquímico han caído en un 48%, la baja se debe más a una reducción en el precio, que a menores cantidades comercializadas de un insumo ineludible para la producción de la oleaginosa transgénica.
Esta situación, sumada a que el resto de los cultivos dista aún de dejar mejores márgenes económicos al agricultor, hace pensar a las cámaras empresarias que para la próxima campaña la superficie de soja volverá a crecer en el país, para cubrir unas 19 millones de hectáreas.
Polémica
La polémica desatada en torno al grado de toxicidad del herbicida y su potencial impacto en el medio ambiente y seres humanos, no es nuevo. Pero la aparición de un informe elaborado por Andrés Carrasco, investigador del Laboratorio de Biología Molecular del Conicet, levantó la polvareda.
Carrasco explica en su informe porqué consideró necesario investigar los efectos del herbicida. Allí refiere entre otras cuestiones: “reportes médicos sobre malformaciones de San Cristóbal y Malabrigo” en la provincia de Santa Fe “con índices de 12 malformaciones sobre cada 250 nacimientos”, según reportes del Dr. Rodolfo Paramo.
Casos similares se citan en Monte Cristo e Ituzaingo (Córdoba); y Las Petacas (Santa Fe); así como el trabajo de otros biólogos en la provincia del Chaco. Carrasco también se basó en un “pedido de la Cámara de Diputados de Santa Fe al Poder Ejecutivo de la Provincia para que SENASA recategorizara al glifosato como de alta peligrosidad clase I”.
En el mundillo del agro vernáculo todo el mundo ha seguido la polémica a favor y en contra ―ya por las bondades ya por las miserias― del agroquímico en cuestión. Ahora le llegó el turno a los legisladores porque hace menos de una semana el oficialismo presentó un proyecto que dará que hablar.
Iniciativa legislativa
El proyecto lleva la firma del presidente de la comisión de Agricultura, Cantero Gutiérrez, y fue acompañado nada menos que por varios ultrakirchneristas del calibre de Carlos Kunkel, Dante Gullo, y Diana Conti. También rubricó la iniciativa el legislador entrerriano Raúl Solanas, que impulsó leyes para prohibir el endosulfán, un conocido pesticida usado para la oleaginosa, y hasta el consumo directo de soja RR.
En una acción declarativa y a la vez de pedido de informes, los legisladores proponen en primer lugar a la Cámara de Diputados “Repudiar actitudes y las acciones de intimidación” ―producida a fines de abril contra los investigadores del Conicet― “por personas que presentándose como abogados y alegando representar a las Cámaras Empresarias (CASAFE y CIAFA), exigieron la entrega de las investigaciones que se estaban haciendo sobre el glifosato”
Este hecho ―al que expresan “el más firme rechazo”― es considerado por los diputados como una “vulneración de la Autonomía Universitaria”. Pero lo más sustancioso del proyecto aparece con los respectivos pedidos de informes a diversos organismos públicos y privados.
Los legisladores piden al ministerio de Justicia que conduce Aníbal Fernández “que disponga las medidas que correspondan en lo cautelar y de protección del equipo de investigación” del Conicet “para garantizar la continuidad de los trabajos” sobre el glifosato.
También se pide “a la empresa Monsanto Argentina y a las Cámaras Empresarias CASAFE y CIAFA su inmediata colaboración con la Justicia para el pronto esclarecimiento de los actos citados”.
Los legisladores solicitan además que los organismos del Estado como el Inta, informen a la comisión de Agricultura “la evolución de la dosis utilizada por hectárea y la cantidad total por región” del cuestionado herbicida “en los últimos 20 años”. Así como la aparición de especies resistentes o tolerantes al glifosato como malezas, y “si en los ambientes utilizados es un producto biodegradable”, entre otras cuestiones.
Anticipo del debate
Mientras tanto en estos días el director de la Cámara Argentina de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Casafe), Guillermo Cal, aseguró en una entrevista concedida a la Voz del Interior que el glifosato “es de muy baja toxicidad”.
Afirma Cal que “hay numerosos estudios sobre el impacto del glifosato sobre embriones de anfibios a determinadas dosis muy altas, que no son las que se aplican en la práctica”, es decir en la producción de granos. El técnico de Casafe sostiene sobre el herbicida que “no hay nada que temer si se usa correctamente”.
Pero el informe publicado por Carrasco, al que tuvo acceso El Enfiteuta, apunta en la dirección contraria. El investigador señala que los embriones del anfibio utilizados en su trabajo (Xenopus laevis) fueron incubados por inmersión en el herbicida en diluciones 1/5000, desde estadio de dos células hasta su análisis experimental.
“La dilución corresponde a dosis de glifosato entre 50 y 1540 veces inferior de las usadas en el campo (tomando rango de diluciones entre el 1% a 30% respectivamente) y 5000 veces menos de la solución comercial”, explica Carrasco. La razón que expone el investigador es determinante: “Mayores dosis matan los embriones”.
En el medio las posiciones dentro de las distintas fuerzas políticas son divergentes y hasta contradictorias. Hay un oficialismo que defiende en voz alta o en voz baja el uso de la soja RR y el paquete tecnológico, y a la vez detractores de la misma tecnología en las propias filas kirchneristas.
Lo mismo sucede entre los representantes parlamentarios de los bloques de la oposición que oscilan en sus miradas a favor y en contra. Las aguas parecen dividirse más por una toma de posición que pone el dedo en la llaga entre la sustentabilidad ecológica y la económica.
Esta situación preanuncia un debate que tendrá una componente menos de ideologías partidarias que de visiones de otro orden: ambiental versus productiva. Hay antecedentes cercanos como el que desató la ley de bosques nativos donde las posiciones a favor y en contra se produjeron más por regiones y pertenencia provincial que por partidos políticos.
Aún si se llegara a la conclusión de que el uso del paquete tecnológico asociado con la soja RR no es recomendable, la decisión política de restringir su aplicación tendrá un costo económico insoslayable para cualquier gobierno.
Desde que los Kirchner asumieron en 2003 y hasta 2008, las divisas generadas por exportaciones totalizaron 277.449 millones de dólares, y casi la cuarta parte de esa montaña inimaginable de dinero se debe al polémico poroto.
Las exportaciones del complejo soja aportaron en ese período 62.368 millones en divisas. Una cifra que representa más de lo que hay de reservas en el Banco Central, aún si la Argentina no hubiera cancelado su deuda con el FMI.