El Corredor Biológico Mesoamericano, Tres Ecoregiones y COINBIO: esquemas del Banco Mundial integrados a la política nacional, por Gian Carlo Delgado Ramos

Dado que el desarrollo de las tecnologías de punta del siglo XXI depende en gran medida del acceso a los recursos genéticos del planeta, los capitales involucrados en el negocio se ven envueltos en una agresiva competencia por controlar este singular y estratégico recurso. Háblese de la industria biotecnológica, la electroinformática, los nuevos materiales, la nanotecnología o las nuevas energías, por mencionar algunas. En tal proceso de acceso a los recursos bióticos, se pueden identificar actores universitarios, estatales, empresariales y de organismos internacionales, como el Banco Mundial, mediante los cuales, Estados Unidos y sus aliados europeos proyectan políticas imperiales que, entre otras, para“apapachar” los intereses de sus actores involucrados en el avance de la biotecnología y tecnologías afines. Más aún, presionan para que sin objeción alguna, la elite de poder periférica, siga como buen “junior partner”, las “sugerencias” del norte para modificar, en este caso, sus leyes referentes al “manejo, uso y conservación de los recursos naturales”, así como las que se refieren a los sistemas de salud, medicina (incluyendo casualmente la tradicional) y propiedad intelectual.

Palabras Clave: Biodiversidad, Saqueo de Recursos, Banco Mundial.

Hoy en día la biodiversidad se ha convertido en una riqueza estratégica a explotar, donde lo estratégico se define a partir de su control. Ello se debe a que las tecnologías de punta de principios del siglo XXI son justamente las que hacen uso de tal recurso: háblese de los nuevos materiales, la microelectrónica, la nanotecnología y sobre todo hasta ahora, la biotecnología.

Los capitales involucrados en el avance de dichas tecnologías vienen confrontando a los capitalistas “contaminantes” (petroléros, petroquímicos, químicos, automotricez, etc. –crecientemente interesados en incorporase al nuevo patrón tecnológico dadas sus fuertes inversiones, como lo es el caso de DuPont/Conoco), ya que ambos grupos de capital, ponen en juego su hegemonía mundial, proceso en el que se ven involucrados en una carrera por controlar esta nueva y singular veta de riqueza. Es decir, se ven envueltos en una competencia por monopolizar la mayor diversidad posible de germoplasma, y por lo tanto en una desenfrenada búsqueda, recolección, compra y robo de la biodiversidad del planeta y de su conocimiento.

Para lograrlo, las altas cúpulas de las grandes corporaciones multinacionales (CMNs)[ii] y los Estados Nacionales Centrales (ENCs) representantes de la lógica del capitalismo, vienen montando dos líneas de acción por demás complejas. Por un lado, la construcción de un Sistema de Bioprospección Mundial, y por el otro, resulta necesario desarrollar un Sistema Mundial de Propiedad Intelectual que penetre las oficinas de patentes nacionales y que permita en un solo movimiento hacer válida la propiedad privada en todo el mundo. Esto último viene redefiniendo el sistema mundial de Derecho Internacional Público, inaugurando una nueva especialidad conocida como Derecho Génico y que se refiere justamente a los lineamientos legales que establezcan un derecho (privado) sobre la vida.[iii]

En este contexto, habría que explicitar que la vinculación Estado-Empresa/CMNs ha sido y es fundamental, especialmente en la proyección de poder imperial sobre las economías más débiles y sobre las clases vulnerables, tanto de los ENCs como los Estados Nacionales Periféricos (ENPs). Por ello resulta falsa la creencia de que las CMNs se han erigido como un actor autónomo en las relaciones económicas internacionales. Este discurso ofrece una interpretación equívoca ya que virtualmente todas las CMNs del mundo, lejos de ser “stateless corporations”, operan desde una base nacional, desde un marco de referencia altamente funcional a los intereses privados nacionales, en estrecha relación con un Estado (caso formidable el de EUA), que las regula y las protege, que las subsidia de diversas maneras, ya sea por medio de un alto gasto público, por la vía de intensas relaciones bélico-industriales o por medio del despliegue de instrumentos de proyección diplomático/militar y/o económico/institucional, como el Banco Mundial/GEF, el FMI o el BID.

No es casual, la forma ni el ritmo creciente con que se realizan los contratos de bioprospección en el mundo, que en el caso de organismos internacionales, como el Banco Mundial, íntimamente vinculado a los intereses clasistas-empresariales de EUA, aparecen bajo la forma de programas de conservación y “desarrollo sustentable”, ahora integrando de manera regulada la limitada participación de las comunidades indígenas (véase más adelante); manera mediante la cual subordina e integra las principales zonas megadiversas del planeta a esquemas aptos de biosaqueo. Tal es el caso de América Latina y la zona del Archipielago Malayo, principales focos de concentración de diversidad biológica y cultural. Dichos “esquemas”, para el caso del sureste de México, entre los más llamativos destacan el Corredor Biológico Mesoamericano, Tres Regiones Prioritarias y el COINBIO.

Por lo anterior, no es casual que el BM, el GEF y el PNUD/PNUMA claramente, y como se mencionaba, favorezcan los intereses de los Estados Unidos y sus aliados europeos. En el marco de Bretón Woods, el entonces secretario del Tesoro de EUA, Henry Morgenhau, señalaba que el BM se concibió como parte de un mundo “...en el cual el comercio y la inversión internacional puedan ser realizados por empresarios operando bajo principios empresariales. Así no sorprende que en la página de internet del GEF, se señale que “...el papel del BM como agencia complementaria juega un papel primario en el desarrollo y manejo de los proyectos de inversión...insertando la experiencia de su filial, la Internacional Finance Corporation (IFC)...para promover oportunidades de inversión y movilizar los fondos del sector privado.” Nada más y nada menos, se trata de colocar a la IFC como agente articulador, mismo que se ha caracterizado desde la década de los ochentas como punta de lanza de los proyectos de privatización de los activos estratégicos de la periferia.[iv] En tal sentido, algo que también llama la atención es que la IFC (el BM), no sólo está involucrada en proyectos de “acceso y conservación” de recursos bióticos, también se filtra en programas de privatización del agua, en especial de su almacenamiento y distribución, empezando en la India y México y beneficiando a la multinacional Monsanto que está interesada en el negocio del agua.[v]

· El Corredor Biológico Mesoamericano (CBM)
El CBM se remonta a la Second Tuxtla Summit Meeting, celebrada en San José, Costa Rica en 1996, donde los presidentes de los países centroamericanos y de México se comprometieron a establecer un Sistema Regional Mesoamericano de ANPs, zonas de contención y corredores biológicos (CBM).

En un documento del Banco Mundial (BM) del 6 de noviembre del 2000 (Reporte No. 23132-ME) titulado “Project Appraisal Document on a Proposed Grant From Global Environment Facility Trust Fund in the amount of SDR 11.5 millions to National Financiera, S.N.C. for a Mesoamerican Biological Corridor Project”, claramente se describe con lujo de detalle la concepción del BM sobre el Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), específicamente en cuanto a la región del sureste mexicano.

En ese documento se señala que el BM, a través del GEF y con la aceptación de los ENPs involucrados, acordó destinar en un inicio 90.05 millones de dólares para el proyecto del CBM a lo largo de siete años divididos en dos fases. La primera de cuatro y la segunda de tres años con fecha de término tentativa para el 30 de junio de 2008. Los gobiernos locales aportarían 66.99 millones, los co-financiadores internacionales 2.44 (cuyos nombres no aparecen en dicho reporte), el IBRD 4.25, el GEF a nivel local 9.02 y a nivel internacional 5.82 (con un total de l4.84), la CONABIO l.24 y otros “beneficiarios” locales 0.28 e internacionales 0.01 (con un total de 0.29).[vi]

El proyecto consiste de cuatro componentes: 1) diseño del corredor, 2) su integración a programas de desarrollo, 3) el uso sustentable de la biodiversidad, y 4) la coordinación y manejo del proyecto.

En el diseño y monitoreo de corredores el presupuesto estimado asciende a 5.91 millones de dólares, en la integración del CBM a los programas de desarrollo local a 71.72, en el uso sustentable de la biodiversidad a 9.3l, y para el manejo y coordinación del proyecto a 3.10 millones.[vii]

Tales componentes corresponden a la visión e interés del BM sobre la biodiversidad, incluyendo la diversidad agrícola. Claramente ese ente especifica la importancia de dicha veta de riqueza que se concentra en el CBM. En el reporte del BM antes mencionado, se señala que en México el Corredor cubre cuatro Estados: Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Chiapas, en los cuales se encuentran las zonas de bosque húmedo de Tehuantepec y Yucatán, los bosques secos de Yucatán, los humedales de Quintana Roo y las selvas nebulosas de Chiapas (éstas corresponden solo al 1% del territorio nacional y concentra el 10% de la diversidad floral del país). Asimismo se indica que la península de Yucatán concentra en algunas zonas más de 900 especies de plantas y 200 de animales por hectárea de bosque, además de que se sabe que hay más de 70 especies de anfibios y reptiles, 320 de pájaros y 120 de mamíferos solamente en la Península, de las cuales un número importante son endémicas.

Considerando que el CBM también incluye a los países centroamericanos, lo que significa que espacialmente el Corredor se extiende desde el sureste de México hasta el Tapón de Darién[viii], la diversidad biológica y cultural que ahí se encuentra es aún mucho mayor. Formado, además del sureste de México, por Panamá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Belice, “...la región se extiende sobre 102 millones de hectáreas donde habitan 64 millones de personas de las cuales casi la mitad vive en el campo, alrededor del 40% trabaja en la agricultura y 18% es indígena, cifra que para el caso de la región de México llega a 39%. Pero la más destacable y compartida seña de identidad es que más del 60% de los mesoamericanos son pobres, miserables en medio de una alucinante riqueza biológica: 1,797 especies de mamíferos; 4,153 de aves; 1,882 de reptiles; 944 de anfibios; 1,132 de peces; 75 mil 861 de plantas, e incontables microorganismos, figuran en el opulento Corredor Biológico”.[ix]

Sin embargo, el CBM más allá de ser un proyecto que busque proteger y preservar la biodiversidad de la región, más bien se perfila claramente como la versión medio ambiental del Plan Puebla Panamá[x], ya que de fondo busca el saqueo de la biodiversidad y su conocimiento. Ello queda claro cuando en el reporte del Banco Mundial se señala que, “...la variación genética de las especies es de particular interés, sobre todo en el sureste de México.”[xi] De igual modo, apunta la importancia de “rescatar la diversidad agrícola, la que campesinos e indígenas de México y Mesoamerica han domesticado en un gran número de especies y conservado una importante variedad genética de las mismas.”[xii]

Más aún, tal proceso de apropiación de los recursos naturales, diseñando bajo la lógica capitalista de un supuesto escenario “win-win”[xiii] en cuanto a su manejo, se presenta bajo la imagen de programas de desarrollo sustentable, todos parte del proyecto del CBM. Entre esos, cabe mencionar los que se enfocan al análisis de los impactos positivos y negativos del programa sobre la biodiversidad, al desarrollo de estrategias de integración para el uso de la biodiversidad, al diseño de estrategias que aseguren el autofinanciamiento a largo plazo de la biodiversidad, entre otros. Todos las anteriores, como se venia señalando, apuntan a las actividades concretas de biopiratería que el BM ha planeado para la región. En ese panorama, las actividades del “uso sustentable de la biodiversidad” que el BM ha tomado seriamente en cuenta, se refieren puntualmente a la investigación sobre plantas medicinales y demás biodiversidad con potencial comercial. Por ello, dicho ente ha especificado en su informe actividades de clasificación y definición de especies, inventarios, descripción de componentes de substancias activas, establecimiento de métodos para su extracción, procesamiento, certificación y acceso al mercado, entre otras. Todas sintetizadas en un Sistema de Información Geográfica que integre lo ecológico, biológico y socio-económico de la región mesoamericana.[xiv] Además, a puesto sus ojos en los recursos forestales, fibras, chicle, biodiversidad endémica y agrícola, plantas ornamentales, resinas, agua y otros recursos estratégicos como los minerales.[xv]

En este contexto el papel de Conservartion International entra en juego. Según el mencionado informe del BM, “...el Proyecto será evaluado y monitoreado por expertos internacionales después de la ejecución de la primera fase, para formular recomendaciones hacia la transición a la siguiente.”[xvi] Tales expertos no pueden ser otros que CI. Esta ONG, “amiga de la naturaleza” y colaboradora cercana del BM, desde hace varios años administra la reserva de la biosfera de Montes Azules (Chiapas) y demás ANPs que “administra” el BM en México y Centroamérica, lo que la hace “conocedora de la región”.

También, según dicho informe, las actividades de evaluación y monitoreo que serán concentradas en un el sistema de información geográfica, servirá para preparar y procesar reportes periódicos para el BM y los distintos responsables de los ENPs que forman el CBM.[xvii]

- El CBM-México

El CBM-México está integrado por cinco intra-corredores biológicos[xviii] que conectan ANPs ya existentes. Absorberá cinco de diez ANPs del país que financia el GEF/ BM (Sian Ka’an, Calakmul Montes Azules, Río Lagartos, El triunfo), así como otros proyectos del BM como el de Desarrollo del México Rural en Áreas Marginales Protegidas, el de Productividad Agrícola (que opera en el sureste del país, para supuestamente incrementar la productividad de maíz, fruta, café y ganado) y el referente al Manejo de Recursos Forestales, Comunidades Productivas y Agua.[xix]

Los principales actores del CBM-México son: NAFIN que fue designada por el gobierno de México para ser el agente financiador del proyecto, la CONABIO como agencia ejecutadora y un Comité Técnico que regule el proyecto el cual está formado por representantes de INE, la PROFEPA y el secretario ejecutivo de la CONABIO.[xx] Finalmente un plenum que conforme el Consejo Nacional del CBM-México estará compuesto por 19 miembros: 4 del gobierno federal, 2 de la CONABIO, 1 de la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, 4 de los Gobiernos Estatales, 2 académicos, 2 de ONGs[xxi], 2 de la Sociedad Civil y 2 de la Iniciativa Privada. De éstos sólo tres (uno de la SEMARNAP, la CONABIO y otro de la Sociedad Civil), conformarán el Comité Ejecutivo del Consejo Nacional y serán quienes representen al CBM-México en las reuniones generales de representantes de los distintos países que conforman el CBM.[xxii]

Según el BM, la CONABIO a través de su secretaria ejecutiva y bajo la dirección del Comité Técnico está encargada de sacar el proyecto adelante a través de la estructuración de un directorio local que dicha dependencia gubernamental diseñe, lo que significa que la CONABIO tiene el control de quiénes tendrán acceso al proyecto y en qué medida.[xxiii] Asimismo es responsable de todas las actividades ecológicas y biológicas en la región sureste del país y que ha diseñado en cuatro programas operacionales. El primero no se menciona en el informe (¿Por qué?), el No. 2 se refiere a los ecosistemas costeros, marinos y de agua dulce a lo largo de los corredores que conectan áreas protegidas de importancia global. De igual modo el No. 3 se concentra en los ecosistemas forestales mexicanos y alude virtualmente a todos los corredores individuales propuestos y que en conjunto forman el CBM-México. Finalmente el No. 4 pone sus ojos en los ecosistemas montañosos específicamente del Estado de Chiapas.[xxiv]

En el mismo tenor, la responsabilidad del Gobierno mexicano, según el BM[xxv] es:

a) la fuerte consolidación de la SEMARNAP recientemente creada (1994)

b) un cambio estratégico para el incremento de la descentralización del manejo del medio ambiente hacia los Estados y municipios (que permita la relación BM-municipio)

c) el desarrollo de un modelo integral de desarrollo sustentable con enfoque regional (PRODERs), y

d) el incremento de la participación pública.

En este contexto, afirma el BM, la SEMARNAP ha venido desarrollando instrumentos legales consecuentes con la implementación de la estrategia del CBM, todos bajo las denominaciones de conservación, diversificación de su uso sustentable, valoración de la biodiversidad y el manejo de su conocimiento e información.[xxvi] Pero señala que el gobierno mexicano adicionalmente deberá, “...enfrentar el reto de establecer mecanismos efectivos de coordinación institucional entre las agencias públicas en los diferentes niveles de gobierno para un mejor manejo del medio ambiente”. O sea que el programa puesto en marcha en 1998 de Bases de Colaboración Inter-institucional por parte de la SEMARNAP, la SAGAR, la SEDESOL, la SCT y la SRA debe ser modificado para anexar dependencias adicionales: la SEP (que maneja cuestiones de propiedad intelectual), la SSA (que ayude en las actividades de biopiratería en busca de sustancias medicinales) y la SECOFI (para establecer mecanismos de comercio de recursos naturales).[xxvii]

Por todo lo anterior, es obvia la visualización del espacio como fuerza productiva estratégica por parte del BM, sobre todo porque se enfoca en implementar mecanismos que promuevan la relación entre el Banco y los territorios, lo que deja fuera de la jugada al Estado (Federal) y permite acuerdos ventajosos para el BM y las CMNs. No por nada el BM señala la importancia de “...mejorar la conservación a través del sistema nacional de ANPs (SINAP), la promoción del uso sustentable de especies vegetales y animales con un mejoramiento de su manejo y acceso al mercado, y sobre todo la conservación y el uso sustentable para el desarrollo territorial.”[xxviii] Dicha lógica del BM, tal y como la Heritage Foundation la deja ver al señalar en uno de sus textos[xxix] los nuevos lineamientos que la administración de Bush (hijo) debe impulsar para “reformar las instituciones financieras internacionales”. Según el mencionado documento, la reforma del BM (además de la propuesta para el FMI) debe centrarse en los siguientes puntos: a) un enfoque sobre los países más pobres. B) establecimiento de requerimientos de cambios de políticas que atraigan la inversión privada, es decir preparar a tales países para su inserción a los mercados globales como atractivos a la inversión privada de capital. Y c) remover a los Estados de los países periféricos de los programas de asistencia del Banco para que, por un lado se de salida a la corrupción existente en tales entes (y que mañosamente el BM ha venido fomentando), mientras que por el otro, se promueva la relación BM - ONGs/agencias locales, negocios, etcétera. (relación BM-territorios)[xxx] Así, el CBM no puede ser visto de otra manera más que como un proyecto de saqueo acordado e incluso parcialmente financiado y llevado a cabo por la elite capitalista de los propios ENPs. El BM claramente está dando el primer paso para la construcción de un sistema de biopiratería continental subordinado a los intereses de EUA y sus CMNs involucradas en el negocio de la biotecnología, donde el siguiente corredor seguramente será el epicentro biológico del planeta: el Corredor de América del Sur.

Proyecto de Manejo Integrado de Ecosistemas en 3 Ecoregiones Prioritarias
· COINBIO: programa de saqueo biótico paralelo al CBM-México a cargo del BM.

El proyecto COINBIO / Conservación de la Biodiversidad en Comunidades Indígenas (BM/GEF: préstamo No. 21150-ME), fue aprobado en octubre de 2000, pero su operación real no comenzó hasta finales del año 2001. En el caso de Oaxaca se concretizó en septiembre de 2001, en Michoacán en diciembre de 2001 y en Guerrero se tiene previsto que sea en febrero de 2002. Aunque supuestamente el proyecto fue iniciativa de México, fue tanto el interés del Banco Mundial, sobre todo porque incluía la cuestión indígena, que mandaron 2 misiones para evaluar el proyecto en su región piloto: Oaxaca. Más tarde, en 1999, se llevarón a Washington a participantes claves para el diseño del mismo (véase más adelante). El resultado: un proyecto con una duración de siete años que estima terminar a finales de junio del 2008.

COINBIO cuenta de entrada con 18.7 millones de dólares, de los cuales 7.5 son del BM/GEF; 2.6 de un “Proyecto Forestal Comunal” financiado por el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo (IBRD) –que igualmente es del BM- en vinculación con el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable de Recursos Forestales en México (PROCYMAF) financiado también por el BM y ejecutado por la Semarnat -préstamo No. 4137-ME- (cabe indicar que, en este programa está involucrado el Forest Stewardship Council[xxxi] que tiene su sede en Oaxaca y se dedica con apoyo de la Semarnat/Oaxaca a certificar la explotación de recursos madereros y no madereros); 3.9 de parte del Gobierno Federal de México; 3 millones de los Gobiernos Estatales, y 1.7 de futuras aportaciones del IBRD.

El proyecto, aunque opera inicialmente en Oaxaca, Michoacán y Guerrero, es de esperarse que si tiene éxito se extienda a otros Estados.[xxxii] El propio documento del Banco Mundial/GEF señala que, “...la evaluación y diseminación de las actividades incluirá su documentación y difusión con otras comunidades y grupos indígenas de México y America Latina (Argentina, Peru, Bolivia, Colombia y Centro América).”[xxxiii] O sea, su extensión, mediada por el BM y el GEF, desde Michoacán hasta Panamá.

Realmente se trata de un esquema apto para actividades de biopiratería, ya que abiertamente busca “conservar la biodiversidad de las comunidades indígenas”. Pero, a diferencia del CBM, el COINBIO, que concentra las principales regiones de bósques templados y mesófilos, y sierras y cañadas con presencia indígena[xxxiv], perfecciona su discurso al señalar que incluye la “participación de las comunidades indígenas”. Con ello aparentemente rebasa el divorcio de este tipo de proyectos con la opinión y participación de las comunidades indígenas, antes marcadamente presente. Sin embargo, el COINBIO y sus “proyectos hermanos” de nueva generación, incluyen estructuras sofisticadas, entre las que cabe tan sólo mencionar, que la mitad de los votos regionales están en manos de la Semarnat, el Instituto Estatal de Ecología y sus ONGs (íntimamente vinculadas al BM –véase más adelante-); pero sobre todo, el BM cuenta con veto en cualquiera de las decisiones del proyecto a través de un “manual de operaciones” mismo que puede ser modificado o actualizado en cualquier momento por el BM. Es decir, se trata de esquemas altamente subordinados en amplias regiones biológica y culturalmente estratégicas. El significado de COINBIO en cifras es de alrededor de 3 millones y medio de hectáreas: 940 mil hectáreas en el Estado de Oaxaca (ecoregiones de la Costa, Chinantla y Sierra Norte, sumando además el “corredor de bosque” de la Sierra de Juarez); 1 millón 45 mil 69 hectáreas en el Estado de Michoacan (ecoregiones de Tancitaro, Coalcoman y Chincua); y 1 millón 503 mil 745 hectáreas en Guerrero (ecoregiones de la Sierra Madre del Sur, Infernillo, Trompetero y Cuitzeo, la Sierra de Taxco y el Cañon del Zapote).[xxxv]

Están involucradas Secretarías como la SEMARNAP (responsable del proyecto) incluyendo al PROCYMAF y el PRODEFOR – Programa de-Desarrollo Forestal-, ambos financiados por el BM; así como la CONABIO y el INE. Además están ONGs estatales como GAIA (Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental) que funciona como representante de las ONGs ante el proyecto (ONG que entre su currículum cabe destacar su participación en numerosos programas de “ordenamiento territorial” financiados por el PROCYMAF/SEMARNAT, el WWF, el GEF, el BM y el PNUD; de “manejo de la biodiversidad” en conjunto con ERA -Estudios Rurales y Asesoría Campesina-) y financiado por el GEF/BM, “formación de Herbarios Regionales” financiado por WWF; el programa de “manejo de recursos forestales y no maderables” financiado por la Fundación Ford, el WWF y Semarnap; la “creación del Herbario Comunitario UZACHI y formación de colecciones botánicas”, por mencionar algunos). Igualmente se pueden identificar otras ONGs como Serbos –que se dedica a hacer cartografía, ordenamientos territoriales y clasificasiones de stock de biodiversidad, especificamente florística- y Grupo Mesófilo que no aparece en el reporte del Banco pero que hizo varios estudios de ordenamiento territorial para el COINBIO. También, señala el reporte, se puede identificar la presencia de ONGs internacionales, tal es el caso de WWF (World Wide Found for Nature) que opera bajo su versión regional y que es de esperarse que busque participar financieramente en el proyecto, ya sea directamente o a través del PROCYMAF. El documento del Banco Mundial también incluye entre los actores independientes a instituciones académicas que bien podrían estar o ser ligadas al COINBIO, caso de la Escuela de Bosques de Oaxaca , el Centro de Ecología de la UNAM y el de la Universidad Estatal de Michoacán, mismas que participaron en el diseño del proyecto.[xxxvi]

Como si fuera una copia de los lineamientos del CBM, incluye, entre otras actividades, el “Monitoreo de Biodiversidad y su Evaluación”, la conformación de un “Sistema Integrado de Información (SII), el “entrenamiento de usuarios de las comunidades”, y la instalación de “estaciones de computo en las comunidades”.[xxxvii] Justo la infraestructura, de más de 1 millón y medio de dólares en principio, necesaria para el saqueo del conocimiento indígena y de la información a cerca de la biodiversidad presente en la región. ¿O las terminales de computo y el sistema de información han y son instrumentos indispensables para la conservación de la biodiversidad?

Igual que el CBM, entre los objetivos están la “descentralización y desarrollo institucional”, el fortalecimiento de los PRODERs, por repetir algunos.

COINBIO, paralelamente al CBM, es uno de los proyectos financiados por el BM/GEF de dimensiones geográficas importantes y que apuntan a ser procesos complementarios. Pero, no hay que pensar que estos son los únicos proyectos que el Banco Mundial, a través del PNUD, PNUMA y el GEF, a montado en el país. Entre los de mayor relevancia están: el Corredor Coralino Mesoamericano (GE-60908)[xxxviii], el de la documentación del Perfil Indígena del País (EW-P60278), el Proyecto de Manejo Integrado de Ecosistemas en 3 Ecoregiones Prioritarias (MEX/00/G31/A/IG)[xxxix]; así como el Proyecto de Manejo Medioambiental y Desentralización (PE-P036005), el de Coordinación Institucional para el Desarrollo Sustentable Regional (EW-P669435), el Programa de Areas Protegidas (GE-P52209), los Mecanismos de Conservación de la Tierra en México (GM-65923), entre otros[xl] A los casos anteriores hay que sumarles las numerosas actividades de la misma índole, ejecutadas por otros organismos o fundaciones como la Ford, la Kellogs, el DFID (Department for International Developtment del Reino Unido), el WWF, Conservation International, Forest Stewardship Council, Medicos sin Fronteras; CMNs o empresas como Novartis; y grupos de biopiratas independientes (estadounidenses, ingleses, japoneses, alemanes, suizos, etc.) vinculados a otros actores involucrados en una u otra medida al negocio de la biotecnología.

· Política y Geopolítica de la Ecología en el país: una subordinación a los lineamientos del BM.

De manera llamativa, las políticas del país referentes a los recursos bióticos y su conocimiento asociado, y que incluyen desde las políticas de medio ambiente hasta las de salud y derechos de los pueblos y comunidades indígenas, están siendo modificadas siguiendo al pie de la letra los lineamientos del Banco Mundial “recomendados” desde mediados de la década de los noventas del siglo pasado. Consiste en cambios dramáticos y complejos, que desde una lectura descuidada aparecen como avances ecológico-sociales en la política mexicana, pero que analizados desde una óptica global que vincule los apectos geoeconómicos y geopolíticos de la biodiversidad y su conocimiento, claramente resultan ser mecanismos que promueven su saqueo de forma radical.

No por casualidad, sino por causalidad, el Estado de Oaxaca, uno de los más diversos biológica y culturalmente a la par de Chiapas, ha sido escenario de nuevas modalidades de biopiratería y de su legislación. Me refiero a las recientes modificaciones o propuestas de reforma de la Ley Estatal de Salud, la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca, mismas que es de esperarse, se estén o vayan a ser impulsadas en otros Estados de la República, sobre todo aquellos que se encuentran en la región centro-sur del país, desde Michoacán hasta Chiapas.

Más allá de una propuesta puntual sobre el contenido de las reformas, este apartado intenta plantear un panorama general, para que los consultores y legisladores del país reconcideren las reformas legales que se vienen impulsando en este rubro, al mismo tiempo que aporte a la sociedad herramientas para su participación activa en dicho proceso.

- Ley de Salud del Estado de Oaxaca

Las modificaciones se aprobaron el 15 de septiembre de 2001, reformando la fracción VII del artículo 6º, misma que indíca: “...se apoyará la práctica de la medicina tadicional indígena, de acuerdo a sus características específicas en cada Región del Estado.” [xli] Sin embargo, nunca reconoce legalmente la práctica de la misma, por lo que un médico tradicional puede ser acusado por ejecución ilegal de la medicina, al mismo tiempo que un médico titulado podría, según fuese el caso, tan sólo ser acusado de intrancigencia médica. Además, esta modificación es tan sólo el preámbulo de las reformas a la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (véase más adelante), mismas que crean un marco legal de juego para la apropiación del conocimiento indígena por parte de actores públicos y privados, sin que en ningún momento se indiquen los mecanismos de su protección, y en su caso, de pago de beneficios por el uso y explotación de dicho conocimiento. Aunque, hay que aclarar que esta última opción por sí misma, de conciderarse, resultaría absolutamente contradictoria a la búsqueda de alternativas socialmente benéficas, ya que colocaría al conocimiento indígena como una mercancia que se vende bajo la lógica del mercado y que de entrada cancela el carácter colectivo del conocimiento tradicional indígena.

- Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Oaxaca

En la misma fecha, el Gobierno del Estado de Oaxaca anunció las modificaciones a la fracción IV del artículo 3º y la adición del Capítulo IX denominado “Seguridad Social y Salud” (artículos 64-68). Entre lo que resulta oportuno recuperar para fines expositivos del presente texto, está la que corresponde al Artículo 65 y que indica, “...el Estado promoverá la ampliación de la cobertura del Sistema Estatal de Salud, aprovechando los beneficios de la medicina tradicional indígena de acuerdo a las características específicas de cada comunidad.”[xlii] Además, en el Artículo 66 se lee, “...se considera a la medicina tradicional indígena como el conjunto de concepciones, saberes, métodos de prevención, prácticas curativas y medicamentos tradicionales manejados por los médicos o curadores de las diversas comunidades indígenas y que han sido aprendidos generacionalmente mediante la tansmisión oral”.[xliii] Lo anterior indica que el Estado busca legalizar el aprovechamiento de la mediciona tradicional en todas sus expresiones (Artículo 66), pero no señala los mecanismos y sobre todo los actores encargados de “aprovecharla”. Más aún, el Artículo 69 especifica que, “...el Estado otorgará asistencia técnica y financiamiento para la investigación y desarrollo de la medicina tradicional indígena en el Estado, así como para la formación y el empleo de sus practicantes.”[xliv] Algo que resulta preocupante, porque seguramente dicho financiamiento provendrá del BM u otro organismo internacional y/o de ONGs o Fundaciones internacionales (especialistas en la temática), ya que, tal y como los funcionarios generalmente justifican su presencia en diversos programas supuestamente gubernamentales, “los fondos estatales y federales no son suficientes”. Así pues, se lanza una propuesta de reforma constitucional, que pone en marcha mecanismos de “recuperación” de la medicina tradicional con fuertes vacios en cuanto a los actores involucrados y sus restricciones, en un contexto de creciente interés mundial por parte de la industria biotecnológica y afines, nada más y nada menos que, como se indicó, en uno de los Estados biológica y culturalmente más ricos del país. Aunque claro, todo parece que operaría desde la imagen de los aparatos gubernamentales de “servicos de salud” quienes, “...deberán (operar) en cooperación con los pueblos interesados, y tomando en cuenta....su medicina tradicional”. Una versión de la misma índole que el CBM o el COINBIO, proyectos en los que la institución ejecutadora es la Semarnap con lineamientos del BM.

- Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca

La propuesta del Instituto Estatal de Ecología para reformar la Ley de Equilibrio Ecológico del Estado de Oaxaca aún está en proceso, lo que abre la posibilidad de participar activamente en el mismo. Esta intención es por demás urgente y necesaria, sobre todo porque intenta trasladar la responsabilidad legal de las Áreas Naturales Protegidas (ANPs) de la Federación al Estado, para luego poner en manos de la iniciativa privada la administración y conservación de las mismas, incluyendo la actividad de “bioprospección” bajo la tutela de “prestadores de servicios ambientales” de carácter privado.[xlv] Contexto en el que si bien, sí se “reconoce y protege” el conocimiento indígena, se hace bajo la modalidad de “derecho moral”, un término legal que deja absolutamente fuera de contexto cualquier acción penal “en caso de tratarse” de actos de biopiratería. Ese “padrón” de prestadores tiene pocos lineamientos que restringen y vigilan sus actividades, además de que explícitamente incluye a los de carácter internacional, es decir, que pone en manos de extranjeros el acceso, manejo y apropiación de los recursos de la región.[xlvi] Pero además pretende impulsar, a través de los mencionados “prestadores de servicios ambientales” proyectos de ordenamiento territorial comunitario a nivel municipal y estatal para que sean considerados legalmente bajo la imagen de “acuerdos comunitarios”.[xlvii] Ello resultaría en la reconversión legal de zonas ejidales/comunales a “areas prioritarias de conservación”, que si bien siguen manteniendo el mismo status de propiedad, ahora legalmente son zonas en las que el Estado y sus “prestadores de servicios ambientales” pueden y deben realizar libremente actividades de monitoreo biológico, conservación y uso. Toda una novedosa modalidad de ignorar lo poco que queda establecido en la propiedad y uso de recursos de la tierra del Artículo 27 de la Constitución Mexicana.

Asimismo incluye una sección sobre “Resguardo, Protección y Uso de la Biodiversidad para fines Científicos y/o Biotecnológicos” misma que claramente promueve actividades de biopiratería al puntualizar, entre otras cosas que, “...toda colecta y extacción de material genético de cualquier parte del Estado, ya sea por programas gubernamentales, empresas privadas o cualquier otro tipo de organizaciones, requerirá permiso expreso y mancomunado del Instituto y de los posesionarios de la biodiversidad.”[xlviii] Es decir, exactamente la linea de funciones de la Conabio –involucrada en el escandalo del proyecto Diversa/Unam[xlix]- pero a nivel Estatal. Más aún, de manera ingenua el IEE de Oaxaca pretende que, “...la solicitud de permiso de extracción deberá especificar los fines y el uso que se le va a dar al material genético, así como los créditos y la retribución intelectual y/o económica que recibirán los posecionarios y custodios de la biodiversidad, conforme a los títulos de propiedad intelectual que esta Ley les reconoce...al protegerlos como derechos morales...(en tal sentido)...la solicitud de permiso de extacción deberá especificar...los aprovechamientos económicos derivados del uso y explotación de las investigaciones derivadas de la posesión o de las denominaciones de origen...”[l] Hay que recordar que generalmente ese tipo de información es conciderada por las corporaciones involucradas en el negocio como “secretos industriales” y por lo mismo se ha restringido esa información en los contratos conocidos de biopiratería (caso de UZACHI/Sandoz –ahora Novartis- que operó en Oaxaca de 1997 a 1999[li]). Asimismo, seguir el camino de los recursos bióticos para proteger sus “denominaciones de origen” es altamente complicado y costoso, sobre todo cuando los ritmos de fusiones entre las empresas y corporaciones biotecnológicas son muy acelerados. Pero sobre todo, según la lógica de patentes que prevalece internacionalmente, cualquier recurso biótico genéticamente modificado es candidato a ser patentado por el actor que lo alteró; claro reconociendo, como se ha hecho en algunos casos, la procedencia o denominación de origen, lo que no implica el pago de regalías o derechos de alguna índole porque se trata de “otro producto”. Complejo y contradictorio, pero funcional a los intereses empresariales de los actores involucrados en el negocio de la biotecnología, saque pues sus conclusiones a cerca de las repercusiones que podrían tener las modificaciones a las leyes de Oaxaca.

Considerando todo lo anterior, queda una gran responsabilidad, no sólo en las manos de los funcionarios gubernamentales del país, tanto del poder legislativo como del judicial, sino sobre todo en la sociedad mexicana (con quien tienen que discutir los primeros) como conciencia social que presione la discusión del “manejo y acceso a los recursos” y del “derecho de los pueblos indígenas”, como puntos de partida para la discusión de la conservación y uso de los recursos bióticos y su conocimiento bajo una lógica que beneficie a la Nación y su pueblo, entendido como el interés de la mayoría y no de una minoría, elite mexicana que se enriquece con políticas que no se pueden calificar más que como “vende Patrias”, fundamento de esquemas como el PPP y el ALCA, piedras angulares de la apropiación de activos de la Nación. Ya no sólo son los casos de PEMEX, de la Comisión Federal de Electricidad, del Sistema Bancario Nacional, entre otros; también lo es, en el caso de los recursos bióticos mexicanos, de la “entrega” de “activos de la naturaleza” y su conocimiento, por parte de verdaderas “biomafias” oportunistas. Por ello, es de central importancia indagar desde la sociología, pero de manera interdisciplinaria, el comportamiento de funcionarios y científicos de las ciencias duras y sociales, que en varios casos han dejado ver su conversión y complicidad en los procesos de venta de los recursos bióticos del país. Dicho actuar, que sólo puede ser visto como actos bio-oportunistas, nos obliga a plantearnos interrogantes como: ¿Por qué están traicionando al país, primero “inocentemente” y luego concientemente?, ¿Cómo comienzan a acceder a la cupula de poder de México, entendida como la zona de decisiones sobre los recursos bióticos nacionales? Y ¿Cómo éstos se conectan con la cupula de poder estadounidense y de otros ENCs y sus CMNs, jugando bajo las reglas y lineamientos de relaciones de poder que ellos imponen a favor de sus intereses?

[i] Gian Carlo Delgado Ramos Integrante del programa “El Mundo Actual” del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias (CEIICH) de la UNAM . Su próximo libro relacionado a la temática, La Amenaza Biológica: el mundo ante el imperialismo biotecnológico, será publicado proximamente. Contacto: giandelgado@hotmail.com

[ii] Uso el término “corporaciones multinacionales” (CMNs) para referirme a aquellos actores de base nacional que operan internacionalmente. Las “transnacionales serían aquellas con un capital genuinamente sin arraigo (“footloose” (Hirts y Thompson) o “stateless” (Doremus), sin una identificación nacional específica y con un cuerpo administrativo internacionalizado y al menos potencialmente capaces de localizarse y relocalizarse en cualquier lugar del globo para obtener las ganancias mas altas y seguras. En contraste, las CMNs operan desde una madre patria, un Estado nación, que las regula, las protege internacionalmente y las subvenciona. Ellas representan abrumadoramente la mayoría. Existen muy escasos ejemplos de verdaderas “stateless corporations”. (Para una conceptualización sobre CMNs y Stateless Corporations. Ver Thompson y Hirst, Globalization in Question. Polity Press. pp 2-12 Londres 2000. Asimismo, ver Doremus, Seller, Pauly y Reich. The Myth Of the Global Corporation. Princeton University Press. Págs.12-20 New Jersey, 1998. Para un análisis detallado sobre empresas y corporaciones multinacionales ver, Bob Sutclife y Andrew Glyn, “Los indicadores de mundialización y sus interpretaciones erróneas” en Review of Radical Political Economics. No.31, Vol. 1. 1999.)

[iii] Véase Delgado-Ramos, Gian. “La biopiratería y la Propiedad Intelectual como piedra angular del dominio tecnológico por y para el capital”. La Maza. No. 1. Buenos Aires, Argentina. Julio de 2001. Págs. 76-83.

[iv] Delgado-Ramos, Gian Carlo. “Responde investigador a director del proyecto corredor biológico”. La Jornada. Correo Ilustrado. 16 de diciembre de 2001. pág..2

[v] Vandana Shiva. Monsanto´s expanding monopolies from seed to water. Znet article. Viernes 30 de Julio de 1999.

[vi] Todos los fondos están regulados por el FMI. (World Bank, Mesoamerican Biological Corridor Project. Reporte No. 23132- ME. Noviembre de 2000. Pág. 1y 6.) Disponible en la página de internet del GEF. También están los documentos del CBM por Estado de la República Mexicana y por país centroamericano

[vii] Ibid. Pág. 8.

[viii] Ibid. Pags. 5-6.

[ix] Bartra, Armando. “Mesoamerica.com: detrás del PPP”. La Jornada, suplemento Masiosare. Domingo 17 de junio de 2001. Pág. 6.

[x] Algunas características del Plan (Puebla Panamá) sugieren más bien que sobre todo habrá de favorecer a los capitales estadounidenses, habrá que propiciar un saqueo todavía mayor de los recursos estratégicos. (Barreda M., Andrés citado en Javier Molina, “El Puebla-Panamá favorecera a EU: experto.” La Jornada. 21 de junio de 2001.) En este sentido, se puede decir que el Plan Puebla Panamá (PPP) forma parte de un programa integral que combina el intervensionismo político, económico y militar, pero se presenta como un plan de pacificación, desarrollo y creación de empleos. Es una manifestación genuina del capitalismo contemporáneo. Forma parte de un proyecto de alcance geoestratégico continental e imperial de EUA, en el que participan sectores del capital financiero, consorcios multinacionales y las oligarquías de los países del área mexicano-centroamericana. El PPP no es un proyecto nuevo y su autoría intelectual no está en México, sino en Washington. Forma parte del viejo plan geoestratético del TLC y opera hoy como caballo de Troya del ALCA. El gobierno de Vicente Fox participa de manera subordinada (ya que como partícipes no podría ser de otra manera) a los intereses de la Casa Blanca, Wall Street y las CMNs con casa matriz en EUA. (Fazio, Carlos. “El Plan Puebla Panamá, intervensionismo de EUA”, La Jornada. Lunes 19 de Marzo de 2001.) La función destinada a Fox es la de “enganchador”. (REMALC – Red Mexicana Contra el Libre Comercio). Ambos, el PPP y el CBM “coinciden” espacialmente y se complementan de manera tal que preparan a mesoamerica a un proceso de subordinación político, económico, militar y medio ambiental (este último entendido como la supeditación de los recursos bióticos bajo los intereses de EUA).

[xi] World Bank, op cit. Págs. 5-6.

[xii] Ibidem.

[xiii] Se trata de un esquema que supuestamente permite estudiar, conservar y usar la biodiversidad, o sea, de un mecanismo de autoconservación de la naturaleza, donde lejos de tratarse de formulaciones radicales de los métodos y ritmos capitalistas de producción, más bien consiste, de manera superficial, de buscar una salida a la crisis ecológica a través de la inversión de capital en proyectos que permitan explotarla y conservarla capitalistamente, donde los recursos invertidos provienen de un “uso” previo de la biodiversidad y demás recursos naturales, donde el uso de mayor generación de plusvalía es sin duda alguna la ingeniería genética/biotecnología (vaya lógica ilógica!).

[xiv] Ibid. Pág. 9 y Anexo 2.

[xv] Véase actividades programadas en la región del CBM. World Bank, op cit. Anexo 2. Pág. 10.

[xvi] Ibid. Pág. 7.

[xvii] Ibid. Pág. 17.

[xviii]El corredor Sian Ka’ an Calakmul en Campeche de 723 mil 185 Hectáreas, el corredor Selva Maya-Zoque, en Chiapas de 33l mil 200 Hectáreas, El corredor Sian Ka’ an Calakmul en Quintana Roo, 528 mil l48 Has., el Corredor Sierra Madre del Sur con 119mil 177 Has. Y el corredor Norte de Yucatán, de 47 mil 840 Has. (World Bank, op cit. Anexo 11)

[xix] Ibid. 19.

[xx] Ibid. Pág. 17-19.

[xxi] Entre Las ONGs involucradas en el CBM-México están Conservation International, Pronatura, Ecosur, SINVESTAV, UNORCA, Tropical Rural Latinoamericana, entre otros. (World Bank, op cit. Pág. 28)

[xxii] Ibid. Págs. 14-15

[xxiii] Lo anterior llama la atención sobre todo cuando la CONABIO ha mostrado su verdadera cara como vendedora de los recursos bióticos nacionales (véase caso de UNAM/DIVERSA en el Capítulo 6).

[xxiv] Ibid. Págs. 4-5.

[xxv] Ibid. Pág. 5, 14-15.

[xxvi] El secretario de la SEMARNAP, Lichtinger, afirmó el 6 de julio de 2001 que, “...muy pronto la Semarnap hará un trabajo efectivo en la política de vida silvestre: se quitarán los obstáculos y se le informó que próximamente se entregará un reglamento de la vida silvestre...para enfocarlo al aprovechamiento de la flora y la fauna”. (“Regresa Andrés Caso Lombardo a la actividad pública”, La Jornada, 7 de julio de 2001. Pág 14.)

[xxvii] Ibidem.

[xxviii] World Bank, op cit. Pág. 5, 19-20.

[xxix] Véase Schaefer, Brett D. “Priorities for the President: Reforming International Financial Institutions”. Heritage Foundation. Págs.10-12. New York, 2001.

[xxx] En este sentido, Yves Lacoste señala que la importancia de ver al espacio como territorio se basa en que tal visualización permite ordenarlo de manera tal que permita actuar con la mayor eficacia. En este sentido, -dice Lacoste- la actual proliferación de discursos que versan sobre la ordenación del territorio, en términos de armonía, de búsqueda de mejores equilibrios, sirve sobre todo para ocultar las medidas que permiten a las empresas capitalistas, especialmente a las más fuertes, aumentar sus beneficios, dando cuenta de que ésta ordenación no tiene como objetivo único la obtención del máximo beneficio, también es el de organizar estratégicamente el espacio económico, social y político de manera que el aparato del Estado esté capacitado para sofocar los movimientos populares. Por ello, hoy importa más que nunca estar atentos a la función estratégica de la geografía, ya que crecientemente va adquiriendo una amplitud y nuevas formas, debido al desarrollo de la tecnología productiva y destructiva. (Lacoste, Yves. La Geografía, un arma para la guerra. Anagrama. España, 1977. Pág. 15)

[xxxi] El Forest Stewardship Council (FSC) tiene su sede en Oaxaca y se dedica a “certificar” en más de 40 países la explotación de recursos forestales y asombrosamente, también los no forestales. Entre ellos están la goma, la castaña, chicle, diversas resinas, fibras, hongos, etcétera. (www.fscoax.org)

[xxxii] Véase BM. Proposed Global Environment Facility Grant in the amount of US$7.5 million to the United Mexican States for an Indigenous and Community Biodiversity Conservation Project. Banco Mundial. Reporte No. 21150-ME. Disponible en Internet: http://www.gefweb.org/Documents/Project_Proposals_for_Endorsem/

[xxxiii] Ibid. Pag. 11.

[xxxiv] Ibid. Págs. 7, 74 – 81.

[xxxv] Ibid. Pága. 48, 74 – 81.

[xxxvi] Véase, Ibid. Pág. 30.

[xxxvii] Ibid. Págs. 11, 47, 52-53,.

[xxxviii]Están involucrados actores como el BM/GEF, la Central American Commission for Environment and Developtment, la Universidad de Miami, el WWF, la Wildlife Conservation Society, entre otros. (Véase Conservation and Sustainable Use of the Mesoamerican BarrierReef System (MBRS). BM/GEF. 17 de abril de 2001. Disponible en internet: http://www.gefweb.org/Documents/Project_Proposals_for_Endorsem/)

[xxxix] Se trata de un proyecto del BM/GEF a través del PNUD y ejecutado en México por la SEMARNAP/PRODERS. Con fecha de cierre de febrero de 2009, opera en Chinantla, Oaxaca; los Tuxtlas, Veracruz; y la zona de la Montaña de Guerrero. Cuenta con un fondo total de 77 millones 365 mil 66 dólares. Están involucradas Secretarías como la Semarnap/Proders, Sagar, Sedesol, Sedena, la SEP y el INI. ONGs como Grupo Mesófilo, Methodus, ERA, PAIR, entre otras. Fundaciones que aportan fondos como la Rockefeller Foundation (EUA), Kellogg Foundation (EUA), MacArthur Foundation (EUA). Busca “replicar” este modelo de proyecto en otras ecoregiones prioritarias a lo largo del sureste de México y Centro América. (Véase: Integrated Ecosystem Management in 3 Priority Ecoregions. PNUD/GEF. 28 Febrero de 2001. Disponible en internet: http://www.gefweb.org/Documents/Project_Proposals_for_Endorsem/)

[xl] Ibid. Pág. 17. También consúltese: http://www.gefweb.org

[xli] Periódico Oficial del Estado de Oaxaca. Poder Legislativo. Tomo LXXXIII. No. 37. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 15 de septiembre de 2001. Pág. 9.

[xlii] Ibidem. Las negritas son mías.

[xliii] Ibidem.

[xliv] Ibidem.

[xlv] Artículo 4, fracción XXV: “...crear, operar y administrar el registro de prestadores de servicios ambientales, así como certificar su desempeño ambiental.” (Gobierno del Estado de Oaxaca. Instituto Estatal de Ecología. Propuesta de Reformas a la Ley del Ambiente para el Estado de Oaxaca. noviembre/diciembre de 2001. Pág. 8.). Además, el Artículo 6 indica que ya no solamente el Ejecutivo Estatal a través del Instituto, podrá celebrar acuerdos o convenios de coodinación con la Federación, los Estados o los Municipios, ahora también con, “...organizaciones sociales y particulares para la realización de acciones ambientales...”(Ibid. Pág. 10)

[xlvi] El Artículo 27 incluye una serie de propuestas referentes a los “prestadores de servicios ambientales”, entre las que más destacan están: 1) “...El Ejecutivo, autorizará discrecionalmente...la organización y operación de los prestadores de servicios ambientales.” (Ibid. Pág. 19). 2) “...sólo gozarán de autorización las sociedades anónimas de capital fijo organizadas de conformidad con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles.” (Ibidem). 3) “..duración máxima de 20 años” (Ibid. Pág. 20). 4) “...deberán inscribirse en el Registro de Prestadores de Servicios Ambientales..:” (Ibidem). 5) “...Los servicios ambientales serán aquellos prestados para: I. Verificación del medio ambiente. II. Administración, supervición y vigilancia de las Áreas de Reserva Natural y Áreas Protegidas. IV. Las investigaciones científicas en materia de biodiversidad que realicen instituciones públicas o privadas, organizaciones sociales o sociedades mercantiles nacionales o extranjeras que realicen por sí o por interpósita persona. VII. Estudios de impacto ambiental y riesgo...” –entre otros puntos- (Ibidem). 6) “...Serán obligaciones de los Prestadores de Servicios Ambientales las siguientes: I. Lllevar registro de las operaciones. III. Contar con los derechos de patente y marca de los productos, servicios, aparatos o mecanismos que usen para realizar el objeto de la empresa, o bien su licenciamiento. (caso grave en el caso de semillas genéticamente modificadas y químicos relacionados ya que legaliza la dependencia de los campesinos a su uso). V. Contar con certificación de instituciones nacionales...” (Ibid. Pags. 20-21).

[xlvii] Artículo 5, fracción VI: “...participar en la creación y administración de las áreas naturales municipales y colaborar en la administración de las áreas naturales federal o estatales, en congruencia con el plan maestro del Sistema Estatal de Conservación de Áreas Naturales.” (Ibid. Pág. 9)

[xlviii] Ibid. Pág. 25

[xlix] Véase: Delgado-Ramos, Gian Carlo. “La Biopiratería y la Propiedad Intelectual como piedra angular del dominio tecnológico por y para el capital”. La Maza. No. 1 Año 2001. Buenos Aires, Argentina. Págs.78-83.

[l] Gobierno del Estado de Oaxaca. Instituto Estatal de Ecología. Op cit. Págs. 25-26.

[li] Delgado-Ramos, Gian Carlo. Op cit. Pág.82.