Agricultura social, compromiso con la sociedad
Síntesis de la intervención en la Comisión de Agricultura en el Senado
Con la última reforma de la Política Agraria Común (PAC) se ha profundizado en la “desregulación” del mercado interior europeo, con una reducción de los precios de referencia a los niveles de mercado mundial y la desaparición de mecanismos fuertes como la intervención a favor de débiles “redes de seguridad”, todo ello unido a una mayor apertura comercial a los productos de terceros países, en definitiva, el desmantelamiento de la PAC en favor de los planteamientos de la Organización Mundial de Comercio (OMC). Todo esto va unido al principal elemento del nuevo escenario de la política agraria europea: la disociación o desacoplamiento de las ayudas directas, eje de la Reforma de la PAC de 2003.
Tenemos la certeza de que esta reforma va a tener un impacto brutal en el modelo de agricultura familiar y social en manos de los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas europeos, de forma que existe un riesgo de desaparición de sectores enteros de producción, así como el cese de la actividad agraria no solo en las regiones menos favorecidas sino también entre agricultores/as y explotaciones familiares situadas en otras regiones. Durante el primer año de aplicación en el Estado Español ya hemos detectado fuertes impactos en los sectores de la remolacha, el algodón, el trigo duro, los cereales de secano, las leguminosas grano, el ovino y la leche. En cuanto a la renta agraria, el año 2006 ha concluido con pésimos resultados, un descenso de la renta total del 3,7%, después de la caída del 12,7% en 2005. La política agraria que se están aplicando en Europa, junto con las negociaciones de liberalización del comercio agrario internacional, son los grandes responsables de esta situación: precios bajos, apertura de fronteras y desconexión de los apoyos de la producción real.
La Unión Europea está utilizando a la agricultura como moneda de cambio en las negociaciones de la OMC, a la vez que transmite a la sociedad un mensaje confuso, contradictorio y falseado, lo que se traduce en una pérdida de legitimidad social.
La desaparición de los principios de la PAC establecidos en el Tratado de Roma obligará a los Estados Miembros y las regiones a recuperar parte del protagonismo que en materia agraria habían cedido a Bruselas y así tendrán que desarrollar políticas propias dentro del marco común. En la otra cara de la moneda aparece el peligro cada vez más evidente de una renacionalización, al menos parcial, de la PAC.
La Comisión Europea tiene el objetivo de efectuar un “chequeo médico” de la PAC en 2008, con la intención de comprobar su funcionamiento, aunque en realidad se trata de una reforma encubierta de la política agraria, profundizando en los planteamientos neoliberales de la reforma de 2003. Quizá la parte más importante de esta revisión a medio plazo sea la llamada “simplificación”, que debe entenderse de una forma amplia, en su acepción tanto técnica como política. De momento, la Comisión ya ha puesto sobre la mesa una propuesta de Reglamento de OCM única que englobaría a 21 OCMs existentes, en lo que es un nuevo paso en el desmantelamiento de la PAC. A la vez, la Comisión quiere lanzar una reflexión sobre el futuro de la PAC a largo plazo (más allá de 2013).
En este marco, el posicionamiento general de COAG respecto a la política agraria y la OMC se sustancia en los siguientes planteamientos:
Nueva PAC en base a la defensa de un modelo social de agricultura, familiar, profesional, generador de empleo, con relevo generacional, productor de alimentos de calidad, respetuoso e integrado en el medio ambiente y extendido por todo el territorio. El apoyo público debe dirigirse hacia este modelo social de agricultura y hacia las personas que lo practican, de forma prioritaria a los profesionales del sector agrario que residen en el medio rural, prestándose una atención especial a las mujeres agricultoras y los agricultores jóvenes que quieran instalarse o ya lo hayan hecho. Esta política debe garantizar precios remuneradores a los agricultores/as y ganaderos/as por encima de sus costes de producción. El mantenimiento del empleo agrario, de las rentas agrarias y del equilibrio territorial deben ser también objetivos de la PAC. No es concebible el desarrollo rural sin agricultores/as y ganaderos/as.
Soberanía alimentaria. Entendido como el derecho de las regiones a proteger, apoyar y promover sus propios sistemas de producción agraria, sobre la base de una producción basada en el modelo social de agricultura, destinada a abastecer su mercado interior de alimentos en la cantidad y calidad suficientes.
Paralelamente rechazamos el libre acceso a los mercados agrarios mundiales y el dumping en las exportaciones agroalimentarias. Nos oponemos a que la agricultura y la alimentación sean objeto de una negociación comercial en la que se subordinan a los intereses especulativos de las grandes multinacionales que deslocalizan las producciones en función de sus intereses. Denunciamos las políticas neoliberales que surgen de la OMC y sus efectos perversos en el mundo rural tanto del Norte como del Sur.
Los precios agrarios deben cubrir, al menos, los costes de producción en origen y en destino, garantizando la renta de los agricultores y agricultoras y ganaderos y ganaderas. Es necesaria una verdadera política agraria que ofrezca una garantía de precios unida a la regulación de la oferta y del mercado interno. Las ayudas directas deben estar ligadas a la actividad agraria realizada en la propia explotación. Las dificultades específicas de producción (zonas de montaña, desfavorecidas y otras) deben ser compensadas para paliar la discriminación de rentas en estas situaciones.
Rechazo del principio rector de la última reforma de la PAC: el desacoplamiento de las ayudas directas. Por lo tanto, nos oponemos a una profundización en esta línea de política agraria como propone la Comisaria Europea de Agricultura con la “simplificación” de la PAC y el llamado “chequeo médico” de 2008. El desacoplamiento de las ayudas directas deslegitima la política agraria y supone un campo abonado para que especuladores y rentistas perjudiquen la imagen de los y las agricultores/as.
Rechazo al recorte de ayudas utilizando el término de modulación voluntaria.
Consideramos inaceptable recortar los pagos a los agricultores/as para costear políticas que no quiere financiar la Unión Europea, como el desarrollo rural. Es un debate tramposo que al final siempre perjudica al agricultor y agricultora y al ganadero y ganadera que viven principalmente de la actividad agraria. Para obtener recursos se debería empezar por la aplicación de techos y/o establecer una auténtica modulación de los pagos directos, con una redistribución de los mismos. Los beneficiarios/as de las ayudas deben ser exclusivamente los agricultores/as en activo que estén desarrollando de forma directa la actividad agraria.
Ante la importante reducción del presupuesto dedicado a las políticas de apoyo a los productores agrarios iniciada, y la más que previsible continuidad y profundización en esta línea en los próximos años, es necesario reafirmar nuestra postura relativa al reparto de las ayudas destinadas a los profesionales del campo.
No es admisible, ni social ni económicamente, que poco más del 20% de los perceptores de ayudas agrarias acaparen más del 75% de los fondos, hecho que ha consagrado la última reforma. Por ello, es prioritario que se proceda a una asignación racional de los mismos. Mientras que para algunos las ayudas agrarias no son mas que una forma fácil de aumentar sus beneficios empresariales, para las explotaciones familiares, que ocupan a los verdaderos profesionales del mundo agrario, el apoyo con fondos públicos permite mantener la viabilidad y la rentabilidad que el mercado no garantiza.
La legitimidad social de la actividad agraria está en nuestro trabajo como agricultores/as y ganaderos/as, produciendo alimentos de calidad, respetando el medio ambiente y el cuidado de los animales y conectando con la Sociedad en un Contrato/Alianza en la defensa de esta labor imprescindible, que a su vez genera empleo, economía y vida en el medio rural. Otra labor que se nos está proponiendo como la de productores de energía puede ser importante siempre que se realice en las claves de una producción agraria sostenible, de respeto al medio ambiente, no sustitutoria de la producción de alimentos y siempre en claves de consumos internos o para la obtención de pequeñas rentas complementarias, que deberían computarse como tales a los efectos de la consideración como agricultor/a, ganadero/a profesional de los productores que realicen o participen en estas inversiones de cuantía reducida realizadas en zonas rurales.
El Estado Español tiene la necesidad de desarrollar políticas agrarias de Estado que compensen la situación crítica en la que la última reforma de la PAC ha dejado sectores enteros.
Exigimos a las Administraciones Central y Autonómica, el desarrollo de políticas agrarias de Estado enfocadas hacia el modelo social de agricultura, que compensen la situación de abandono en la que la última reforma de la PAC ha dejado a los/as agricultores/as y ganaderos/as profesionales. Si no se realiza, el abandono de muchos pueblos y del medio rural será un hecho definitivo perdiéndose además un patrimonio y una cultura construido entre muchas generaciones.
Deben asentarse las bases que garanticen un futuro para los/as agricultores/as y ganaderos/as, así como también una gestión racional del territorio, sin perder ni un agricultor ni una agricultora más. No se trata de una apuesta por la renacionalización de la PAC, que rechazamos, sino por la necesidad de mantener empleos agrarios y un equilibrio territorial de interés general.
En la actualidad se está produciendo una enorme presión sobre el territorio rural y agrícola por parte del sector de la construcción residencial, las grandes infraestructuras, las políticas forestales, determinadas políticas conservacionistas, etc., comprometiendo en muchos casos el desarrollo agropecuario en determinadas zonas. Exigimos que se tomen medidas que eviten esta especulación sobre el suelo, el agua, el medio ambiente y, en definitiva, unos recursos naturales limitados. Para lograr esto, se debe realizar previamente una correcta ordenación del territorio.
Renovamos nuestra apuesta por la conservación del medio ambiente, la calidad de los productos y la seguridad alimentaria. El sector agrario es el primer interesado en practicar una agricultura sostenible, origen de producciones de calidad integral. El modelo social de agricultura es el que mejor garantiza unos procesos productivos sostenibles y unos productos que cumplen todos los requisitos de calidad.