Debate entre la función eco-social de los humedales o dar continuidad a su acaparamiento

Argentina debate entre la función eco-social de los humedales o dar continuidad a
su acaparamiento para ganancias y rentas 

En primer lugar, los humedales son territorios en disputa. Hoy existe consenso social y académico en señalar esta cuestión. En el año 2017 publicamos con Victoria De La Cal y Sofia Astelarra un trabajo científico denominado: “Conflictos en los Sitios Ramsar de Argentina: aportes para una ecología política de los humedales”. Allí señalábamos que el 64% de los humedales Ramsar de Argentina, registraban algún tipo de conflicto por sus usos o tenencia. Recordemos que los sitios Ramsar son humedales reconocidos internacionalmente (leyes nacionales 23.919/91 y 25.335/00, por las cuales Argentina suscribe al acuerdo internacional sobre humedales o “Convenio de Ramsar”, del 2 de febrero de 1971). En la actualidad son 23 los humedales bajo este marco, con una superficie total de 5.687.651 hectáreas.

En términos generales lo que encontramos es que estas disputas (tanto en fueros legales como en el espacio público) enfrentan a quienes son habitantes de estos lugares con empresas o supuestos dueños, e incluso con distintas instancias estatales, que buscan realizar alguna explotación, emprendimiento, u obra de gran escala (en agronegocios pecuarios y agrícolas, minería, hidrocarburos, puertos, barrios cerrados, autovías, hidrovías, basurales, entre otros).

Actualmente la proporción de conflictos en humedales Ramsar aumentó un 10%, registrándose algún tipo de disputa en el 74% de los casos. Este aumento se debe básicamente a la aparición de conflictos en áreas protegidas, entre los años 2017 y 2019 (una explicación posible es que el cambio de gestión de gobierno trajo una mayor presión sobre pobladores y la militarización de áreas protegidas, con casos extremos como el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en un operativo de prefectura naval, solicitado por Parques Nacionales). El aumento de casos de conflicto en humedales expresa una creciente presión por su acaparamiento. Proceso que se replica en torno de gran parte de los demás bienes naturales y ecosistemas de país.

En estos conflictos han colisionado autoridades gubernamentales y en algunos casos empresas mineras contra diferentes comunidades y poblaciones locales (crianceros, campesinos, isleños, indígenas, vecinos, etc). Es decir, en la mayor parte de los humedales no se opone el cuidado del ambiente al progreso económico, como señalan falazmente ciertos sectores económicos y políticos, interesados en acaparárselos, sino que son lugares donde hay disputas sociales, donde se enfrentan diferentes sectores e intereses por su control.

Más allá de los sitios Ramsar, algunas veces la justicia sanciona impactos ambientales sobre humedales, pero no reconoce la posesión de los pobladores ancestrales, como es el caso del conflicto entre isleños históricos y el emprendimiento Colony Park, en el arroyo Anguilas y Paloma en el Delta del Paraná, frente a Buenos Aires. Otras veces la justicia privilegia el dominio público de los humedales sobre la privatización de las tierras, como es el caso de la isla entrerriana “Las Lechiguanas”, donde la corte suprema de la Nación dejó sin efecto las acciones acaparadoras del terrateniente Félix Germán Escalada. Otras veces, el Estado decide privilegiar los argumentos del “progreso económico” frente a los impactos en la salud pública de la población, como sucedió en los humedales del Chaco donde hubo un fallo judicial a favor y se financió desde el Estado a las arroceras Cancha Larga S.R.L y San Carlos S.A, y puerto Las Palmas, a pesar de las denuncias de los productores familiares y vecinos de la zona por la contaminación humana, animal y vegetal, a causa del uso de agroquímicos que las empresas hacían.

Todos estos conflictos marcan la existencia histórica de una competencia por el control de los humedales. De un lado encontramos a las poblaciones locales, y del otro, intereses corporativos. Es decir, en los humedales se enfrentan, en definitiva, actores o sujetos sociales con modelos territoriales de acceso, tenencia y uso de los ecosistemas, que no coinciden y no pueden convivir. Con las especificidades de cada caso, estos conflictos son consecuencia de los intentos de apropiación de tierras y de los impactos ambientales negativos a causa del uso intensivo de estos ecosistemas.

En este antagonismo territorial entran en contradicción el carácter público, privado y/o comunitario de los bienes naturales (tierra, agua, bosques, glaciares, riquezas del subsuelo, etc), así como la jerarquización entre los derechos humanos, ambientales y de propiedad. Los humedales se vienen comprando y vendiendo, a pesar de ser en muchos casos bienes naturales del dominio público, al ritmo de su degradación e incluso destrucción. El primer capítulo de este proceso es el corrimiento o despeje de las comunidades que lo habitan, y que por ende resisten los avances de inversores o de intereses con fines de lucro. Se trata de un despojo y arrasamiento que viene ocurriendo sin una clara oposición de las instancias estatales.

Cuando se incendia un humedal, cuando se lo desmonta, se lo rellena, se lo canaliza, se lo draga, se lo seca, se lo agota, se lo contamina, etc, lo que se quema, se destruye, se arrasa, se afecta, además de la biodiversidad (flora y fauna), son lugares, con sus casas, apiarios, senderos, pequeñas forestaciones, viveros, chacras, huertos, sementeras, cercos, establos, galpones de trabajo, máquinas y herramientas, pasturas, embarcaciones, frutales, bosques deliberadamente conservados, en fin… querencias, memorias, lugares y paisajes cuidadosa y cotidianamente gestados y elaborados por quienes son los afectados y víctimas de esa desolación. Se afectan todos los derechos: el derecho a la salud pública, a la producción y trabajo digno, la identidad cultural, al propio modo de vida.

En este escenario, de disputa por modelos económicos, productivos, ambientales, culturales-identitarios, paisajísticos, etc, la cuestión de fondo que está en juego es la intención de hacer de toda la naturaleza un gran mercado, donde se compra y vende la vida. De comprar y vender la tierra y todas las especies posibles, el agua, los bosques, hemos saltado al mercadeo del código genético de cada ser o los permisos de contaminación.

Dicho de otro modo, lo que está en juego es la destrucción y apropiación exclusiva de todo lo que sea un bien natural, de toda riqueza ambiental, o ecosistema, o recurso, etc. Lo que está detrás de la destrucción de los humedales en este caso es la privatización absoluta con fines de lucro de todo lo que pertenece por ley al conjunto de la nación, o que está bajo los preceptos ancestrales y populares de la tradición de cada lugar (usos y costumbres). Destruir los humedales (como se hace también con los bosques nativos), es parte de la estrategia de un puñado de intereses para quedarse con las costas, las islas, las vertientes, los lagos y lagunas, las sierras y valles, los minerales y riquezas del subsuelo, con todo. Y esto es así, en un momento histórico en el cual apremia como nunca antes la disponibilidad y acceso a las riquezas de la naturaleza, la “madre de todas las batallas”.

Hoy queda claro que la destrucción de ecosistemas y porciones enteras de naturaleza es la forma que asume su acaparamiento privado para generar ganancias y rentas, y al mismo tiempo la estrategia más efectiva y brutal de “limpieza” o expulsión de las poblaciones que habitan los lugares y son un obstáculo para esos fines. Como lo expresó nítidamente la Asociación de Isleños del Delta del Paraná ante las quemazones intencionales que asolan al Delta del Paraná: “Su ecosistema muere, y también muere el islero”. En este contexto, cabe señalar que en cada uno de los humedales se pueden observar los diferentes modos en que su eliminación o degradación amenaza también a la sociedad. Por todo lo anterior y lo que sigue, no es un exceso lingüístico decir que a todo ecocidio le corresponde en mayor o menor medida algún tipo de genocidio o epistemicidio.

Lo anterior nos lleva al segundo punto. Los humedales están llenos de personas… allí viven familias enteras, comunidades, incluso algunos conglomerados urbanos… ciudadanos y ciudadanas.

En términos generales las poblaciones rurales y urbanas utilizan lo que científicos y ambientalistas denominan “servicios ecosistémicos” de los humedales: regulación hídrica, depuración de contaminantes químicos y biológicos, espacios de biodiversidad, abastecimientos de agua dulce, provisión de alimentos y materiales de consumo local y regional, lazos identitarios y afectivos, referencias culturales, recreación, paisajes, regulación de sedimentos y nutrientes, resguardo de costas, mitigación del cambio climático, entre muchos otros. Como puede verse, la afectación de los humedales impacta directamente sobre vastos sectores sociales. En casos como Buenos Aires, Paraná, Rosario o Santa Fé, la calidad del agua para consumo está directamente ligada con la función de depuración que realiza el Delta del Paraná, dados los altos niveles de contaminación del río con agroquímicos, residuos industriales y cloacales.

A su vez, una porción considerable de estas poblaciones tiene un vínculo singular con el humedal… son poblaciones que se constituyen en y con el humedal, a partir de una relación ancestral de convivencia y co-evolución. Si observamos los Esteros del Iberá, el Delta del Paraná, lagunas y salares alto-andinos, entre otros, vemos la presencia de pescadores artesanales, productores familiares agroecológicos, recolectores de junco, apicultores, pequeños productores madereros, artesanos, campesinos ganaderos y comunidades trashumantes, mimbreros, pequeños aserraderos y carpinterías, etc. Son todas poblaciones y comunidades que el censo llama “rurales” (dispersas o agrupadas), pero que también viven en los márgenes o riberas de pueblos o ciudades.

Estas poblaciones que viven en los humedales no son “ecológicamente inocentes”, pero guardan límites sustentables y más aún respetan ritmos naturales, pues entienden que el humedal es su casa. Existe una “intervención” humana sobre el humedal, pero es más parecida a un “dialogo” (material e inmaterial) que a un “consumo” o “aprovechamiento”. Los humedales para esta porción de habitantes son su fuente de vida. Sus modos de existencia se han forjado en ese vínculo cotidiano con el humedal. En muchos casos, como en la islas del Delta del Paraná, es muy clara la responsabilidad de estas poblaciones en el cuidado del humedal, pero más aún en la reproducción del humedal, en el “diseño” virtuoso y respetuoso con los demás seres vivos que allí también viven… estas poblaciones humanas no se comportan con el humedal como si este fuera “su” capital, o “su” fuente de lucro, o un recursos natural más a ser explotado, sino que es un vínculo entre seres vivos.

Es difícil calcular la población exacta que habita los humedales del país, pues no se ha establecido aun un inventario definitivo de los mismos (cuestión que saldaría la ley). Sin embargo, tomando solamente el conjunto de aquellos humedales reconocidos por convenios internacionales, podemos hacer un primer cálculo de poblaciones inmediatamente implicadas (según datos del censo de población 2010). Si sumamos las poblaciones de las zonas rurales bajo influencia de los diferentes Sitios Ramsar y de las principales localidades urbanas dentro o cercanas a ellos (ejemplos como Reconquista, Victoria, Clorinda, Ushuaia, Zapala, etc, etc), alcanzan un total de 1.825.177 personas. El cálculo no incluye las poblaciones de las grandes metrópolis del país que son vecinas de los Sitios Ramsar. Sin embargo, cabe señalar que varias de ellas y por ende sus habitantes están de algún modo directamente vinculados a los humedales Sitios Ramsar (SR): SR Costanera Sur (CABA: 2.890.151), SR Delta del Paraná (Santa Fe, Paraná, Rosario: 2.058.628), SR Chaco (Resistencia y Corrientes: 648.946). En este sentido habría que sumar la población del AMBA (9.916.715) que está en gran parte directamente ligada al Bajo Delta del Paraná, que siendo parte de un gran humedal no ha sido reconocido en estas secciones como Sitio Ramsar.

De las dos gruesas cuestiones ya señaladas, las poblaciones afectadas a los humedales y su condición de lugar o espacio en pugna, podemos extraer algunos elementos para el debate sobre el destino de los humedales.

Aunque no sea muy nítido desde los centros urbanos, donde anida el poder económico y político, hay que decir que una parte significativa de la población de nuestro país está directamente ligada a los humedales. Es por ello que su protección sería una acción dirigida hacia millones de argentinos que se benefician directamente de los servicios ecosistémicos que los humedales brindan, o bien que co-evolucionan sustentablemente con ellos a partir de sus modos de vida. Teniendo en cuenta estos dos tipos de poblaciones ligadas directamente a los humedales se puede decir que estos cumplen una función eco-social.

Finalmente, lo que debemos advertir es que el debate sobre los humedales trae una discusión por caminos posibles de ser y estar en el mundo, donde se vuelven a jugar las grandes decisiones de la especie humana en esta encrucijada histórica. Los modos de uso y cuidado de los humedales repone la cuestión del sentido comunitario (como especie, nación, pueblo, ciudadanía, etc) de la condición humana, frente a la privatización del mundo y el goce egoísta de las riquezas. Como señalamos ya, en el debate sobre los humedales se tensiona el carácter común (de todos/as) de los bienes naturales del dominio público, frente a la apropiación por parte de intereses particulares (agro-inversores, empresas mineras, petroleras y diversos extractivismos, desarrolladores inmobiliarios, etc), que en su propia lógica no logran ir más allá del afán de lucro y el corto plazo. Por un lado, solo el Estado puede poner un límite a esta última modalidad irresponsable, retirando los humedales del mercado. En segundo lugar, si bien es un tema complejo, el dominio público puede complementarse con el derecho indígena y la posesión ancestral (familiar o comunitaria). Una ley de humedales podría acompañar esta convergencia, a la vez que debería cerrarle el paso a los intereses que buscan su enajenación privada y cambios en el tipo de uso del suelo (como viene sucediendo con los bosques nativos a pesar de la ley y su ordenamiento).

La ley que decida el destino de los humedales en Argentina va estar indicando también si somos capaces de apostar a un nuevo contrato eco-social que reponga el bien o interés común otorgando garantías territoriales a las poblaciones que los habitan sustentable y amigablemente, o si nos resignaremos al fuego del más fuerte que quiere sobreponer al conjunto su mezquindad de acumulación destructiva.

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