En las fronteras del cambio de época: Escenarios de una nueva fase del extractivismo en América Latina

En América Latina, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, se han producido numerosas líneas y corrientes de pensamiento. Entre estas se destacan la estructuralista, muy influida por la obra de Raúl Prebisch y la Cepal (1998), y las teorías de la dependencia, que han estudiado los rasgos de las economías primario-exportadoras, las economías extractivas, el rol de las industrias extractivas (término que empleado recurrentemente por el Banco Mundial) o las economías de enclave (Cardoso y Faletto, 1969).

Pese a que algunas de estas corrientes resaltaban el presunto potencial de estas industrias para alcanzar el ‘desarrollo’, prácticamente existe un consenso acerca de las consecuencias que estos modelos económicos conllevan, en relación con la profundización de la dependencia y sus condiciones desventajosas en el mercado mundial. Esto tiene secuelas negativas respecto a la pobreza social y a las relaciones desiguales de poder a escala internacional.

Sin embargo, los impactos sociales y ambientales negativos que dichas actividades económicas y el propio modelo de desarrollo producían en los territorios eran marginalizados o poco abordados en estos análisis. Los efectos del avance de las fronteras de la extracción durante el periodo neoliberal, el auge de las luchas de los pueblos indígenas de la región, y el progresivo posicionamiento del discurso y las prácticas de organizaciones ecologistas en los años noventa fueron factores claves para constituir una crítica ecológico-política de las economías primario-exportadoras.

Se trata de las bases de la narrativa crítica del extractivismo, que, con más o menos potencia, se ha desarrollado desde entonces, de maneras diferenciadas, en los países de la región. Con los importantes cambios políticos y sociales planteados con la llegada de los gobiernos de perfil progresista,1 se ponía nuevamente sobre la mesa una discusión trascendental acerca del modelo de desarrollo imperante en la región. Estos cambios planteados se orientaban hacia reformulaciones constitucionales, numerosas políticas públicas de transformación y reivindicación social, así como a la elaboración de programas de gobierno, que en algunos casos llegaron a plantear el proyecto del Socialismo del siglo XXI.

Asimismo, proponían, al menos en teoría, revalorar la dimensión ecológica, mediante la consagración, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana de 2008; la asunción por parte del Estado boliviano del Buen Vivir como principio de gobierno, o la denominación ‘ecosocialista’ del plan de desarrollo del Gobierno venezolano. Sin embargo, lejos de modificarse, el modelo extractivista se profundizó en la región, incluso en aquellos países con gobiernos progresistas (Svampa, 2011; Acosta, 2011; Gudynas, 2009b; Teran Mantovani, 2014b).

Las fronteras de la extracción continuaron ampliándose aceleradamente y, con ello, sus consecuencias socioambientales, económicas, culturales y políticas, lo que creó o intensificó múltiples conflictos sociales de diversos grados de intensidad. Estas disputas fueron especialmente marcadas en los países andinos, donde emergieron numerosas resistencias (Pérez Rincón, 2014; Rossel, 2012; Bebbington y Humphreys, 2009; EJAtlas, 2018).

Las contradicciones generadas entre el Estado y los gobiernos departamentales, por un lado, y comunidades afectadas, organizaciones populares y movimientos sociales, por el otro, tuvieron repercusiones y generaron dilemas en los progresismos. Los cuestionamientos al modelo neoextractivista fragmentaron el campo de las izquierdas. Mientras los voceros gubernamentales, sectores académicos y organizaciones políticas reivindicaban una distribución más inclusiva de los excedentes económicos provenientes de la renta extractiva —entendida como uno de los pilares materiales para alcanzar la ‘justicia social’—, diferentes intelectuales, activistas y organizaciones sociales señalaban que dicha orientación económica no solo promovía la ampliación de los impactos sobre los ecosistemas y medios de vida de parte de la población, sino que también generaba una creciente injusticia ambiental y profundos impactos en el modelo de democracia. 

A partir de este proceso conflictivo en la región, la crítica al extractivismo cobró una importancia significativa, y se popularizó no solo en los círculos de investigación académica sino también en muy diversos espacios de debate y activismo político. El discurso crítico del extractivismo ha logrado nuclear diversas corrientes de pensamiento y luchas políticas. En este sentido, se ha convertido en una narrativa articuladora y unificadora (Riofrancos, 2017) en la defensa de los bienes comunes para la vida, los territorios, la justicia ambiental y los derechos de los pueblos indígenas, así como en torno a un profundo cuestionamiento al modelo (neo)desarrollista imperante.

Sería imposible sintetizar los aportes y caracterizaciones que existen sobre el extractivismo, debido a la profusión de artículos y libros existentes sobre el tema. En esta primera aproximación nos interesa dar cuenta de algunas lecturas que apuntan a la pluridimensionalidad y multiescalaridad del fenómeno. Por ejemplo, en términos de ‘modelo de acumulación’, todos los autores que abordan el extractivismo reconocen sus raíces históricas.

Para Alberto Acosta (2011), “el extractivismo es una modalidad de acumulación que comenzó a fraguarse masivamente hace 500 años” y está determinado desde entonces por las demandas de los centros metropolitanos del capitalismo naciente. En esa línea, como afirma Horacio Machado Aráoz (2013), el extractivismo no es una fase más del capitalismo ni un problema de ciertas economías subdesarrolladas, sino que constituye “un rasgo estructural del capitalismo como economía-mundo”, “producto histórico-geopolítico de la diferenciación-jerarquización originaria entre territorios coloniales y metrópolis imperiales; los unos pensados como meros espacios de saqueo y expolio para el aprovisionamiento de los otros”.

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