La huella de Iberdrola y Gas Natural en el sur de México

Por Miriam García-Torres y Yago Martínez (El Salto, 21 de febrero de 2018)

En contraposición a los combustibles fósiles, cuyos límites son cada vez más evidentes por su progresivo agotamiento, su importante contribución al cambio climático y los impactos que generan, la energía eólica se presenta como una buena alternativa a la crisis energética. Ante este escenario las grandes empresas eléctricas, bajo el paraguas del capitalismo verde, ven en el sector de las renovables una oportunidad para diversificar sus estrategias de acumulación de capital.

No cabe duda de que los impactos sociales y ecológicos asociados a los parques eólicos son notablemente menores a los de las grandes hidroeléctricas, la extracción de combustibles fósiles o las nucleares. Sin embargo, cuando la escala de los proyectos y la lógica con la que se imponen continúa sujeta a los intereses de las grandes corporaciones, la conflictividad aumenta y los impactos se multiplican. La realidad entonces es bastante menos idílica de lo que nos muestra la publicidad de las empresas. Esto es lo que ocurre en el Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca, México, donde la acción de varias empresas españolas como Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia, está generando una serie de impactos socioecológicos y vulneración de derechos humanos.

Sobre el Istmo de Tehuantepec, un área de gran diversidad biológica y cultural en la que habitan cinco pueblos indígenas, se construye el corredor eólico más grande de América Latina. 27 parques eólicos en operación y 9 más en desarrollo, que en su conjunto consideran la instalación de 5.000 aerogeneradores en 100.000 hectáreas, con una capacidad instalada de 2.360 MW que se prevé duplicar para el año 2020. El 80% de los parques están en manos de empresas transnacionales, y las compañías españolas controlan más de la mitad. A estos datos se suma el hecho de que gran parte de la energía generada no contempla su uso doméstico ni está dirigida a satisfacer las necesidades eléctricas de la población local. Al contrario, 21 de los 27 parques operan bajo la figura de autoabastecimiento, que significa que producen energía para abastecer directamente a grandes corporaciones. En otras palabras, Coca Cola, Walmart, Bimbo, Cemex, y otras compañías acaparan el 70% de la energía eólica generada en el Istmo. Todos los parques controlados por las empresas españolas operan con este modelo.

Bajo esta lógica neocolonial, donde la fabricación de la tecnología, la construcción y operación de los parques eólicos, así como el control y el uso final de la electricidad producida están en manos de los intereses de las transnacionales, los beneficios sociales y ambientales de este macroproyecto son más que discutibles. La magnitud del Corredor Eólico del Istmo de Tehuantepec genera importantes impactos ecológicos, que incluye la muerte por colisión de decenas de miles de aves anualmente. Por otro lado, requieren de una gran cantidad de terreno para su implantación, lo que está motivando importantes cambios en el uso del suelo y una tendencia a la privatización de tierras en una zona caracterizada por la propiedad comunal y en la que el acceso equitativo a la tierra, del que depende la mayor parte de la población, es un problema históricamente no resuelto.

Pero sin duda, la mayor conflictividad ha surgido de las tácticas desplegadas por las empresas para implantar los megaproyectos, tal y como denuncian las organizaciones locales: ausencia de consulta, presiones para establecer la firma de contratos abusivos, cooptación de dirigencias locales, generación de redes clientelares, estrategias de división y destrucción del tejido social, invasión y expropiación de terrenos, cierre de caminos comunales, etc. Muchas de las personas que se oponen a los parques eólicos han sufrido amenazas, intimidación, detenciones arbitrarias, denuncias o agresiones físicas. El caso más grave fue el asesinato de un activista de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco en 2013 en el marco de las protestas contra el complejo eólico Bii Hioxo, operado por Gas Natural-Fenosa. Aunque la empresa negó tener relación con el suceso, no se puede desvincular este hecho de un contexto de conflictividad originado por sus actividades.

La presencia de las transnacionales tiene también importantes impactos de género que contribuyen a profundizar la discriminación estructural de las mujeres. Las empresas fomentan su marginación de las tomas de decisión al imponer estrategias de negociación individuales y selectivas con ciertos actores locales, todos ellos hombres. Además, los megaproyectos han ido acompañados de un proceso de militarización de la región, que genera un clima específico de inseguridad hacia las mujeres. Las defensoras del Istmo han denunciado también el aumento de la prostitución forzada en los núcleos urbanos cercanos a los parques eólicos como consecuencia de la llegada masiva de trabajadores de las empresas.

Desde que las empresas transnacionales españolas desembarcaron en México en la década de los 90, el poder diplomático, político y económico del Estado español y la Unión Europea no ha parado de trabajar en favor de sus intereses. De hecho, en este preciso momento la UE y México negocian la actualización de su acuerdo comercial con la intención de firmarlo previsiblemente a lo largo de este año. Entre las demandas de la UE en la negociación está la mejora del acceso a licitaciones públicas y al sector energético para las empresas europeas así como una mayor protección a sus inversiones, lo que previsiblemente aumentará todavía más el poder de las transnacionales energéticas europeas en Oaxaca.

Sin lugar a dudas, la apuesta por las energías renovables es una condición necesaria para hacer frente al agotamiento de los recursos fósiles y al cambio climático. Sin embargo, para transitar hacia un modelo energético verdaderamente sostenible el cambio tecnológico deberá estar necesariamente acompañado de la transformación de las estructuras de poder vigentes y del modelo de producción y consumo global, donde residen las causas estructurales de la crisis ecológica. La necesaria transición hacia las renovables debe estar dirigida a satisfacer las necesidades energéticas de la población, favoreciendo el autoconsumo, los proyectos cooperativos y de gestión comunitaria; un modelo, por lo tanto, opuesto al que imponen las transnacionales españolas en Oaxaca.

Por otra parte, resulta urgente y necesario establecer marcos normativos jurídicamente vinculantes tanto a nivel nacional como internacional que obliguen a las empresas a garantizar los derechos humanos e impongan sanciones frente a las violaciones cometidas. También es necesario abandonar las negociaciones sobre tratados de comercio e inversión y mecanismos de arbitraje que refuerzan la arquitectura jurídica de la impunidad de la que disfrutan las empresas transnacionales. Estos cambios en el marco jurídico solo serán posibles si van acompañados de una profunda transformación de nuestro paradigma económico, político, social y cultural que, a partir de miradas ecologistas y feministas, den prioridad a los procesos de sostenibilidad de la vida y al bien colectivo de los pueblos y la naturaleza, frente a los beneficios económicos de las grandes corporaciones.

Miriam García-Torres y Yago Martínez son miembros de Ecologistas en Acción.

Fuente: OMAL