Colombia: un país energívoro alimentado de carbón

En los últimos 30 años, Colombia tuvo ocho períodos presidenciales, seis mandatarios y una escalada neoliberal que hoy se encuentra consolidada. En ese período el país tuvo transformaciones político legislativas que abrazaron al sector privado nacional y transnacional, y modificaron las reglas del juego de la economía local.

Con el inicio de la década de los 90, en Colombia comenzó a instalarse un modelo mercantil con consecuencias e impactos que hoy pueden sentirse sobre la vida de las comunidades productoras y trabajadoras, y con más fuerza sobre las mujeres.

Un nuevo  informe* realizado por  CENSAT analiza las políticas de cada período presidencial desde 1990 hasta 2021, que incluye dos reelecciones, la de Álvaro Uribe Vélez y la de Juan Manuel Santos. Radio Mundo Real conversó con la coordinadora general de CENSAT, Tatiana Rodríguez, sobre la historia y el presente de Colombia, pero también sobre las líneas de acciones futuras y las alternativas comunitarias.

“Colombia tiene una alta gama de afectación por el sector transnacional, muy directamente relacionado con actividades extractivas, no excluye prácticamente ninguna”, contó Rodríguez. En el sector minero-energético colombiano están presentes la actividad petrolera y por supuesto la minera, la extracción de oro como de materiales para la construcción, pero principalmente la extracción de carbón.

La coordinadora de CENSAT aclaró que las trasnacionales están muy interesadas en lo que llaman “recursos naturales”, que desde la perspectiva ambiental son entendidos como bienes naturales. Esto incluye también al sector agrícola, la explotación de tierras y cuencas de agua por parte del modelo agroindustrial. En este sector se destaca la instalación de monocultivos forestales, que como en gran parte de América Latina y el Caribe traen consigo el despojo de comunidades campesinas e indígenas, y en Colombia también de las comunidades afro.

En este contexto de avance trasnacional sobre los territorios, acceder y permanecer en la tierra se hace muy difícil. El caso colombiano además está travesado por el conflicto armado interno. Las comunidades “son desplazadas no solo porque no tengan opciones económicas, sino porque les son arrebatados sus medios de vida o directamente su propia vida”. Estas comunidades atravesadas por el despojo y el desplazamiento forzado “terminan en muchos casos siendo empleadas de esas empresas trasnacionales, cuando no son desplazadas a los grandes centros urbanos”, contó Rodríguez.

Una de las empresas trasnacionales más grandes instaladas en Colombia es Glencore, que tiene muchísimos títulos mineros, tanto en la zona de la Guajira como del César. Además, fiel al estilo corporativista, Glencore creció muchísimo mediante adquisiciones y fusión con otras empresas. Según comentó Rodríguez, “ellos son prácticamente los dueños de todo el carbón colombiano, curiosamente en un momento en que se había dicho que se iba a descarbonizar la economía y la sociedad”.

Otra empresa con mucho poder en el país es Anglo Gold Ashanti, que “al igual que Glencore enfrenta graves acusaciones de violación a los derechos humanos, es la dueña de la mayor parte de los títulos mineros que existen en el país de oro y tiene gran interés en hacer una mina de cobre, en el departamento de Antioquía, que sería la primera a cielo abierto en el país”, aseguró la activista ambiental.

Cronología de un avance

El análisis de CENSAT comienza en la década de los 90 con dos grandes hitos político-legislativos: la nueva Constitución política de 1991 y el plan de gobierno del hasta entonces presidente Virgilio Barco. Rodríguez explicó que la nueva Constitución fue un gran logro cívico, ya que reemplazó a una con más de 100 años, pero a la vez oficializó la entrada del neoliberalismo en Colombia.

“A lo largo de los siguientes períodos presidenciales, si bien con diferentes tipos de mecanismos y énfasis, profundizan ese modelo neoliberal que favorece al capital transnacional. Esas transformaciones son un gran paquete muy posible de identificar porque en realidad se consolidan a través de unas herramientas muy concretas de un carácter fuerte, no son pequeñas resoluciones o ajustes, son cambios a través de leyes, decretos o de documentos que condensan las políticas públicas y los presupuestos”, detalló Rodríguez.

En 1990 asumió como presidente César Gaviria, considerado el padre del neoliberalismo colombiano. Gaviria puso al Estado a jugar un papel subsidiario e implementó el Programa de Modernización de la Economía Colombiana, que brindó a la inversión extranjera las mismas garantías que a la nacional. Además, desreguló el mercado laboral, el mercado de bienes y servicios, y el mercado de capitales, para dar rienda suelta al libre mercado. Como si fuera poco, también propuso una serie de reformas tributarias y financieras.

El gobierno posterior de Ernesto Samper, aunque con algunos intentos por reparar daños provocados por la liberalización, sobre todo en el sector agropecuario a través de políticas sociales, continuó con la política de privatización mediante la ley 223 y la apertura a capitales extranjeros con el decreto 1295. Luego asumió Andrés Pastrana y su famoso Plan Colombia de combate a los cultivos ilícitos ligado a procesos de militarización. Firmó dos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional y reformó el código de mina, eliminando la solicitud o exigencia de licencia ambiental para la etapa de exploración minera.

En 2002 asumió Álvaro Uribe, que se mantuvo durante dos períodos y mediante los decretos 254 y 520 disolvió las empresas nacionales de carbón, dejando al sector en manos transnacionales. Uribe firmó diversos Tratados de Libre Comercio e introdujo la biotecnología, afectando las cadenas de producción del sector agropecuario, pesquero, forestal y acuícola. Los siguientes dos períodos son de Juan Manuel Santos, quien abrió la altillanura colombiana para la entrada de actores privados e instaló las zonas de interés de desarrollo rural, económico y social (ZIDRES), una especie de zonas francas para las empresas.

El último período estudiado es el de Iván Duque y su plan Pacto por Colombia, pacto por la equidad, que según consta en el informe de CENSAT fue “una apuesta de continuidad del modelo neoliberal”.

Resistencia común

“Este tipo de proyectos y de entrada de capitales generan relaciones coloniales y tienen una dinámica de economía de enclave en los territorios. Son actividades que van a los territorios a sacar. No solo los bienes naturales sino a sacar las relaciones y los tejidos sociales”, aseguró Rodríguez. Agregó: “Este tipo de economías tiene una afectación directa de manera específica en temas de género y también es por eso que son las mujeres las que defienden su territorio y sus formas de vida, son las que están generando dinámicas o dinamización de los procesos de resistencia”.

“La resistencia comunitaria y la organización social sigue siendo fundamental”, señaló Rodríguez. Como muestra la revisión de CENSAT, la tendencia es que las políticas de favorecimiento al poder transnacional continúen. “Pero desde las comunidades y desde lo local se está trabajando en la construcción concreta de alternativas de vida, no solo para ellos y ellas de manera personal, sino que en realidad son ejemplos y son formas de comenzar a transformar en aras de realizar una transición”, reflexionó la activista de Amigos de la Tierra Colombia.

Sobre el final de la entrevista Rodríguez analizó: “lo que hay que cambiar es el modelo. No tenemos chance de pensar que no quemando o no extrayendo más carbón, o no haciendo más fracking, vamos a transformar las condiciones de vida de la gente. Esos pasos son indispensables para pensar y construir una sociedad diferente, pero no son la meta. La meta es aprender de las comunidades en diálogo social amplio y generar una sociedad diferente, que no sea energívora”.

Fuente: Radio Mundo Real