¿Agrocombustibles buenos y agrocombustibles malos?

La reciente toma de posición del Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil respecto del tema agrocombustibles –control de la producción por parte de los campesinos – y el surgimiento en ese ámbito de una tendencia proclive a que la misma esté en manos de una empresa estatal, es asunto que merece un debate. No sea cosa que, pese a las mejores intenciones que puedan tener las organizaciones sociales involucradas, el proyecto de última generación del Imperio Global Privatizado (IGP) no entre por la puerta pero sí se cuele por la ventana.

La toma de posición del MST aludida en el párrafo anterior se desprende de un documento emanado del V Congreso de esa organización, realizado la semana pasada en Brasilia, que propone “luchar para que la producción de los agrocombustibles esté bajo el control de los campesinos y trabajadores rurales, como parte de la policultura, con preservación del medio ambiente y buscando la soberanía energética de cada región”. Debe observarse que el citado texto condiciona pero acepta la producción de agrocombustibles.

Que se esté contemplando la posibilidad una producción independiente del modelo hegemónico surge del documento “La agroenergía es nuestra”, divulgado el 14 de mayo último por allegados al MST.

El mismo sostiene: “En Brasil es urgente construir un instrumento capaz de utilizar su amplio potencial de agroenergía renovable como factor de liberación y emancipación del pueblo brasileño y de justicia social. Ese instrumento debe ser una Empresa Brasileña de Agroenergía (de carácter estatal). Si no se toma esa decisión, la ocupación del territorio de Brasil por corporaciones capitalistas extranjeras para la producción de energía renovable, en sustitución ante la creciente escasez de petróleo, seguramente se transformará en un peligroso aumento de nuestra dependencia, más pérdida de soberanía y un proceso de dominación con consecuencias dramáticas imprevisibles para nuestro pueblo, a juzgar por lo que en la actualidad sucede en Irak”.

Obsérvese también que Brasil ya se encuentra entre los principales productores de agrocombustibles y que la iniciativa planteada por el presidente de Estados Unidos, George W.Bush, tendiente a estrechar lazos estratégicos entre ambos países para avanzar en un modelo de producción aún más poderoso fue aceptada por su homólogo brasileño, Luiz Inacio Lula Da Silva.

Quizá sea oportuno recordar lo que señaló esta semana la agencia Bolpress, en un artículo en el que Horacio Barrancos Bellot demuestra las múltiples posibilidades de lectura que ofrecen los cuadros estadísticos: “una cosa es decir que México es un País OCDE o que el PIB brasilero es de los más grandes del mundo, pero otra cosa es decir que la mayor cantidad de pobres en América Latina son mexicanos y brasileros; distinto es señalar a Haití y Guatemala como los países con las tasas más altas de mortalidad infantil, en lugar de identificar que la mayoría de los niños que mueren en América Latina son brasileros y mexicanos; finalmente, no es lo mismo decir que el 54 por ciento de la población haitiana y el 45 por ciento de la población nicaragüense vive con menos de 1 dólar al día, que decir el 40 por ciento de la población latinoamericana en extrema pobreza (menos de 1 dólar al día) vive en Brasil y en México”.

Para concluir con las aclaraciones propuestas, cabe puntualizar que, desde la propuesta teórico desarrollada por quien esto escribe en libros como “Bush & Ben Laden S.A” (Norma, Buenos Aires, 2001) y “Recolonización o Independencia…” (Norma, Buenos Aires, 2004, en coautoría con la colega Stella Calloni), el IGP denota a la actual etapa del sistema capitalista – imperialista, la que entre sus características sobresalientes desnuda la creciente tendencia del corporativismo transnacionalizado a reemplazar en sus funciones de poder y control políticos a las estructuras estaduales, tal cual las conocemos desde la Modernidad.

Ese “síndrome” privatizador del poder político se registra en forma abierta o sigilosa. En este último caso, mediante ciertas operaciones que podrían pertenecer al mundo del “como si…”.

Como si, por ejemplo, Petrobrás fuese una empresa estatal cuando la mayor parte de su integración accionaria pertenece al entramado privado y transnacionalizado; o como si Argentina estuviese a punto de recuperar su soberanía petrolera porque Repsol YPF, que pasa a privilegiar sus operaciones en África respecto de su presencia en América Latina a partir de los año ´90, se dispone a vender parte de sus papeles a empresarios privados de nacionalidad argentina que, en el escenario más “transparente”, en materia de liquidez dependen de las bancas estadounidense y suiza.

Quienes defienden la posibilidad de un sistema de producción de agrocombustibles “soberano” consideran que el control campesino y estatal garantizaría que la misma no se lleve a cabo en desmedro de una racional dedicación del campo a la provisión alimentaria, lo que, sumado a un régimen de contralor sobre la propiedad de la tierra y “stocks”, evitaría la estampida de precios especulativos de la producción como “commodities” (materias primas con precios oligopólicos) y la instalación de estos en forma totalizadora, en sustitución de la producción de alimentos.

Quienes esto sostienen olvidan la historia de la funcionalidad del capitalismo en torno a la ley de mayores beneficios y se saltean un hecho que se aloja en el corazón mismo del bate político: cuál es la naturaleza del Estado en términos de clase.

Respecto del primer punto, resulta conveniente recordar lo afirmado en este mismo medio en una nota anterior (“Hambre para el Sur, derroche en el Norte”): “Los llamados agrocombustibles de segunda generación no están al alcance de la mano: saber cuáles son los cultivos que serán transformados en combustibles no es pertinente. Las plantas salvajes no tendrán una menor impronta ambiental, pues su comercialización transformará su ecología. Cultivadas de manera intensiva, rápidamente migrarán de los setos de arbustos y terrenos arbolados hacia tierras cultivables, con las consecuencias ambientales asociadas a ello. Asimismo, el proyecto agrocombustibles ya estimula una feroz ola especulativa por parte de las corporaciones financieras transnacionalizadas. Según acaban de difundir la agencia Reuters y el diario La Jornada, de México, el multimillonario George Soros reconoció que su fuerte inversión en la producción de etanol en Brasil fue especulativa, porque “aún ve barreras comerciales que restringen el potencial total del productor más barato del mundo del combustible”.

En el supuesto y dudoso caso de que un nuevo tipo Estado –de poder popular y democracia profunda – pudiese garantizar por si sólo la sustentabilidad de un modelo económico basado en la “racionalidad” capitalista, cabe recordar el mismo dista mucho de regir en los países de la región involucrados en el programa agrocombustibles.

Como se planteara al inicio de este artículo, y en atención a lo expuesto hasta aquí, la opción entre el derecho de la humanidad a la alimentación y la consideración de la actividad agrícola como proveedora de materias primas con precios oligopólicos no pasa por un asunto de mejor o peor gestión – privada o pública - o de mayor o menor control campesino dentro de un Estado de matriz neoliberal, sino que se trata de una alternativa paradigmática, de un modelo de humanidad.

Más a ello de esto, no es redundante recordar que, como se afirmara respecto de México esta semana en una nota de Israel Rodríguez en el diario La Jornada, “el desarrollo de biocombustibles en México derivados del maíz o caña de azúcar es inviable en el futuro inmediato, puesto que no hay racionalidad ambiental ni energética a partir de estos cultivos porque provocaría impactos importantes en los precios de los alimentos y de los forrajes para el ganado. Además, aumentar las superficies de cultivo para la elaboración de aquéllos puede acelerar la deforestación y causar desequilibrios ambientales por la utilización intensiva del agua dulce”.

El artículo citado invoca datos de EcoSecurities, empresa líder en el mercado global de reducción de emisiones, que consideró que “la elaboración de biodiésel con aceite de palma tampoco es una buena alternativa porque la experiencia en otros países demuestra que la utilización de esta materia prima está causando la devastación brutal de las selvas”.

La Jornada cita a Gabriel Quadri, director de EcoSecurieties en México, quién señaló que “la implementación de biocombustibles en México no tiene ningún futuro, pero los están inflando, dado que el balance energético y de carbono es negativo en el caso del maíz con impactos en los precios de los alimentos y del forraje para el ganado que ha empezado a manifestar sus consecuencias de manera muy importante en la accesibilidad de los alimentos para la mayor parte de la población”.

Hasta quienes incluyen a los agrocombustibles como alternativa ante la energía de origen fósil reconocen que el escenario de sustitución es paradigmático y que las posibilidades son muchas sin tener que apelar a la conversión del campo en generador de materias primas al servicio de las grandes corporaciones transnacionales.

En ese sentido, resulta útil recordar el artículo “Un mundo sin petróleo”, de Daniel Howden, recientemente publicado por el periódico británico The Independent, que parte de asegurar que el agotamiento de las reservas petroleras es inevitable a corto plazo.

Dice ese artículo que: “la mayoría de la maquinaría agrícola, y del sector se basa en el petróleo o utiliza el diesel como combustible. Casi todos los pesticidas y muchos fertilizantes se hacen en base al petróleo; la mayoría de los plásticos, usados en todos de los ordenadores y en los teléfonos móviles, tuberías, ropa y alfombras, se hacen de sustancias obtenidas del petróleo; la construcción de un solo coche en los Estados Unidos requiere, en promedio, por lo menos 20 barriles de petróleo; la mayoría de los materiales de las energías renovables requieren grandes cantidades de petróleo para ser construidos; la producción de metales – particularmente el aluminio - los cosméticos, tinte del pelo, tinta y muchos derivados son totalmente dependientes del petróleo”.

Respecto de la existencia de fuentes alternativas de la energía, la nota publicada por The Independent destaca que: “todavía hay 909 mil millones toneladas estimadas de reservas probadas de carbón por todo el mundo, bastantes por lo menos para 155 años. Pero el carbón es un combustible fósil y una fuente de energía sucia que contribuiría de forma importante a agravar el calentamiento global; los campos de gas natural en Siberia, Alaska y el Oriente Medio deben durar 20 años más que las reservas de petróleo del mundo pero, aunque más limpio que el petróleo, el gas natural sigue siendo un combustible fósil que emite los mismos agentes contaminantes que el resto de combustibles fósiles”.

Asegura asimismo que: “es también costoso de extraer y de transportar pues tiene que ser licuado, las células de combustible del hidrógeno nos proveerían de una fuente de energía permanente, renovable y limpia ya que únicamente combinan hidrógeno y oxígeno químicamente para producir electricidad, agua y calor. La dificultad, sin embargo, es que no hay bastante hidrógeno en nuestro alrededor y las pocas maneras limpias de producirlo son costosas; las naciones petróleo-dependientes están dando vueltas a las fuentes de energía renovables como la energía hidroeléctrica, solar y del viento para proporcionar una alternativa al petróleo, pero la probabilidad de las energías renovables proporcionen la energía suficiente es más que dudosa”.

Por último subraya que:”los miedos de que el suministro de uranio del mundo se agote han sido aliviados por los reactores mejorados y la posibilidad de usar el torio como combustible nuclear. Pero un aumento en el número de reactores en todo el mundo aumentaría la ocasión de un desastre y el riesgo de que las sustancias peligrosas que se obtienen acaben en las manos de terroristas”.

Lo que el artículo citado no menciona es que, como las propias agencias de seguridad y el Congreso de Estados Unidos reconocieron, la falacia del “terrorismo” y de la posibilidad de que la energía nuclear caiga en sus manos fue un argumento de la inteligencia de ese país para justificar los genocidios de Afganistán y de Irak, con el sólo propósito de asegurar el control de las grandes reservas energéticas en manos de las corporaciones petroleras.

Al referirse a los agrocombustibles la misma nota dice que “el etanol del maíz, se ha convertido en una alternativa popular al petróleo”, a la vez que admite los siguiente: los estudios sugieren que la producción de etanol tiene un efecto negativo sobre la inversión energética necesaria y el medio ambiente debido al espacio requerido para cosechar lo que necesitamos” (se entiende que para alimentarnos).

En una nota publicada en la última edición local de la revista Le Monde Diplomatique y también citado en la nuestra “Hambre para el Sur, derroche en el Norte”, Eric Holtz-Giménez, director general de “Food First, Institute for Food and Development Policy” (Estados Unidos), sostiene que “la rapidez con que se opera la movilización de capitales y la concentración de poder en la industria de los agrocombustibles es asombrosa. En los últimos tres años, se multiplicaron por ocho las inversiones de capital de riesgo en el sector. Los financiamientos privados inundan las instituciones públicas de investigación, como lo comprueban los 500 millones de dólares en subvenciones otorgadas por British Petroleum (BP) a la Universidad de California. Los grandes grupos petroleros, cerealeros, automotores y de ingeniería genética firman poderosos acuerdos societarios: Archer Daniela Midland Company (ADM) y Monsanto; Chevron y Volkswagen; BP, Dupont y Toyota”.

El mismo autor desbarata buena parte del cuerpo de mentiras sobre el que se apoyan los defensores del proyecto agrocombustibles, cuando recuerda, por ejemplo, que “cada tonelada de aceite de palma que fundamentalmente se produce en Indonesia y Malasia, emite tanto o más gas carbónico que el petróleo. El etanol producido a partir de la caña de azúcar cultivada en selvas tropicales desmontadas emite un 50 por ciento más gases con efecto invernadero que la producción y la utilización de la cantidad equivalente de nafta. Los cultivos industriales destinados a los combustibles necesitan enormes esparcimientos de abonos producidos a partir de petróleo”.

O cuando destaca que: “los agrocombustibles provocan graves deforestaciones; el gobierno de Brasil clasificó 200 millones de hectáreas de selvas tropófilas, praderas y pantanos como tierras degradadas, cuando en realidad se trataba de ecosistemas de una gran biodiversidad en la regiones de la Mata Atlántica, del Cerrado y del Pantanal, ocupadas por poblaciones indígenas, campesinos pobres y grandes explotaciones de pastoreo extensivo de bovinos. Los agrocombustibles impedirán el desarrollo rural; en los trópicos,100 hectáreas dedicadas a la agricultura familiar crean 35 empleos. La palma aceitera y la caña de azúcar crean 10, los eucaliptos dos, la soja apenas uno y medio. Los grupos petroleros, cerealeros y de cultivos transgénicos refuerzan su presencia en toda la cadena de valor agregado de los agrocombustibles. Cargill y ADM controlan el 65 por ciento del mercado mundial de cereales, Monsanto y Sygenta dominan el mercado de los productos genéticamente modificados. Resulta verosímil que los pequeños productores agrícolas sean expulsados del mercado y de sus tierras”.

Concluimos que no se trata de agrocombustibles buenos o agrocombustibles malos sino de defender el derecho de la humanidad a la alimentación y de que, ese sentido, estamos ante una disyuntiva paradigmática: el campo para producir comida o para proveer de materias primas al capitalismo corporativo

(*) Víctor Ego Ducrot, director de APM, integra la Cátedra Libre Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina)

APM, Internet, 19-06-07