Guatemala: la lucha por la tierra y por la vida

“El CUC nació con la idea básica de que los problemas deben arrancarse de raíz y con el objetivo fundamental de la alianza de obreros y campesinos” Daniel Pascual Hernández tiene 34 años de edad. Es maya quiché, originario del Municipio de Zacualpa, del Departamento de El Quiché. Diplomado en Derecho Agrario por la Universidad Rafael Landivar y en Procesos de Democracia y Transición de la Universidad Carlos III de Madrid. A sus 34 años tiene ya una larga experiencia de lucha y organización campesina. Actualmente es el coordinador general del Comité de Unidad Campesina (CUC) y copresidente de la Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria en Guatemala. Le hemos entrevistado para Hacia el Sur.

¿Cuál es la trayectoria y el trabajo actual de tu organización, el Comité de Unidad Campesina?

Nuestra organización tiene sus orígenes en el trabajo de a c o m p a ñ a - miento realizado por algunos s a c e r d o t e s , monjas, catequistas y sacerdotes mayas, ligas campesinas, cooperativas y estudiantes, indígenas y ladinos pobres, en los años 1974-1976. Este trabajo se realizó principalmente en el altiplano central, Sololá, Chimaltenango, Quiché; en la costa Sur: Escuintla, Suchitepequez; en Occidente: Huehuetenango; Oriente: Izabal. En Alta y Baja Verapaz, (Rabinal, Cubulco, Panzós) y en la capital.

La Asamblea de Constitución del CUC se da en el departamento de Chimaltenango, el 15 de abril de 1978; participaron delegados de la Costa Sur, el Quiché, Chimaltenango, Izabal; Sololá y Huehuetenango. Como organización salimos a la luz pública desfilando junto al movimiento sindical y popular durante la marcha del 1de Mayo de ese mismo año. Lo fundamental de nuestras demandas en ese entonces, se basaban en la lucha por un mejor salario en el campo y en la ciudad, contra la represión de la Guardia de Hacienda y la militarización generalizada y en contra de la discriminación de los pueblos Indígenas. La organización tomó el nombre de Comité de Unidad Campesina, organización de naturaleza política y reivindicativa, integrada por campesinos y campesinas, niños y ancianos; indígenas y ladinos pobres. Nació con la idea básica de que los problemas deben arrancarse de raíz y con el objetivo fundamental de la alianza de obreros y campesinos. El lema que nos ha acompañado en los distintos momentos de la lucha es: “Cabeza clara, corazón solidario y puño combativo de los trabajadores del campo.”

El 31 de enero de 1980, ante las grandes injusticias y el aumento de la represión institucional del Estado, nuestros dirigentes campesinos junto a los pobladores, estudiantes, sindicalistas y religiosos, ocupamos la Embajada de España para que mediara frente al gobierno militar. La repuesta del gobierno fue la quema de la Embajada; muriendo quemados 39 personas, entre ellas 27 compañeros y compañeras campesinas.

El 14 de febrero de 1980, se inició la huelga de la Costa Sur por un salario justo. Una de las características de esta huelga es que por primera vez, los cuadrilleros que bajan del Altiplano para la época de zafra y cosecha, que generalmente rompían las huelgas de los mozos colonos y obreros agrícolas, en esta ocasión bajaron organizados y con la consigna de incorporarse a la huelga; con ello se logró la movilización de más de 80.000 trabajadores, lo que dio como resultado el aumento salarial de 1,12 quetzales a 3,20 quetzales por tonelada de caña cortada o quintal de algodón o café cortado.

A principios de los años 80, dada la política de masacres y tierra arrasada, el asesinato y captura de muchos cuadros y activistas del CUC y la respuesta del régimen de sangre y fuego ante cualquier demanda reivindicativa, nuestra organización prácticamente dejó de funcionar dentro de Guatemala. Muchos compañeros y compañeras no tuvieron otro camino que integrarse a la guerrilla y otras y otros fueron parte de los refugiados o los desplazados internos. Únicamente se mantuvo una representación del CUC en el exterior, de la cual formó parte Rigoberto Menchú junto a otras compañeras y compañeros.

En 1985 comenzaron a darse los primeros pasos para retomar el trabajo en las comunidades campesinas de Guatemala y el 14 de marzo de 1986 se realizó una reunión extraordinaria reconstitutiva del CUC. En 1986, el CUC junto a los sindicatos, pobladores, estudiantes y organizaciones de Derechos Humanos creamos la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP).

Las primeras luchas del CUC en su nueva época fueron limitadas, comparativamente con las que había realizado en los años anteriores. En ese entonces nos centramos en la lucha contra la militarización, por la libertad de organización, por un salario justo en las fincas. Por efectos del desplazamiento interno que produjo la represión, muchos cuadros y activistas del CUC, jugaron a partir de 1987, un papel destacado en la conformación de otras organizaciones activas hoy en día, como Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG), Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), ACG, MAJAWIL y la Defensoría Maya.

El CUC desarrolló un papel decisivo en la organización y celebración del Segundo Encuentro Continental indígena, negro y popular realizado en Quetzaltenango. En este encuentro se sentaron las bases para coordinaciones sectoriales continentales como la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC).

En 1992, el CUC se dividió, parte de sus dirigentes, cuadros y bases campesinas formaron la CONIC. Esta crisis, como es lógico, produjo retrasos, limitaciones y estancó el trabajo, resintiéndose las acciones de movilización y organización. Fueron los tiempos donde el CUC más que crecer y desarrollarse tuvo que consolidar lo que tenía y ajustar sus reivindicaciones a su propia situación. En ese marco y para remontar la crisis, el CUC impulsó la ocupación de fincas, en particular en la Costa Sur. De esa cuenta, a partir de 1992 se ocuparon las fincas Ixtán en Champerico, Retalhuleu, Finca Santa Cristina El Xan en el Asintal, Retalhuleu y se realiza una ocupación del parque central de Quetzaltenango. Además, en los siguientes años, se ocupan fincas en Entre Ríos, Izabal y el Astillero en Managua, Escuintla. Estas ocupaciones encontraron la respuesta represiva de las autoridades y finqueros, produciéndose desalojos violentos, como el sucedido en la Finca La Exacta, en Coatepeque. Además se impulsó la lucha por el salario mínimo y la mejora de las condiciones de vida de las familias campesinas. En 1993, el CUC junto a CONDEG, Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y Coordinadora Nacional de Medianos y Pequeños Productores (CONAMPRO) inició un proceso de coordinación y de unificación de planteamientos a partir de la lucha por el salario mínimo; posteriormente de cara a la mesa de negociación entre gobierno y URNG se trabajó en la propuesta de “Democratización en el Uso, Tenencia y Propiedad de la Tierra”; dicho proceso desembocó en la creación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, CNOC.
En 1998 la CNOC realiza el II Congreso Campesino, y su plan estratégico en el que como CUC se aporta cualitativa y cuantitativamente en levantar e impulsar la lucha por la tierra y la propuesta de desarrollo rural. Actualmente nuestra lucha se centra en seis ejes sustantivos: la lucha por el acceso, uso, tenencia, propiedad y respeto a la Madre Tierra; por el respeto de los derechos laborales de las y los trabadores del campo; por la equidad de género; por el fortalecimiento organizativo; por la identidad y derechos de los pueblos indígenas y por el desarrollo comunitario y productivo. Además tenemos otros cuatro ejes funcionales: formación y capacitación; finanzas y recursos; comunicación y propaganda y coordinación, relación y solidaridad Internacional. El año pasado participamos activamente en diversas movilizaciones vinculadas a la lucha por la tierra; en las luchas de rechazo al Tratado de Libre Comercio, en las que un compañero nuestro fue asesinado por la policía nacional civil en el occidente del país; en movilizaciones en contra de la política represiva de actual gobierno de Guatemala y en contra de la criminalización de la lucha campesina. En medio de esta actividad elaboramos participativamente, aprobamos y divulgamos nuestro Plan Estratégico 2005-2009 y modificamos nuestra estructura a fin de darle un mayor impulso a la participación de las mujeres en espacios de decisión y ampliar la participación y la democracia a lo interno de nuestra organización. Este año abrimos las jornadas de lucha del movimiento indígena y campesino ocupando por diez días el Parque Central de la Ciudad de Guatemala donde logramos la entrega inmediata de dos fincas a igual grupo de campesinos y campesinas; el establecimiento de un mecanismo, agenda y compromisos para abordar con el gobierno otros 53 conflictos agrarios; detener unos diez desalojos que ya estaban en proceso de ejecutarse y comprometer al gobierno por un proceso, junto a otras organizaciones, para impulsar un proceso de discusión sobre la integralidad de la institucionalidad agraria.

¿Nos puedes contar tu balance sobre la experiencia de la Mesa de Seguridad Alimentaria?

La Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria fue constituida a partir de una denuncia de la distribución de granos transgénicos en la ayuda alimentaria, por la situación de la crisis de seguridad alimentaria que se dio en Guatemala a finales del 2003 y principios del año 2004. La constitución de esta mesa forzó al Ministerio de Agricultura a aceptar esta realidad, lo que dio lugar a la creación de una Secretaría de Seguridad Alimentaria.

La mesa se constituyó a partir del abordaje de los temas de seguridad alimentaria e inocuidad. A mi juicio, uno de los principales logros fue el reconocimiento del tema de seguridad alimentaria como un derecho fundamental, relacionado con el tema de la tierra y de los derechos humanos en general, dado que entender la seguridad alimentaria como el acceso a los alimentos en las cantidades y calidades necesarias pasa por entender que para tener acceso a los alimentos se requiere tener las posibilidades de producirlos o bien tener los ingresos necesarios para adquirirlos. Ello significa que, en primer lugar, hay que tener tierra aunado al acceso a la capacitación, asistencia técnica, créditos, etc., y, en segundo lugar, tener los ingresos necesarios se conecta inmediatamente con el tema laboral.

Lo importante de la Mesa de Seguridad Alimentaria fue que se demostró, una vez más, la capacidad de interlocución del sector campesino, la seriedad y el aporte que damos en la definición de políticas públicas. También significó que, para las y los involucrados en esta mesa reconocieran que este tema está vinculado a los derechos económicos y sociales, derechos que están reconocidos constitucionalmente, pero del reconocimiento sobre el papel a los hechos concretos hay un gran trecho que recorrer, donde es fundamental la voluntad política, tanto del gobierno como de los grandes empresarios.

En el proceso de diálogo y negociación que se desarrolló en la mesa, se pudo constatar que por parte de los legisladores y hacedores de política hay un profundo desconocimiento de esta realidad y no aceptan que la seguridad alimentaria es un derecho, lo que los lleva a legislar alejados de la realidad de la mayoría de la población.

Por parte del sector empresarial, salvo contadas y raras excepciones, hay no sólo un gran desconocimiento de las causas, efectos y abordaje del problema de la inseguridad alimentaria, sino que no les interesa conocerlo y les es muy difícil aceptar la existencia de este derecho, porque tiene que ver con el derecho a la tierra, los salarios justos y una mejora en las condiciones de vida.

Acaba de aprobarse en Guatemala una Ley de Seguridad Alimentaria, ¿cuáles son sus puntos principales y qué impacto piensas que va a tener en la práctica?

Además de la Ley de Seguridad Alimentaria, se ha aprobado la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Con respecto a la Ley, entre sus principales puntos está la creación del sistema nacional de seguridad alimentaria y nutricional, constituido por el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria, la Secretaría de Seguridad Alimentaria y la Instancia de Consulta y Participación Social.

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional está constituido por diversas instituciones gubernamentales, por dos representantes del sector empresarial y cinco representantes de la sociedad civil. Una buena parte de la ley regula el funcionamiento de Consejo, la Secretaría y el secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sin embargo, tres de los principales principios rectores de la ley son, a nuestro juicio, que define el principio de soberanía alimentaria; establece la tutelaridad del Estado entendida como el mandato del Estado de Guatemala para velar por la seguridad alimentaria y nutricional de la población, haciendo prevalecer la soberanía alimentaria y la preeminencia del bien común sobre el particular; además establece el principio de precaución ante la importación de los transgénicos, para lo cual el importador debe demostrar la trazabilidad e inocuidad de lo que importa, y deja sentada las bases para la emisión de leyes para la protección del germoplasma nativo.

En términos de legislación la emisión de dicha ley es un avance importante; sin embargo, todavía está sujeta a la voluntad política de los gobiernos para darle un impulso a los mandatos contenidos en dicha ley.

En el caso de la política de seguridad alimentaria y nutricional, establece las estrategias a desarrollar y cómo implementarlas; sin embargo pasa por dos condiciones fundamentales: voluntad política y asignación suficiente de recursos financieros.

El huracán Stan tuvo efectos devastadores en Guatemala. ¿Cuál es la situación actual de las poblaciones afectadas? ¿Qué piensas del papel que ha jugado la cooperación internacional?

El Stan tuvo dos escenarios principales: la zona de la costa sur, donde principalmente se dieron inundaciones, y la zona del altiplano central y occidental, donde unos de los principales efectos fueron los deslizamientos y derrumbes. En el caso de la costa sur, el efecto principal fue la pérdida de bienes producto de la inundación y, sobre todo, afectó la producción agrícola destinada al consumo alimenticio y la comercialización. En los días en que los efectos del Stan fueron noticia, efectivamente se apoyó a las comunidades con alimentos, pero ahora que han dejado de ser noticia, estas comunidades se enfrentan con que no tienen apoyo gubernamental para reconstruir o rehabilitar sus sistemas productivos. El gobierno se ha ido más por invertir en infraestructura dado que ésta puede ser visible para el período electoral adelantado que ya se comienza a vivir este año.

Muchas comunidades van a tener entre marzo y abril nuevamente problemas de inseguridad alimentaria dado que las pocas reservas que no se perdieron o la ayuda recibida se estará acabando para esas fechas. Esta población también tuvo el problema que el Stan afectó la producción para la agroexportación y, cuando iban a las grandes fincas a buscar trabajo y con esos ingresos adquirir alimentos, se encontraron con que no había suficiente demanda de trabajo para absorber la oferta existente. No obstante, en la Costa Sur las probabilidades de recuperación son mayores dado que ahí se pueden obtener dos cosechas de granos básicos anuales, situación que no se da en el altiplano.

En el altiplano los efectos fueron mayores, no sólo porque los niveles de pobreza son más grandes sino porque cuando fue el Stan aún no se habían cosechado los alimentos del 2005 y la nueva cosecha será hasta finales del 2006. Eso significa que las dificultades serán mayores.

En muchas de estas regiones cultivan hortalizas que luego son vendidas en los mercados locales para complementar los ingresos. Los derrumbes también rompieron sistemas de agua potable y miniriego. La atención por parte del gobierno, en esta región, fue más tardía dado que ahí no están las grandes plantaciones para la agroexportación que fue la primera prioridad del gobierno. Las comunidades que tuvieron un gran número de muertes como en Sololá y San Marcos, se encuentran aún en refugios precarios y si en los próximos dos o tres meses el gobierno no emprende la reconstrucción acelerada de viviendas permanentes, se encontrarán con la entrada de la nueva estación de lluvias y los refugios, si así se puede llamar a los ranchos construidos con plástico que es donde han ubicado a estas familias que perdieron sus viviendas, van a ser destruidos. Lamentablemente el gobierno no se caracteriza por la rapidez de la respuesta y la eficiencia cuando de poblaciones pobres, indígenas y campesinas se trata.

¿Cómo crees que debemos trabajar las diferentes organizaciones sociales, particularmente las ONGD, para avanzar hacia la soberanía alimentaria de los pueblos?

Es importante que, además del apoyo financiero, se puedan coordinar para incidir en tres direcciones: hacia sus sociedades, para sensibilizar sobre lo que está ocurriendo en nuestros países; hacia sus gobiernos, para hacerles ver que los problemas en torno a la seguridad alimentaria son expresión de que mucho anda mal en una sociedad y que por lo mismo nuestras sociedades tienen que ser vistas desde la óptica del desarrollo humano y apoyadas en esa dirección. La otra dirección es algo que se puede hacer junto a los gobiernos de sus países: que demanden a los gobiernos como el de Guatemala y otros similares que le ponga atención y atienda el tema de la inseguridad alimentaria desde sus raíces; es decir que se resuelvan los causas estructurales que no permiten a la población producir sus propios alimentos en cantidad y calidad suficientes y los que no permiten tener los ingresos necesarios para adquirir los alimentos que se necesitan. Que no se pretenda resolver un problema social por medio del mercado y que se tenga en cuenta que lugares como Guatemala que es uno de los centros de origen del maíz. En Mesoamérica y en general América Latina, las semillas criollas deben ser protegidas y deben ser reconocidas como patrimonio de los pueblos que las domesticaron y no de las empresas que ahora tratan de apropiarse de ellas.

Finalmente, ¿cómo valoras la experiencia del encuentro sobre seguridad alimentaria que realizamos en Madrid, dentro del proyecto “La dimensión rural y agrícola del desarrollo” (ver Hacia el Sur nº 23) y en el que hemos contado con tu colaboración?

Me parece muy importante que se realicen eventos como ese. Sin embargo creo que otros eventos pueden mejorarse aún más; sobre todo en centrar la discusión. En esta ocasión había temas muy interesantes pero un tanto dispersos. También se pueden obtener mejores resultados tomando más en cuenta la experiencia valiosa y rica de las y los participantes y, de ser posible, distribuyendo documentos previamente para contribuir a centrar la discusión, profundizar previamente por parte de los participantes en el tema y aprovechar mejor este tipo de encuentros.

Creo que es importante mantener la posibilidad de encontrarnos personas provenientes de distintas partes del mundo y que coincidamos en torno a un tema que se ha vuelto un contrasentido: nunca antes la humanidad había producido y tenido la capacidad de producir volúmenes tan grandes de alimentos y, a la vez, nunca antes ha habido tanta hambre en el mundo. Es importante este diálogo Norte-Sur y que desde el Norte se pueda percibir que en el Sur hay una situación muy difícil en el tema de la seguridad alimentaria, pero que la misma es generada por un modelo excluyente y empobrecedor.

Me parece que un tema que hay que continuar debatiendo es el relativo a la relación entre soberanía y seguridad alimentaria. Cómo se posicione cada quien en torno a estos dos aspectos expresa intereses y visiones que pueden ser comunes o contrapuestas. Finalmente, considero que es necesario que eventos como estos puedan sentar posición en relación a que la seguridad alimentaria tiene un enfoque de derechos y que el fundamento de su resolución pasa por resolver problemáticas como la de la tierra, el respeto a los derechos laborales y la creación de condiciones de vida dignas y justas.

Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación

Los días 25 y 26 de octubre tuvo lugar en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de Madrid el seminario “Soberanía Alimentaria y Derecho a la Alimentación”, organizado por ACSUR- Las Segovias y la campaña por el Derecho a la Alimentación que están desarrollando Cáritas, Prosalus y Veterinarios sin Fronteras. Participaron entre otros ponentes Michael Windfuhr, director de FIAN Internacional, René Orellana, coordinador del área temática de agua en la ONG boliviana “Agua sustentable”, Gonzalo Fanjul, de Intermón-Oxfam, Fernando Fernández de la Plataforma Rural de España, Nicanor Alvarado, de Radio Marañón de Perú, Daniel Pascual, etc. Próximamente se publicará un libro que profundizará en los temas del seminario, que ha contado con la financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid

Daniel Pascual Hernández es coordinador de Desarrollo Rural en la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC ) en Guatemala, copresidente de la Mesa Nacional de Seguridad Alimentaria de Guatemala y Coordinador General del Comité de Unidad Campesina (CUC)

Fuente: Revista World Watch