Amenazas a la cultura nativa
Pueblos originarios de Argentina ganaron una batalla histórica por sus derechos. Sin embargo aún quedan varios frentes donde continuar la batalla. Colombia, Bolivia y Chile son escenarios claves
Quebrada, Puna y Ramal son las tres comunidades indígenas de la provincia argentina de Jujuy que consiguieron la titularidad de sus tierras. Otras cuatro comunidades, si bien cuentan con el expediente pertinente, aún deben esperar por la escritura de las tierras. La causa se abrió a partir de la acción de amparo presentada en 2003 por miembros de la Comisión de Participación Indígena (CPI), órgano consultivo integrado por representantes del Programa de Regularización y Entrega de Tierras a los Pueblos Originarios de Jujuy.
Los jueces Benjamín Villafañe y Luis Oscar Morales fueron quienes votaron en favor del derecho de las comunidades indígenas. El fallo además de condenar al Estado Provincial a entregar las tierras a sus pobladores originarios, en un plazo que no supere los 15 meses, insta al cumplimiento de lo pautado en el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas adoptado el 27 de junio de 1989 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según esta declaración las autoridades se verán obligadas a consultar a los pueblos indígenas sobre aquellos asuntos en los que se encuentren involucrados, como gestión de recursos naturales, explotación económica en sus territorios y cuestiones ambientales.
Este mismo convenio es el que Chile aun no ha ratificado, por lo cual no forma parte de la legislación vigente; esto indica que la identidad y derechos del pueblo mapuche no son reconocidos en ese país. Quizás sea la imprecisión legislativa la que permita los abusos que en este territorio se cometen contra los pueblos preexistentes. Tal es el caso de los presos políticos mapuches Jaime Marileo Saravia, Juan Carlos Huenulao, Patricia Troncoso y Patricio Marileo Saravia acusados de incendiar plantaciones de la forestal Mininco y condenados a 10 años de prisión por dicho acto, caratulado como atentado terrorista. La semana pasada diferentes grupos indígenas de América Latina se sumaron a la medida de fuerza tomada por los detenidos, quienes ya llevan más de 60 días en huelga de hambre. Por tal motivo fueron trasladados a un centro de atención de salud.
No solo los pueblos nativos de Chile y Argentina ven amenazada su supervivencia, sino que la mayoría de las comunidades indígenas de América Latina se ven sujetas a la permanente lucha contra el avance de la industria y la tecnología.
En la zona del Gran Chaco Sudamericano habitan más de 30 pueblos originarios de diferentes etnias. Los pueblos originarios de toda la región luchan de forma constante contra la invasión de grupos transnacionales y los pool de siembra de soja transgénica que avanzan sobre su territorio. Además enfrentan la invasión de los ingenios azucareros que queman el bosque, los aserraderos y madereros ilegales.
En la región boliviana es donde se encuentra la segunda reserva de gas natural después de Venezuela. Pero su importancia como territorio estratégico no reside tanto en la cantidad, como en la calidad del recurso. Se trata de gas seco, es decir inmediatamente exportable.
Las petroleras Repsol y Petrobras, ahora en el centro de la escena latinoamericana debido a la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia, son las mismas que durante el gobierno de Carlos Mesa (Movimiento Nacional Revolucionario) impulsaron la creación de un nuevo gasoducto a Brasil que destrozó 500 kilómetros interviniendo territorios indígenas y áreas protegidas. Para estos casos, la legislación prevé que las empresas deben pagar un subsidio a los pueblos damnificados o negociar con ellos un porcentaje de los montos recaudados. Sin embargo, para estas dos empresas, felicitadas por el Banco Mundial (BM), el costo de la operación fue ínfimo.
Sólo entregaron a las comunidades indígenas, a cambio del permiso de la misma para explotar petróleo en su territorio una serie de mercancías miserables, como sacos de azúcar y material deportivo.
Justamente a partir de la nacionalización de hidrocarburos en Bolivia y las malas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, es que la administración del presidente colombiano Álvaro Uribe considera que se verá beneficiada, pues su país cuenta con importantes reservas petrolíferas. Es evidente que el presidente colombiano está pensando en los dividendos que el incremento de esta actividad comercial puede aportar, pues en lo que respecta a las comunidades indígenas los resultados serían drásticos.
Colombia es uno de los países más conflictivos del territorio latinoamericano, está signado por la lucha entre las fuerzas militares oficiales y los ejércitos guerrilleros y paramilitares. Enfrentamiento que provoca el desplazamiento y migración de cientos de nativos. Esto ocurre a los pobladores originarios radicados en territorio rural, quienes se ven obligados a migrar hacia los suburbios de ciudades como Medellín, Cali o Bogotá.
Hace dos años la española Repsol fue denunciada por Amnistía Internacional (AI), por financiar a grupos paramilitares en la zona de Arauca, ciudad ubicada a 450 kilómetros de Bogotá en el límite con Venezuela, con el fin de aterrorizar a la población y entonces contar con el campo libre para la extracción del petróleo.
Paradójicamente, Álvaro Uribe quien se jacta de lograr el record en materia de lucha antiterrorista y desmovilización de grupos guerrilleros como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en aquella oportunidad no hizo grandes declaraciones ni castigó a la transnacional por vínculo con paramilitares.
Sin embargo no tomó la misma actitud cuando el pasado jueves grupos indígenas y campesinos de la zona del Valle, Cauca y Nariño, departamentos del suroeste colombiano, cortaron la ruta Panamericana que va hacia Ecuador. En esta oportunidad el gobierno aseguró que las FARC están detrás de la movilización de más de diez mil indígenas y campesinos que reclaman por la no erradicación de los cultivos de coca, producción de la que viven -o subsisten- estas poblaciones marginales.
Por su parte los pobladores aseguran no estar instigados por las FARC a la movilización y ocupación de la ruta donde se enfrentaron con la policía colombiana.
Ellos afirman movilizarse para impedir que el gobierno continúe con las fumigaciones aéreas que no solo fulminan los cultivos de coca, sino también otras plantaciones no ilegales.
Tanto los pueblos originarios de Colombia como los de Argentina y Bolivia no exigen dadivas, sino aquello que como ciudadanos y pueblos preexistentes les corresponde, el respeto a su identidad, lo cual implica respeto a su lengua nativa y forma de vida. Exigen derecho a la salud y a la educación bilingüe en las escuelas, una cuestión resuelta en la legalidad pero no en la práctica. El proyecto de la Biblioteca Itinerante en La Paz, capital boliviana, donde se contará con documentos y textos bilingües, es uno de los pocos ejemplos concretos que pueden darse en materia cultural respecto al trabajo para una real integración pluralista.
El martes pasado fue presentado, en una de las sedes de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el anuario El Mundo Indígena que publica el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas. Este documento diagnóstica una realidad, aunque dolorosa, cierta: “los pueblos indígenas siguen estando al margen de la sociedad, son más pobres, tienen un menor nivel de educación, mueren a una edad más temprana, hay más probabilidades de que se suiciden y, en términos generales, tienen una peor salud que el resto de la población”.
Teniendo en cuenta que la población indígena de América Latina representa aproximadamente el 10 por ciento del total, es decir entre 35 y 40 millones de habitantes, agrupados en más de 400 grupos étnicos, la conclusión del anuario resulta alarmante.
La construcción de la identidad nacional y latinoamericana implica necesariamente la preservación y respeto por la cultura original. El desconocimiento de los pueblos originarios como dueños de tierras ancestrales amenaza la continuidad de sus culturas, definitivamente "el problema del indio es el problema de la tierra".